La Vicepresidencia de Derechos Sociales contará con 28 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para mejorar la atención prestada en los centros de menores extranjeros no acompañados, lo que supone un incremento del mismo importe con respecto al año anterior ya que antes el presupuesto era cero, según han explicado fuentes de la Vicepresidencia segunda del Gobierno.
A esta se sumará otra partida de 80 millones de euros procedente de los fondos europeos tanto para la mejora de la infraestructura de los centros de menores extranjeros que llegan solos a España como para otros centros de menores y acogimiento familiar, entre otros.
Asimismo, se destinarán 2 millones de euros para mejorar la digitalización de estos centros de menores, según han precisado las mismas fuentes este miércoles 28 de octubre en un encuentro con la prensa para desgranar la parte social del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Por otro lado, han anunciado que se incorpora una partida de 25 millones de euros al presupuesto de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para avanzar en la accesibilidad universal, algo que les parece «crucial».
En concreto, 4 millones de euros irán destinados a la accesibilidad en el ámbito educativo y otros 6 millones a accesibilidad en el transporte, aunque también se verán beneficiados en este sentido el ámbito laboral o los medios de comunicación.
En cuanto al sistema de atención a la dependencia, las mismas fuentes han precisado que esperan que a finales de 2021 ya estén «avanzados, licitados y parcialmente ejecutados» algunos proyectos previstos para la renovación del sistema de cuidados de larga duración a personas mayores.
Para esta renovación, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado contempla una partida de más de 700 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
NO A LAS RESIDENCIAS COMO HOSPITALES ‘LOW COST’
Fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales han puntualizado que quieren reformar el modelo residencial español pero no para convertir las residencias en centros medicalizados u «hospitales low cost» sino en lugares donde los mayores puedan vivir con garantía de que recibirán la asistencia sanitaria «siempre» y «en los mismos términos y condiciones que el resto de la población».
Por otro lado, se destinará una partida de más de 600 millones del presupuesto nacional al sistema de atención a la dependencia. En concreto, Derechos Sociales ha propuesto a las CCAA e interlocutores sociales un Plan de Choque en dependencia que plantea una subida del nivel acordado con algo más de 280 millones de euros, y algo más de 300 millones para el nivel mínimo.
Si bien, las mismas fuentes han precisado que no pueden prever todavía el impacto concreto que este aumento tendrá en la reducción de la lista de espera de la dependencia.
Con esta subida se pasaría del 19% de financiación de la administración general del Estado al sistema de la dependencia al 26% en 2021, aunque la intención del Gobierno es no estancarse ahí y superar el 34% al final de esta legislatura.
Por otro lado, han anunciado que en el último consejo territorial han renovado la medida de flexibilizar las cualificaciones de contratados en atención domiciliaria a mayores. En concreto, facultan a las CCAA para que contraten a personas que no tengan la titulación requerida pero puedan demostrar una experiencia suficiente o estén cursando el último año de los grados habilitantes.
Sobre el Ingreso Mínimo Vital, las mismas fuentes de Vicepresidencia segunda del Gobierno han mostrado su preocupación por que se puedan tender de forma «rápida» y sin dejar a nadie «descolgado», las pasarelas con las comunidades autónomas para que al menos los 300.000 que ya estaban cobrando las rentas mínimas de las CCAA reciban ya el IMV, aunque se hacen cargo de las «dificultades» para hacerlo.
