El Gobierno de España ha asegurado que «toma nota» y examinará «con atención» todas las recomendaciones realizadas por el exrelator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, tras su visita al país el pasado mes de febrero, «a pesar de no compartir todas» sus observaciones.
Así lo ha indicado un representante del Gobierno español este martes 7 de julio durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde se ha presentado el informe del exrelator especial de la ONU para la pobreza extrema.
«España quiere manifestar que a pesar de no compartir todas sus observaciones, examinará con atención todas las recomendaciones», ha asegurado el representante del Ejecutivo.
En su informe sobre España, Philip Alston señala que la red de protección social en el país, «completamente inadecuada antes de COVID19», está «fallando» a las personas más vulnerables.
«La pobreza en España tiene sus raíces en un sistema de protección social que está roto, sin fondos suficientes y que no llega a las personas que más lo necesitan», afirma Alston en el documento, publicado este lunes.
El exrelator especial valora positivamente la puesta en marcha del ingreso mínimo vital pero precisa que es «solo la primera de muchas medidas que se necesitan tomar urgentemente».
Alston visitó España del 27 de enero al 7 de febrero de 2020, y encontró «niveles terribles de pobreza y exclusión», que «las políticas gubernamentales no llegan a las personas que necesitan apoyo» y «altos niveles de desigualdad».
Incluso antes de la pandemia, según destaca Alston en el documento, el 26,1 por ciento de las personas y el 29,5 por ciento de los niños se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en España, entre las tasas más altas de Europa.
LAS DEBILIDADES REVELADAS POR EL COVID-19
Ahora, a su juicio, la pandemia del COVID-19 «ha revelado las graves debilidades en los programas contra la pobreza del gobierno central y las comunidades autónomas», cuando «millones» de personas que no podían trabajar «han encontrado retrasos, problemas técnicos y un apoyo inadecuado».
Si bien, señala que, «afortunadamente, el gobierno ha reaccionado a la pandemia con una serie de pasos positivos», incluidas «medidas para asegurar empleos y vivienda, extender las protecciones a los trabajadores domésticos y el ingreso mínimo para apoyar a 850.000 familias vulnerables», lo que supone, para Alston, una «gran mejora sobre la respuesta a la última recesión, que afianzó la pobreza y provocó una explosión de desigualdad».
En todo caso, Alston advierte de que el gobierno debe asegurarse de que esta nueva prestación «no esté plagada de los mismos problemas que socavan los esquemas de muchas comunidades autónomas, que a menudo llegan a muy pocas personas». En este sentido, el sucesor de Alston, Olivier De Schutter, ha pedido a España que amplíe la cobertura y se reduzcan los requisitos burocráticos.
LA CRISIS DE VIVIENDA
Otro de los problemas que apunta el exrelator es la «crisis de vivienda, con costes vertiginosos, privatización de viviendas públicas y desalojos generalizados» y con una «vivienda de bajo costo casi inexistente».
Asimismo, advierte de que una cuarta parte de los hogares con niños en riesgo de pobreza tienen grandes dificultades para pagar la educación, y añade que «todavía hay brechas en acceso a la atención médica para personas de bajos ingresos y migrantes». También alerta de que las personas gitanas se enfrentan a «tasas de pobreza asombrosamente altas» y a una «severa segregación en el sistema educativo».
«A pesar de las condiciones realmente escandalosas que observé durante mi visita, las acciones del gobierno en la respuesta a la pandemia de coronavirus es alentadora», zanja Alston, al tiempo que confía en que el gobierno de coalición «estará a la altura».
Durante la presentación del informe este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el representante del Gobierno español ha indicado que han formulado una serie de observaciones para hacer «alguna aclaración» al contenido del documento, y han solicitado que sean adjuntadas al informe.
Además, ha indicado que para la resolución de las carencias «no solo hay que saber cuáles son» sino «también identificar las soluciones» y considera que «es precisamente en esta difícil tarea de sugerir medidas donde la utilidad del informe se revela lamentablemente limitada».
Finalmente, ha asegurado que las autoridades españolas son «plemnamente conscientes» de las dificultades que afrontan los colectivos vulnerables a los que se refiere el exrelator y ha asegurado el compromiso de su Gobierno para «seguir inspirándose en el principio de no dejar a nadie atrás».
Durante la sesión de la ONU también se ha emitido un vídeo del Defensor del Pueblo en funciones, en el que señala que las conclusiones del exrelator son «demoledoras» y se refiere, en concreto, a una de las advertencias que hizo Alston tras su visita sobre las malas condiciones de los asentamientos en los que viven los recolectores de la fresa en Huelva. Según dijo el exrelator, estas personas viven en unas condiciones «peores que en un campo de refugiados».
