El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, y la de Salud, Alba Vergés, han negado este lunes que existiera «ninguna orden» para denegar la atención hospitalaria a usuarios de residencias de mayores durante la pandemia de Covid-19.
En una comparecencia telemática en la comisión del Parlament que investiga la gestión de las residencias de gente mayor, el conseller ha respondido así a la acusación que lanzó la organización Amnistía Internacional, que la semana pasada publicó un informe en el que denunciaba violaciones de derechos humanos en ese ámbito.
El Homrani, a preguntas de diputados de la oposición, ha asegurado que «no ha habido ninguna orden de no trasladar los residentes a los hospitales» y, ha explicado que las decisiones médicas han sido las que han regido las actuaciones del sistema asistencial.
«La decisión de ingresar o no en un hospital, con Covid, antes de Covid y después de Covid, siempre la tiene el personal sanitario desde una perspectiva clínica, y debemos tener la máxima confianza en ellos», ha afirmado.
En este sentido, Vergés ha subrayado que no hubo ninguna orden para no derivar y que el criterio clínico «es la base» de cualquier derivación antes, con y después de la pandemia.
Vergés ha afirmado que en la primera ola hubo 3.313 personas ingresadas en hospitales catalanes procedentes de residencias y que en la segunda ola han sido 1.135, y ha subrayado que cada paciente se trata de forma individualizada y con criterio clínico.
MEJORAR COORDINACIÓN
El conseller El Homrani ha defendido que, con la irrupción de la pandemia, el Govern mejoró los mecanismos de coordinación entre las residencias y el ámbito sanitario: «Uno de los aspectos que reforzamos en la primera ola fue vincular de forma mucho más directa el sistema de atención sanitaria primaria con el sistema residencial; se movilizaron más de 800 profesionales de la primaria», ha esgrimido.
El Homrani también ha reconocido que, en la primera ola, no se dispuso del número suficiente de equipos de protección individual (EPI) en las residencias, y ha apuntado como causas a la saturación del mercado y a la centralización de la compra de las mismas por parte del Gobierno: «La situación era muy compleja», ha explicado.
El conseller ha afirmado que la responsabilidad de la compra de EPI en residencias de mayores gestionadas por empresas depende de los gestores, si bien el Govern colaboró, según ha explicado, para conseguir dichos equipos; también ha asegurado que el Ejecutivo central «requisó» EPI adquiridos por otros agentes para centralizar su reparto.
