La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado ha aprobado este martes una moción para instar al Gobierno a adoptar medidas de control para regular la publicidad de centros y establecimientos sanitarios, con el fin de perseguir la publicidad «engañosa».
El proponente de la moción, Juan María Vázquez Rojas, del PP, ha señalado que esta propuesta tiene «una manifestación clara de estar con el consumidor y sus derechos a no ser engañados frente a una publicidad sutilmente persuasiva que, en demasiadas ocasiones, asegura resultados que en el mundo de la salud no son posibles, acompañados por unos atractivos planes de financiación ocultos».
A modo de ejemplo, ha citado los recientes escándalos sanitarios en el ámbito dental, primero por el cierre de la cadena de clínicas dentales ‘low cost’ iDental y recientemente de clínicas dentales de Dentix , cuya «rápida expansión se produce gracias a unas agresivas campañas de publicidad».
A su juicio, estas situaciones «han puesto de manifiesto la necesidad de garantizar que todas las comunicaciones comerciales relacionadas con los servicios, prestaciones y/o actividades sanitarias sean exactas y verídicas en cuanto a su contenido y adecuadas en cuanto a la forma para garantizar la seguridad del paciente, independientemente del canal empleado (internet, radio, televisión, etc.)». «Utilizan campañas agresivas y poco éticas. Se hace más necesario que nunca que el reglamento ponga especial atención en esta cuestión», ha reivindicado.
En la misma línea, la senadora socialista Ana Belén Edo ha resaltado que las «informaciones falsas sobre tratamientos o los anuncios que fomentan las adicciones son las caras más negativas de esta publicidad engañosa». «Es prioritario garantizar la seguridad de los pacientes frente a esta publicidad a través de una norma que regule anuncios veraces, con rigor científico y con criterios deontológicos», ha defendido.
Por otra parte, los partidos también han dado su visto bueno a una moción del PSOE para ampliar el régimen de garantías de las empresas relacionadas con la salud, en clara alusión también a los problemas con las clínicas dentales ‘low cost’, por ejemplo.
«El Estado puede mejorar y reforzar las garantías de los consumidores en algunos ámbitos, por ejemplo en materia de créditos al consumo. Es nuestro deber acompasar la realidad a la legislación en un sentido proteccionista de los derechos de los consumidores-pacientes», ha argumentado el senador socialista Santiago Pérez García.
Por parte del PP, Patricia Rodríguez Calleja ha apoyado el espíritu de la moción del PSOE pero ha lamentado que «se queda muy lejos de dar una posible solución al problema». «Tiene buenas intenciones pero se queda incompleta», ha reflexionado.
Por ello, ha planteado que se obligue a las grandes franquicias o cadenas marquistas dentales a poseer un seguro por cesación de prestación y por cierre de negocio o cese de actividad. Junto a esto, ha pedido que la prestación de Servicios Profesionales Sanitarios se realice por sociedades profesionales, sin que dicha titularidad pueda ser sustituida por ningún otro tipo de forma societaria.
