Sumar y Podemos reabren la unidad de la izquierda: las corrientes que impulsan la reconciliación y las que la frenan

La unidad de la izquierda vuelve a estar sobre la mesa, y esta vez hay calendario. Sumar y Podemos, divorciados desde diciembre de 2023 —cuando los diputados morados abandonaron el grupo parlamentario de Sumar y se pasaron al grupo mixto—, negocian contra reloj una candidatura conjunta de cara al 29 de noviembre. El margen es mínimo, y nadie lo disimula.

El grupo parlamentario de Sumar reúne a cuatro formaciones: Más Madrid, los Comuns, Izquierda Unida y el Movimiento Sumar de Yolanda Díaz. Ninguna ha resuelto el problema de fondo. Tras el paso atrás de la vicepresidenta, el conglomerado sigue sin candidato claro. Podemos, en cambio, sí ha movido ficha.

Los morados han convocado primarias para el 14 y 15 de octubre, con Irene Montero como aspirante con opciones reales. El calendario es brutal. Al día siguiente, el 16 de octubre, vence el plazo para registrar una candidatura. Apenas quedan unas horas para decidir el orden de los puestos de salida, que es, en realidad, casi todo lo que se está discutiendo. Las cuentas no cuadran si cada parte mira solo por sí misma.

El calendario que aprieta: primarias moradas y un registro exprés

La figura que puede deshacer el nudo tiene nombre: Ada Colau. La exalcaldesa de Barcelona ha ido lanzando mensajes en los últimos meses, sobre todo tras el bloqueo del decreto de la vivienda, cuando sostuvo públicamente que, si no salía adelante, había que abandonar el Gobierno. Luego llegó el desahucio de Maricarmen y fue Pedro Sánchez quien aceleró con los decretos. Colau tomó posiciones, y desde entonces ha mantenido contactos con Podemos para rehacer la relación.

La masa para una lista conjunta está preparada. Solo hay que hornearla. Se habla de una candidatura unitaria capaz de agrupar a una quincena de partidos a la izquierda del PSOE, articulada alrededor de Colau y Montero, sea cual sea el orden final que se consensúe. Desde fuera parece un guirigay. Por dentro, la lógica es implacable.

Sumar y Podemos no discuten tanto si presentarse juntos, sino quién ocupa los primeros puestos de una lista que ambos necesitan más de lo que admiten en público.

Quién empuja la reconciliación y quién la frena

No solo la aritmética empuja. De ir por separado, la izquierda radical perdería un puñado de escaños en favor de Vox en varias circunscripciones, por aplicación de la ley d’Hondt. Ese cálculo es frío, conocido, y compartido.

Pero hay otro factor, más orgánico: en juego está lo que queda de conexión con la calle. Los grandes sindicatos han señalado el camino. UGT y CC.OO. no han dudado en ponerse al servicio de una sectorial, el Sindicato de Inquilinas, para organizar una huelga general por la vivienda. Si esa jornada funciona, la izquierda tendrá un pulso social que hoy no tiene.

Y sin embargo, la unidad también tiene frenos. Mónica García se ha postulado sin respaldo fuerte de su propio partido, Más Madrid. Gabriel Rufián quedó clavado en plena campaña por liderar un frente amplio, con el regate del PSOE de por medio. Son estridencias que no rompen el proceso, pero lo enturbian. El 15-M acampó en las plazas en 2011 y cuajó en opciones políticas en 2014. Aún es pronto para saber qué fenómeno alumbrará el enfado actual.

Sumar

La Dinámica de Coalición

El equilibrio interno de Sumar es frágil por construcción. Cuatro partidos bajo una misma marca parlamentaria, y ninguno con la hegemonía clara que el espacio tuvo en 2023. Más Madrid y los Comuns aportan peso territorial; IU, estructura y militancia; el Movimiento Sumar, la marca y el Gobierno. La unidad de la izquierda no se decide en un despacho: se decide en el orden de una papeleta. Y ese orden es lo que enfrenta a los socios.

Con el PSOE, la dimensión es doble. Por un lado, Sánchez necesita la bandera de la unidad de la izquierda para movilizar a su electorado de cara al 29 de noviembre: solo si existe una mínima opción de repetir, una parte de sus votantes se levantará del sofá.

