Proces
Manifestaciones por la liberación de los acusados del procès. Foto: Flickr.

Comienza la cuenta atrás para conocer el fallo por el juicio del procés. Aún no se sabe el día exacto, pero todo apunta a que se publicará, según las previsiones, antes del 16 de octubre. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, tendrá que decidir si los doce políticos independentistas acusados realizaron conductas enmarcadas dentro de los delitos de rebelión, sedición o malversación, como sostiene la Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular de Vox. 

Los hechos juzgados se concentran en el tiempo que duró el proceso que terminó con la promulgación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) el 27 de octubre de 2017. Mediante las declaraciones de los acusados, testigos y peritos, más las pruebas, se intentará esclarecer si en las jornadas previas a la DUI hubo altercados violentos o tumultuarios que serían constitutivos de delitos de rebelión o sedición, tipificados como dos de los más graves del Código Penal. En concreto, el presunto “alzamiento violento” se habría producido en los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017.

Como supuestos causantes o incitadores de estas acciones hay un total de doce personas, políticos y civiles, acusadas. La mayoría continúa en prisión actualmente, mientras que hay otros que, a pesar de pasar un tiempo entre rejas, ahora se encuentran en libertad a la espera de la resolución judicial. También hay otros políticos presuntamente implicados que huyeron del país para evitar ser detenidos.

1ORIOL JUNQUERAS

Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat. Foto: Flickr.

Oriol Junqueras era el exvicepresident de la Generalitat en esos momentos. El también exdiputado del Congreso de los Diputados lleva en prisión desde el 2 de noviembre de 2017. El líder de ERC ha intentado pedir su libertad provisional en varias ocasiones, defendiendo que él es un político “pacifista”, “antes que independentista”. Sin embargo, siempre le ha sido denegada ante la alegación de que existe un alto riesgo de fuga. Una justificación para mantenerlo en prisión alentada por la salida del país de otros acusados, como es el caso del expresident Carles Puigdemont

La Fiscalía pide para él 25 años de cárcel por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, porque considera que Junqueras, junto a otros compañeros, era “plenamente consciente de la ilicitud del proceso de secesión que venían impulsando, de la patente ilegalidad de la iniciativa referendaria, y de la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos”. La Abogacía del Estado pide 12 años por sedición y malversación, mientras que la acusación popular eleva la petición hasta 74 por rebelión, malversación y organización criminal.

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