La decisión del Gobierno de subir el salario mínimo ha creado un problema a las cuentas de la Iglesia católica española. La Conferencia Episcopal ha tenido que presupuestar 1,2 millones de euros extra en el próximo ejercicio como consecuencia de esta subida, destinada a pagar la Seguridad Social del clero.
Los curas cotizan a la Seguridad Social por el salario mínimo, aunque sus retribuciones son superiores. El salario mínimo subirá hasta los 900 euros el próximo mes de enero, lo que supone un incremento del 22% sobre el actual. La subida será aprobada por decreto durante este mes de diciembre.
La subida de la cotización de los sacerdotes a la Seguridad Social supone que un incremento de esta partida de casi un 7%. Este porcentaje es muy superior al 1,8% que sube la partida que se envía a las diócesis, que proviene de los fondos destinados a la Iglesia en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
La Conferencia Episcopal Española reparte estos fondos entre las diócesis en función de varios factores, entre los que se encuentra el número de sacerdotes. De esta manera, en parte distribuye el dinero para que las diócesis puedan hacer frente a los sueldos de los curas. La partida denominada «Envío a las diócesis para su sostenimiento» se ha incrementado en cuatro millones de euros.
Las otras partidas que se han incrementado en el presupuesto que distribuye los fondos del IRPF son la destinada a la campaña de publicidad para fomentar la equis en la declaración de la renta, que sube 300.000 euros y alcanza 4,8 millones de euros, y la aportación extraordinaria a Cáritas, que han incrementado un 2% hasta los 6,3 millones de euros.
EL IRPF DE LA IGLESIA
La Iglesia puede hacer frente con comodidad al imprevisto en las cotizaciones a la Seguridad, como consecuencia de la subida del salario mínimo, gracias a la buena evolución de la recaudación por el IRPF. Esta alcanzó los 256 millones de euros el año pasado y es la cifra de ingresos que ha servido para elaborar el presupuesto de 2019.
El clero se incorporó a la Seguridad Social en 1977 gracias a un decreto que estableció que el tipo por el que cotizaría sería el mínimo. Eso sí, este decreto dejó claro que se excluía para este colectivo la cobertura por incapacidad laboral transitoria, la protección a la familia y el desempleo. Las diócesis son las que asumen las obligaciones de pago, aunque el ingreso en las arcas de la Seguridad Social lo realiza de forma centralizada la Conferencia Episcopal cada trimestre.
El incremento de la cotización de los sacerdotes es el segundo problema relacionado con la Seguridad Social al que tiene que hacer frente la Conferencia Episcopal en los últimos años. Los obispos han tenido que dedicar 228.000 euros en los últimos años a una partida llamada “fondo intermonacal”, con el que hacen frente a la Seguridad Social de las religiosas contemplativas, gasto al que no habían tenido que hacer frente hace años porque las cuentas de los conventos se encontraban más saneadas.
«El clero se incorporó a la Seguridad Social en 1977 gracias a un decreto que estableció que el tipo por el que cotizaría sería el mínimo»
Las cuentas que hacen los obispos con la recaudación de la asignación tributaria del IRPF han podido digerir sin problemas la crisis económica. La reforma de su sistema de financiación, que mejoró sus ingresos, se produjo muy poco antes de que llegara la recesión.
Esta situación les permitió contar con un colchón con el que han hecho frente a nuevos gastos, como los donativos extraordinarios a Cáritas, o las campañas de publicidad, por ejemplo. Los obispos también aprovecharon la coyuntura para crear un fondo de reserva para hacer frente a los periodos en los que la recaudación del IRPF no aportara lo suficiente como para cubrir sus gastos.
Sin embargo, la evolución de la asignación tributaria ha sido favorable en los dos últimos ejercicios y la recaudación se ha recuperado claramente, lo que les ha permitido que su presupuesto suba de 250 a 256 millones de euros.
Con una parte de la recaudación del IRPF los obispos compensan en parte el gasto que les supuso perder la exención del IVA por decisión europea. Ahora, el Gobierno se plantea la revisión del régimen fiscal de la Iglesia en España, tal como comunicó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.
Esto se concreta en la revisión de los edificios de la Iglesia católica que están exentos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. Los responsables episcopales subrayan que disfrutan de esta exención como todas las organizaciones sin ánimo de lucro, tal como está regulado en la Ley de Mecenazgo.
Sin embargo, podría ocurrir que, aunque no desaparezca la exención, sí se produzca una inspección que elimine de la lista de edificios exentos a aquellos que estrictamente no están dedicados al culto, como propugna el programa electoral del partido socialista. De ser así, se trataría de un nuevo roto que quizá tendrían que tapar, como ocurrió con el IVA, con los fondos de la recaudación del IRPF.