Por otro, las negociaciones para el Senado avanzan en Canarias, Baleares y Navarra, y van a iniciarse en la Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura. En el País Vasco, Bildu ya ha entrado en la ecuación; en Catalunya, la incógnita es ERC. La Entesa Catalana de Progrés es el precedente: PSC, ERC e ICV-EUiA ya demostraron que esa fórmula gana representación por Barcelona y Tarragona.

Ficha del Caso

  • El caso: Sumar y Podemos exploran una candidatura conjunta a la izquierda del PSOE tras casi tres años de divorcio parlamentario. El calendario, esta vez, aprieta de verdad.
  • Datos importantes: El grupo parlamentario de Sumar agrupa a Más Madrid, los Comuns, IU y el Movimiento Sumar. Podemos convoca primarias el 14 y 15 de octubre; el registro de candidaturas cierra el 16. Los comicios, el 29 de noviembre.
  • Resumen: La unidad condiciona la movilización del electorado socialista y la propia supervivencia parlamentaria del espacio a la izquierda del PSOE.

Ayuso acusa al Gobierno de consentir la presencia de Samidoun en Madrid

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Ayuso ha exigido al delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, que aclare si Samidoun —red prohibida en Alemania, EEUU y Canadá por financiar al FPLP— ejerce funciones de control en la acampada de la Puerta del Sol.
  • ¿Quién está detrás? La presidenta de la Comunidad de Madrid, en un acto de precampaña en Ifema junto a Alberto Núñez Feijóo y José Luis Martínez-Almeida.
  • ¿Qué impacto tiene? Madrid seguirá acudiendo a los tribunales tras el varapalo del TSJM a su medida cautelarísima de desalojo.

Isabel Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno de consentir que Samidoun opere con total normalidad en Madrid. La presidenta de la Comunidad ha exigido al delegado del Gobierno, Fran Martín, que aclare si esa red —prohibida en Alemania, Estados Unidos y Canadá por financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)— ha estado ejerciendo funciones de control en la acampada de la Puerta del Sol.

La exigencia al delegado del Gobierno y el pulso por la acampada de Sol

El pronunciamiento llegó este sábado durante un acto de precampaña en Ifema, junto a Alberto Núñez Feijóo y José Luis Martínez-Almeida. Ayuso no dudó en calificar la situación: ‘No hay Estado de derecho debajo de esas tiendas’, ha denunciado, ‘nadie se hace responsable de lo que está allí pasando’.

La presidenta madrileña ha sido tajante sobre la respuesta institucional del Ejecutivo central. Ha advertido de que la Comunidad de Madrid va a seguir llevando ante los tribunales ‘semejante indecencia’, y ha reclamado al delegado una explicación pública sobre la composición real del campamento.

El pulso tiene un episodio judicial inmediato. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó el pasado lunes la medida cautelarísima con la que la Comunidad pedía el desalojo inmediato de la acampada. La Delegación del Gobierno objetó que la concentración está amparada por el derecho fundamental de reunión, que sólo debe suspenderse como último recurso.

Ya el pasado día 1, la asociación proisraelí ACOM había denunciado la presencia ‘detectada e identificada’ de activistas de Samidoun que ejercían funciones de control de seguridad en la Puerta del Sol. La organización presidida por Ángel Mas Murcia reclamó la identificación inmediata de esas personas y la apertura de diligencias policiales por posible enaltecimiento del terrorismo.

Hay un hilo que no conviene perder de vista: la misma red que Europa ha ilegalizado opera en España sin que Moncloa haya movido un solo papel.

Samidoun, prohibida en Alemania, EEUU y Canadá

Comunidad de Madrid terrorismo

El historial internacional de Samidoun es el principal sostén del argumento de Ayuso. El Gobierno alemán prohibió en 2023 cualquier actividad de la Red de Solidaridad con los Presos de Palestina en su territorio, por la sospecha de que ha financiado el terrorismo del FPLP.

Un año después, en octubre de 2024, Canadá incluyó a Samidoun en su lista oficial de organizaciones terroristas, y el Departamento del Tesoro de EEUU ordenó bloquear todos sus activos. Washington impuso sanciones a varios representantes, entre ellos su coordinadora en Madrid, Jaldia Abubakra Aueda, a la que definió como parte de ‘una organización benéfica ficticia que sirve como recaudadora de fondos internacional para la organización terrorista FPLP.

