La Mesa del Congreso ha vetado este miércoles, con los votos de PSOE, PP y Vox, la comparecencia ante la Comisión de Interior del ministro del ramo, Fernando Grande Marlaska, para dar cuenta de la denominada ‘Operación Voloh’, relativa al presunto desvío de fondos públicos al proceso independentista catalán, y que sí contó con el apoyo de Unidas Podemos.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el secretario primero de la Mesa y diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, cuyo grupo también ha pedido, junto con las formaciones independentistas de la Cámara, crear una comisión de investigación sobre este asunto.
La Mesa del Congreso analizará la próxima semana esa solicitud sobre la comisión y también una batería de preguntas sobre el tema registradas este martes por ERC, pero de momento, ya ha frenado la petición de comparecencia de Grande Marlaska que había reclamado Junts.
NO TIENE COMPETENCIAS
Según ha explicado Pisarello, el PSOE, el PP y Vox la han vetado con el argumento de que el ministro del Interior no tiene competencias sobre una operación que tiene un origen judicial.
Sin embargo, el diputado de En Comú ha subrayado que se trata de una «operación policial» que está «bajo sospecha» y ha denunciado que se hayan filtrado conversaciones privadas que fueron grabadas en el marco de la misma, como las protagonizadas por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.
Pisarello ha recordado que «no es la primera vez que se filtran» grabaciones con el objetivo de «criminalizar a la disidencia política» y prácticamente ha dado por hecha la existencia de un «brazo policial» que actúa al margen del Gobierno. «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los estamentos judiciales tienen la obligación de actuar con absoluta imparcialidad», ha incidido.
Asimismo, ha criticado que, al menos en un primer momento, esa operación fuera bautizada con el nombre de ‘Volhov’ -así figuraba en la nota de prensa con la que se informó de la misma-, el río ruso en el que se enfrentaron tropas nazis y soviéticas en la Segunda Guerra Mundial. Para Pisarello, ya sólo la elección de ese nombre «justificaría la petición de una investigación» o incluso «dimisiones».
