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Imagen del Ayuntamiento de Getafe. | Ayuntamiento de Getafe

María del Mar Fernández Romo pidió, en nombre del Ministerio Fiscal, la imputación ni más ni menos que de 33 investigados del caso Teatro de Getafe cuando había tomado posesión un nuevo fiscal titular una semana antes. Fernández Romo es “abogada fiscal sustituta”, es decir, una suplente convocada eventualmente para cubrir la carencia de fiscales de carrera. O sea, no ha aprobado la oposición a fiscal.

Así lo deja claro el nuevo fiscal titular, en un escrito fechado en octubre al que ha tenido acceso MONCLOA.COM, que resalta que este escrito de la sustituta Fernández Romo es del 2 de agosto, “una semana después de la toma de posesión de Fiscal que suscribe el presente informe”.

Teniendo en cuenta que la instrucción de este caso lleva más de tres años en marcha, como también subraya el nuevo fiscal a cargo del asunto, en los que fue secreta durante casi un año, es llamativo que la abogada fiscal sustituta decidiera iniciar el procedimiento de acusación contra 33 políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Getafe justo en esos momentos.

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El caso Teatro se originó por la denuncia de uno de los altos cargos de confianza del anterior alcalde socialista, Pedro Castro, contra el equipo de Gobierno que había ganado las elecciones, del PP. Se trata de Roberto Carlos Benítez, que compaginaba el sueldo municipal como asesor para el Plan de Inmigración con la presidencia de una asociación de vecinos. Tras la victoria del PP en 2011, Benítez denunció al alcalde ‘popular’, Juan Soler, por el que se ha llamado caso Teatro.

El Teatro de la calle Madrid era una de las promesas estrella de Juan Soler en su programa para gobernar Getafe. Se trataba de hacer un centro europeo de programación teatral –el Centro Europeo de Producción de Artes Escénicas y Audiovisuales es su nombre oficial– en esta ciudad del sur de Madrid, pasto de la desindustrialización.

Precisamente, la intención de cumplir la promesa electoral hizo que se agilizaran trámites encargando la gestión de la demolición y el proyecto arquitectónico a la empresa municipal Getafe Iniciativas SAM (GISA). Es en esta tramitación en la que se basa la denuncia del antiguo alto cargo del PSOE.

Lo que está en litigio no es la construcción del centro, sino los trabajos de demolición del edificio que había en su lugar y el proyecto arquitectónico, por un monto de 72.448 euros. En aras a la velocidad los gestores de la empresa municipal optaron por procedimientos “negociados sin publicidad”, en lugar de concursos abiertos. Entre los encausados hay responsables políticos ‘populares’, pero sobre todo funcionarios del Ayuntamiento de Getafe.

Se ha tratado de una instrucción bastante trabada y sorprendentemente aparatosa, teniendo en cuenta que el litigio lo origina un contrato de 72.448 euros que había sido visado por la interventora habilitada del Ayuntamiento.

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Esos 72.448 euros han producido 45 investigados (lo que antes eran imputados) y actuaciones muy vistosas, como la detención de 11 personas, intervenciones telefónicas, seguimientos policiales, incautación de ordenadores, dispositivos electrónicos y documentación, entre otros.

Desde el PP se ve un claro ánimo político en esta instrucción, no solo porque el denunciante fuera una persona cercana al PSOE, sino por ciertos hechos que han sucedido en el complicada instrucción del caso.

Por ejemplo, uno de los detenidos denunció que uno de los policías que acudió a detenerlo llevaba una camiseta claramente ofensiva con la leyenda: “A cada cerdo le llega su sanmartín”.

Los tres años de instrucción, con casi un año de instrucción secreta, han tenido incluso hechos irregulares. Soler, el ex alcalde, es además diputado regional de la Asamblea de Madrid y hoy senador. Sin embargo, sin suplicatorio ni traslado alguno de la causa al tribunal competente, fue objeto de seguimientos policiales al inicio de las investigaciones.

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Los hechos extraordinarios en este proceso por la demolición de un edificio y el proyecto arquitectónico han tenido el estrambote, cuando una fiscal sustituta ha pedido que se inicie el procedimiento penal contra 33 investigados cuando hacía ya una semana que el fiscal titular había tomado posesión.

María del Mar Fernández Romo, la abogada fiscal sustituta que decide procesar a 33 personas, no es fiscal de carrera ni oposición. La de los abogados fiscales sustitutos es una figura que ha creado la Administración de Justicia para auxiliar a la Fiscalía dada la carencia de personal. Se trata de abogados que no han aprobado la oposición, que ejercen el cargo provisionalmente.

Quien sí es titular y fiscal de carrera –y oposición- es el fiscal que ha firmado los últimos escritos en octubre pasado. Es llamativo que sea una figura como la abogada fiscal sustituta quien, con un fiscal titular ya en posesión de sus funciones, quien tome semejante decisión.

EXTRAÑO PROCESO DESDE EL ORIGEN

Pero es que pocas cosas han sido normales en el caso Teatro de Getafe. El juez encargado del caso, Javier Achaerandio, decano de los juzgados de Getafe, es otra persona muy cercana al alcalde socialista al que desbancó Soler.

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Almuerzo entre los ex alcaldes socialistas Pedro Castro y Jesús Prieto con el juez Achaerandio.

Tanto el juez, como Pedro Castro y su antecesor, Jesús Prieto, son frecuentemente vistos almorzando en un restaurante céntrico de Getafe. Una de esas comidas fue captada en 2013, a pocas semanas de que se iniciara el caso, en una imagen que reprodujo el periódico Okdiario.

La causa fue inicialmente archivada a petición de la fiscal que inició el caso, María Belén Fernández-Trapote. Esa primera intentona de inculpar al Gobierno del PP tenía como base una denuncia inicial de un concejal socialista, José Manuel Vázquez. Posteriormente la denuncia de Vázquez fue retomada por Benítez y entonces sí encontró respaldo en Achaerandio.

 

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