Bélgica y Grecia han ido más lejos: han revocado el estatus de refugiado o han deportado a los principales dirigentes de Samidoun en Europa, como Mohammed Khatib o Khaled Barakat, por motivos de seguridad nacional.

En España, en cambio, la red ha seguido operando con total normalidad. Apenas una semana después del atentado del 7 de octubre de 2023, varios ministros y representantes de Sumar —Mónica García, Íñigo Errejón, Tesh Sidi y Elizabeth Duval— participaron en Madrid en una manifestación convocada por Samidoun y otras dos asociaciones.

El pasado mes de junio, Samidoun organizó en la Casa de la Solidaritat de Barcelona una conferencia de Nael Al Barghouti y Nader Sadaqa. El primero cumplió 44 años de cárcel en Israel por el asesinato de un conductor de autobús. El segundo fue comandante del FPLP. Ambos fueron liberados por Israel en un intercambio de presos por rehenes negociado tras los atentados del 7 de octubre.

El Eje del Poder Popular

La denuncia de Ayuso no es un episodio aislado. Forma parte de una línea sostenida: la presidenta madrileña lleva meses reclamando al Ejecutivo de Pedro Sánchez una política de seguridad coherente con la de los principales socios europeos. Observamos un patrón. Mientras Alemania, Canadá o EEUU ilegalizan a Samidoun, en España se le permite reunirse, recaudar y controlar espacios públicos sin que la Delegación del Gobierno actúe.

No se trata sólo de Madrid. La estrategia de Génova pasa por proyectar la gestión de las comunidades autónomas populares como un dique frente a la permisividad del Gobierno central. La Comunidad de Madrid, con 6,8 millones de habitantes, ha asumido el papel de avanzadilla. Acudir a los tribunales no es retórica: es un movimiento calculado para forzar al Ejecutivo a retratarse.

La lectura a corto plazo es doble. El PP refuerza su perfil en un asunto de seguridad y constitucionalismo, terreno donde Feijóo busca marcar diferencias con el Gobierno. Y Ayuso vuelve a situar a la Comunidad como referencia de firmeza institucional. El precedente histórico no es lejano: el PP ya construyó buena parte de su identidad política en los años noventa frente al terrorismo de ETA. Tres décadas después, busca reeditar ese perfil. Frente a las prohibiciones de Alemania, Canadá, EEUU, Bélgica y Grecia, España sigue siendo la excepción europea.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Exigir al Gobierno que explique por qué permite en Madrid lo que Berlín, Ottawa y Washington han prohibido por terrorismo.
  • Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid).
  • Próximo hito: Seguimiento de las diligencias policiales reclamadas por ACOM y de los recursos judiciales de la Comunidad de Madrid.

EE.UU. empuja por una transición en Venezuela mientras Nueva York amplía los cargos contra Maduro

La transición en Venezuela entra en su semana más decisiva y España tiene motivos de sobra para seguirla. Marco Rubio ha reclamado a toda la oposición que se siente a negociar mientras la Fiscalía de Nueva York amplía los cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Vamos por partes. El secretario de Estado estadounidense instó a finales de la semana pasada a todos los sectores de la oposición venezolana a unirse a las conversaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez. La próxima cita es el miercoles 14 de octubre, y sobre la mesa habrá un asunto mayúsculo: la elección de la Corte Suprema y las garantías para unas elecciones creíbles.

El detalle que casi nadie cuenta es quién está y quién no. La mesa opositora la lidera Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional. Ni María Corina Machado ni Edmundo González se han sentado todavía. Machado, al frente del principal partido opositor, mantiene su distancia, y ese gesto condiciona el relato de toda la operación.

Qué ha cambiado en la transición venezolana

Hasta hace poco, la administración de Donald Trump insistía en Delcy Rodríguez como única interlocutora. Ahora ha abierto la puerta a la oposición y ejerce de árbitro de casi todo lo que hace el Gobierno venezolano, socio obligado de Washington desde el derrocamiento de Maduro. Las negociaciones transcurren bajo supervisión estadounidense, como casi toda la actividad institucional del país.

