El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha sido claro respecto a las pretensiones de la nueva ministra de Trabajo y Economía Social de España, la comunista gallega Yolanda Díaz, de derogar la reforma laboral. El líder de la patronal ha considerado, por un lado, que esta fue “clave” para frenar la destrucción de empleos en pequeñas y medianas empresas durante la crisis económica, que su derogación total es “prácticamente imposible” y que, en todo caso, contribuiría a frenar la creación de empleo.
En esos términos se pronunció Garamendi este martes durante su intervención en el Foro Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), donde señaló que, aunque “todo es mejorable” (incluida dicha reforma introducida por el Gobierno de popular Mariano Rajoy en 2012) si lo que hace el nuevo Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos es “quitar a las compañías espacio de adaptación a las circunstancias”, España creará “menos empleo”.
El líder de la patronal de empresarios españoles calificó la reforma como una de las “valientes medidas” que tuvo que tomar un Gobierno “serio” y que sirvieron para que “muchas empresas, especialmente pymes” no se destruyeran.
Además, afirmó que “mucha gente que hoy dice que no le gusta la reforma laboral la ha utilizado cuando le convenía” y se preguntó cuáles son los aspectos “más lesivos” de esa reforma porque él no los conoce.
NO ES PARA FASTIDIAR
Respecto a estas declaraciones, el representante de los empresarios españoles matizó que no las realiza para “fastidiar a nadie” sino defendiendo lo que la CEOE considera que es “mejor para el país”.
“Trabajamos con sentido de estado y con lealtad institucional”, indicó, al tiempo que aseguró que acudirán a la mesa de diálogo social con un “espíritu abierto” con un Gobierno del que reconoció su legitimidad aunque mostró preocupación por algunos de sus planteamientos.
En concreto, expresó su inquietud porque, en el caso de que el Gobierno de coalición cumpla todas las propuestas recogidas en su acuerdo programático, “el PIB se dispararía este año al 3,5 %”. Esto es algo que los empresarios temen porque hay 25.000 millones de euros de gasto y unos ingresos de 6.200 millones y esto supone “un problema de estabilidad con Europa”.
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
El presidente de la CEOE subrayó los efectos negativos que supusieron la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 22%, hasta los 900 euros mensuales, en diciembre de 2018. Una medida que, apuntó, disparó la economía sumergida, lo que tildó de “el gran drama de España” con un 24% cuando en el resto de Europa equivale al 14% de la economía y esto, prosiguió, ante la indiferencia del Gobierno.
Además, sobre este tema indicó que la gente, cuando piensa en la subida del SMI, piensa en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona pero no, por ejemplo, en un pequeño empresario que tiene una peluquería en un pueblo de Extremadura que se ve obligado a subir un 22 % el salario al peluquero y, como consecuencia, elevar también ese porcentaje el precio del corte de pelo.
En este sentido, Garamendi hizo hincapié en la necesidad de terminar con “el mantra” que existe en España de que el empresario es “malo”, fomentado a través de programas y serie de televisión, cuando, recordó, son los empresarios los que crean empleo y riqueza en el país.
Para concluir, lanzó un mensaje al recién estrenado Gobierno de “estabilidad y moderación, rigor presupuestario y ortodoxia económica” para “salvar la confianza y que el país avance”. Asimismo, se comprometió actuar con “lealtad” pero aseveró que la CEOE no guardará silencio ante lo que no le guste.
AL DECANO DEL ICAM NO LE GUSTA DELGADO
Por otra parte, en el Foro Justicia también intervino el Decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, quien, interrogado sobre su opinión acerca del nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado, señaló que “estéticamente” no le gusta.
Alonso no quiso poner en duda las capacidades de la exresponsable de Justicia, pero opinó que ese puesto debería estar ocupado por una persona “desvinculada” de la política y no alguien que viene directamente de un Ministerio. Sobre este extremo resaltó la importancia de no poner en peligro la “seguridad jurídica” y garantizar la “verdadera separación de poderes” en España.
