La Audiencia Nacional decide este martes sobre la legalidad de la orden que adoptĂł el Ministerio del Interior al cesar al coronel Diego PĂ©rez de los Cobos del puesto de jefe de la Guardia Civil de Madrid cuando subordinados suyos investigaban bajo la direcciĂłn de una juez la posible relaciĂłn de la manifestaciĂłn del 8M con el inicio de contagios de coronavirus.
SegĂşn informan fuentes jurĂdicas, los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se reĂşnen este martes para deliberar sobre el recurso de Interior al fallo en primera instancia que ya declarĂł ilegal dicho cese, aunque su resoluciĂłn es posible que no se comunique hasta pasado unos dĂas.
El cese fue ordenado un domingo por la noche a los pocos dĂas de declararse el estado de alarma por el Covid-19, dando paso a las crĂticas de los partidos de la oposiciĂłn al entender que Grande-Marlaska apartaba a un oficial, con larga experiencia en la lucha antiterrorista y con un papel destacado durante el referĂ©ndum del 1-O, por no mantenerle informado de las pesquisas –luego archivadas– que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid y al director del Centro de CoordinaciĂłn de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando SimĂłn.
INTERIOR: CESE POR PÉRDIDA DE CONFIANZA
El pasado mes de abril, la AbogacĂa del Estado alegĂł en representaciĂłn del Ministerio del Interior que el cese de PĂ©rez de los Cobos no supuso «desviaciĂłn de poder» al deberse a una pĂ©rdida de confianza. Además, sostenĂa que con su decisiĂłn la Audiencia Nacional «eliminaba» la posibilidad de destituir del cargo de libre designaciĂłn a un oficial, de acuerdo al «juicio de confianza» que establezca la cadena de mando.
El escrito de apelación presentado por Interior ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo planteaba el desacuerdo remitiéndose a la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil y subrayando que en el relato de hechos de la última palabra el coronel Pérez de los Cobos «contradijo el resultado de la prueba practicada». «El demandante cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo», sostuvo.
En este sentido, Interior alegaba que el coronel informĂł hasta en cuatro ocasiones a la cadena de mando de indagaciones de la investigaciĂłn sobre el 8M antes de su cese, sin plantear ninguna queja. En concreto, dio cuenta de una videoconferencia con la magistrada Carmen RodrĂguez-Medel para «acelerar la investigaciĂłn», de una conversaciĂłn sobre el «plus de cautela» y sobre el modo en el que se estaban efectuando una serie de citaciones.
«No es cierto que el demandante informase ‘hasta que la magistrada ordenĂł expresamente que no se informase a nadie más que a ella de la evoluciĂłn y el resultado de las investigaciones’. Dicha afirmaciĂłn no es cierta se mire la prueba por donde se mire», se quejaba Interior.
Sobre el fondo del problema, que el ministro Grande-Marlaska quisiera conocer un informe que afectaba al delegado del Gobierno en Madrid y a Fernando SimĂłn en el curso de una investigaciĂłn judicial, Interior tambiĂ©n negaba su interĂ©s: «Estamos hablando de una informaciĂłn que ya habĂa sido entregada a las partes personadas en el procedimiento –entre ellas, el Delegado del Gobierno– y habĂa sido objeto de difusiĂłn en un medio de comunicaciĂłn».
REQUERIMIENTOS POR LA CADENA DE MANDO
El 24 de mayo, segĂşn el recurso de Interior, la directora general de la Guardia Civil, MarĂa Gámez, realizĂł una llamada al entonces Director Adjunto Operativo, el teniente general Laurentino Ceña, «a fin de aclarar si Ă©l era conocedor de que se habĂan entregado las diligencias referentes a la investigaciĂłn». A travĂ©s del Mando de Operaciones, se requiriĂł explicaciones a PĂ©rez de los Cobos, que contestĂł que «ni conocĂa ni debĂa conocer nada».
La contestaciĂłn no satisfizo al Ministerio del Interior, segĂşn detalla el recurso: «Esta fue la Ăşnica respuesta ofrecida por el demandante a la cadena de mando en relaciĂłn con su conocimiento sobre la entrega de las diligencias (no el contenido), despuĂ©s de haber informado a la cadena de mando sobre diversas incidencias de la investigaciĂłn (hasta cuatro) y tan solo dos dĂas despuĂ©s de que el contenido de esas mismas diligencias, practicadas por la UOPJ integradas en su Comandancia, se hubiese comunicado a todos los lectores del periĂłdico digital ‘El Confidencial».
La AbogacĂa se apoyaba en la jurisprudencia y el cese como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de otro mando de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez CorbĂ, por ser un puesto de libre designaciĂłn. «El cese analizado viene regulado en la legislaciĂłn especĂfica aplicable al personal de la Guardia Civil; por tanto, la normativa general sobre ceses de empleados pĂşblicos (y la interpretaciĂłn que de ella se haga por el Tribunal Supremo) no puede extenderse al personal de la Guardia Civil», alegaba.