Según el analista político Víctor Maldonado, ese tutelaje, aunque no sea ideal, evita que el proceso termine en nada, como ocurrió con el acuerdo de Barbados y las conversaciones de Oslo. En su opinión, se trata de un proceso tutelado de reconstrucción que ya ha traído avances antes impensables, como la liberación de presos políticos o una industria petrolera que empieza a generar ingresos que no se evaporan por el camino.

Luis Carlos Díaz, expreso político, periodista y activista venezolano residente en España, coincide en que la tutela impide incumplimientos, pero no cree que la ausencia de Machado sea un problema insalvable. Para él, la oposición democrática es diversa por naturaleza, y tiene sentido que sea Figuera —y no la futura candidata— quien pilote reformas institucionales como la del Consejo Nacional Electoral.

La mesa avanza porque Washington la sostiene, y ese respaldo marca el ritmo de la reconstrucción venezolana.

Por qué la transición venezolana importa tanto en España

Aquí la historia deja de ser un asunto ajeno. España es uno de los principales destinos del exilio venezolano, con más de 400.000 residentes según el Instituto Nacional de Estadística. Muchos tienen aquí familia, negocio y voto. Lo que se decida en Caracas les cambia la vida, y también condiciona la política consular y migratoria española.

negociaciones Venezuela oposición

No solo son las personas. Las empresas españolas llevan décadas operando en Venezuela, sobre todo en energía, y cualquier transición ordenada abre o cierra puertas para Repsol y para el resto del tejido empresarial. Un país que reordena su marco institucional es, a la vez, un mercado que se recompone.

Y luego está la imagen. España comparte con Venezuela idioma, historia y una parte de su memoria. La relación viene de tres siglos de vida común, de la independencia y de un nombre —Venezuela, la pequeña Venecia— que nació de comparar unas casas sobre el lago de Maracaibo con la ciudad italiana, no de ninguna gesta aislada. Contarlo con rigor es más útil que repetir consignas.

El precedente de Barbados que conviene mirar

Este no es el primer intento. El acuerdo de Barbados y las conversaciones de Oslo son la referencia más cercana, y ambos acabaron sin resultados tangibles. La diferencia ahora, según los analistas citados, es que hay una fuerza externa que vigila el cumplimiento. Eso explica tanto la esperanza como el recelo.

España ha aprendido a leer estas operaciones con distancia. Cuando el petróleo venezolano vuelve al mercado, se mueven los precios, se reabren líneas de crédito y se reactivan proyectos energéticos en los que participan compañías españolas. Cuando la transición se descarrila, la primera consecuencia es más exilio y más presión sobre Madrid.

El miércoles 14 de octubre, la mesa debe decidir el futuro de la Corte Suprema y las garantías electorales. De esos dos puntos depende que la transición sea real o, una vez más, un capítulo que se cierra sin consecuencias. A España le interesa una Venezuela estable y sin tutelas que conviertan la región en un tablero ajeno. Conviene seguir cada paso, porque lo que pase en Caracas se siente en Madrid.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: La oposición venezolana negocia con el Gobierno de Delcy Rodríguez bajo la tutela de Washington. En paralelo, la Fiscalía de Nueva York amplía los cargos contra Maduro y Cilia Flores por una supuesta trama de torturas a presos estadounidenses.
  • Datos importantes: La próxima ronda será el miércoles 14 de octubre; se tratarán la elección de la Corte Suprema y las garantías electorales. España acoge a más de 400.000 venezolanos, según el INE.
  • Resumen: Una transición tutelada desde fuera reordena los intereses españoles en Venezuela, desde la diáspora hasta las empresas y la imagen del país.

La Policía Nacional desaloja en Ceuta el último gran asentamiento irregular en la playa de El Guano

La Policía Nacional ha desplegado este domingo en Ceuta un operativo para desalojar el último gran asentamiento irregular de la ciudad.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de la UIP en la playa de El Guano, en Ceuta, para desalojar el último gran asentamiento irregular de la ciudad.
  • ¿Dónde y cuándo? En la explanada de El Guano, en Ceuta, este domingo 11 de octubre de 2026, a partir de las 8:00 horas.
  • ¿Qué resultado? Más de una veintena de furgones de la UIP y el desmantelamiento del último gran núcleo de acampada irregular de la ciudad.

