El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha presentado su recurso de alzada ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, transcurrido un mes desde que fuera cesado como jefe de la Comandancia de Madrid por pérdida de confianza al no informar de la presentación del informe del 8M ante la juez de Madrid que investigaba el inicio del contagio de coronavirus, han informado a Europa Press fuentes conocedoras del recurso.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado en varias ocasiones que nadie le pidió al coronel cesado ni el informe del 8M ni detalles del mismo, sino que avisara como había hecho en ocasiones anteriores sobre las novedades en un proceso judicial que afectaba al Gobierno.
Los partidos de la oposición PP, Ciudadanos y VOX han pedido la dimisión del ministro, al que acusan de mentir y de injerencia en un tema judicial sobre el que pesaba la obligación de secreto. La Comandancia de Madrid, por su parte, ha abierto una investigación interna por la filtración de los informes.
En sus últimas intervenciones públicas, Grande-Marlaska ha señalado que no quiso dar detalles del cese por respeto a la carrera profesional de Pérez de los Cobos y ante un posible recurso por su cese, ya que lo tendría que resolver él. Es el mismo procedimiento al que recurrió otro coronel, Manuel Sánchez Corbí, cuando fue cesado por el titular del Interior como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), previo paso a un recurso ante los tribunales ordinarios.
ARCHIVO PROVISIONAL DEL CASO 8M
El cese de Pérez de los Cobos se hizo público el lunes 25 de mayo e implicó la dimisión un día después del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Laurentino Ceña, adelantado su relevo en el puesto de máxima aspiración del Instituto Armado previsto para el 2 de junio.
Al día siguiente de la dimisión del DAO fue relevado el otro teniente general al frente de las cuestiones operativas del Cuerpo, Fernando Santafé, Mando de Operaciones, y uno de los dos responsables -el otro fue el jefe de Zona en Madrid, José Antonio Berrocal– que precedió a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, en las llamadas a Pérez de los Cobos en la tarde-noche del domingo 24 de enero, cuando fue cesado a propuesta suya por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.
La magistrada que comisionó a la Policía Judicial del Instituto Armado en Madrid ordenó el archivo provisional de la causa el 12 de junio tras interrogar al único imputado, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La juez Carmen Rodríguez-Medel había advertido por escrito que los investigadores sólo tenían que reportar de las diligencias de actuación ante ella.
En su primera comparecencia en rueda de prensa en Moncloa tras el cese del coronel, Grande-Marlaska anunció el pago del tercer y último tramo de la equiparación salarial, encuadrando el relevo de Pérez de los Cobos en una reestructuración de los cargos de confianza que se había suspendido por la pandemia de covid-19. Además, desligó el cese del informe del 8M y anunció que el nuevo DAO era el general Pablo Salas, hasta entonces jefe de los Servicios de Información.
CARTA DE CESE Y FILTRACIÓN
El 2 de junio, fuentes de Interior ampliaron su versión sobre el cese del coronel para asegurar que lo que se hizo fue «precipitar» su relevo como jefe de la Comandancia de Madrid tras la pérdida de confianza que supuso que este alto cargo de la Guardia Civil dejara de informar a sus superiores en la cadena de mando sobre trámites relacionados con la entrega de informes sobre la investigación judicial del 8M y la imputación del delegado del Gobierno de Madrid.
Respondían de esta forma a la carta del cese de Pérez de los Cobos, adelantada por ‘El Confidencial, y donde se recogía que el motivo alegado a propuesta de la directora general del Instituto Armado —y avalado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez– era que se había negado a informar del «desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».
El 3 de junio, en una nueva comparecencia en el Congreso, Grande-Marlaska relacionó el cese -como había hecho un día antes en el Senado– con la filtración del informe de la Policía Judicial remitido a la juez Rodríguez-Medel, y por el que se abrió una información reservada.
En la tribuna de la Cámara Baja el ministro alegó que fue su ‘número dos’ quien firmó el cese y que él no quiso dar los primeros días detalles por respetar la «carrera profesional» del coronel y ante un posible recurso. También se presentó como víctima de su decisión de «desmantelar el Ministerio del PP», en alusión -aunque sin decirlo con estas palabras– a la conocida como policía política.