El dispositivo de la UIP en la explanada de El Guano

El dispositivo, integrado por más de una veintena de furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP), comenzó a llegar a la explanada pasadas las 8:00 horas. En el campamento pernoctaban menos de un millar de marroquíes, que se habían instalado allí tras el desalojo de los asentamientos chabolistas de las playas del Trampolín y de Benítez.

Desde principios de agosto, la Guardia Civil ha abortado varios intentos de cruce ilegal hacia la península en embarcaciones de recreo. En unos casos, los agentes detuvieron a los presuntos responsables de las operaciones, que prometían trasladar a los migrantes a cambio de dinero. En otros, las embarcaciones no llevaban patrón y habían sido adquiridas por los propios migrantes.

El desalojo de El Guano no supone la retirada completa de las personas migrantes de la calle. La explanada era el último asentamiento con una concentración importante, pero centenares de personas siguen deambulando por barriadas como El Príncipe o Los Rosales. Otras permanecen escondidas en los montes y algunas viven en pisos patera que las autoridades españolas van desmantelando de forma progresiva.

Con anterioridad, los operativos destinados a limpiar las playas dejaron a centenares de migrantes en El Guano, a la espera de que las autoridades los trasladaran en autobuses. El destino era la frontera del Tarajal, en caso de que optaran por el retorno voluntario a Marruecos, o el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE), donde se les filia y después se les reubica en dispositivos de acogida temporal mientras se resuelven los trámites de asilo.

El dispositivo policial ha cerrado el último gran núcleo de acampada irregular de Ceuta, tras semanas de operativos en las playas del Trampolín y de Benítez.

La frontera del Tarajal y el dispositivo de acogida

Desde las playas de Benítez y del Trampolín se trasladó a cerca de 1.700 personas, de las que la inmensa mayoría, salvo los menores y algunos grupos reducidos de adultos, optó por retornar a su país. Solo en el Trampolín pernoctaban más de 3.500 personas, de modo que el resto se desperdigó por la ciudad para evitar subir a los autobuses. Muchos huyeron hacia los montes, donde continúan.

En el campamento permanecían alrededor de un centenar de menores de edad. Días atrás, ese grupo se manisfestó en la propia explanada para reclamar su reubicación en centros de acogida, una demanda que las autoridades han ido atendiendo conforme se resolvían los traslados.

Los marroquíes que han huido son conscientes de la enorme probabilidad de que sus peticiones de asilo sean denegadas. Saben, además, que una vez reciban la denegación definitiva afrontarán una orden de expulsión de España por cinco años. Por ese motivo, muchos prefieren regresar de manera voluntaria a Marruecos, porque conservan la aspiración de volver en un futuro.

Otros permanecen escondidos en la ciudad sin plantearse ni el retorno ni la filiación para pedir asilo. Según las fuentes policiales, estos últimos albergan la esperanza de cruzar de forma irregular a la península. Frente a ello, la Guardia Civil mantiene activos los dispositivos de vigilancia en la frontera y en el litoral.

Policía Nacional Ceuta

El Contexto Operativo

El desalojo de El Guano forma parte de una estrategia sostenida de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para recuperar el espacio público y ordenar la presión migratoria en la ciudad autónoma. Ceuta soporta una de las presiones fronterizas más intensas de la Unión Europea, con episodios de entrada masiva como el registrado los días 30 y 31 de julio.

Los datos del propio dispositivo cifran en cerca de 1.700 personas las trasladadas desde las playas de Benítez y del Trampolín, y en más de 3.500 las que llegaron a pernoctar solo en el Trampolín. La Guardia Civil ha abortado, además, varios intentos de cruce ilegal hacia la península en embarcaciones de recreo desde principios de agosto, con detenciones de los presuntos responsables de las operaciones.

La previsión es que los operativos de limpieza continúen de forma progresiva en las barriadas y en los pisos patera pendientes de desmantelar. Las fuentes policiales subrayan que el dispositivo mantiene su despliegue mientras se resuelven los trámites de asilo y las reubicaciones en los centros de acogida.

García-Page, ‘más querido que nunca’ y ‘muy cerca’ de decidir su candidatura en Castilla-La Mancha

García-Page ha situado su candidatura en Castilla-La Mancha a un paso de resolverse. El presidente de la Junta asegura que está ‘muy cerca de despejar’ sus reflexiones personales y familiares y que se siente ‘más querido que nunca’. Lo cuenta en una entrevista concedida a ENCLM, sin fecha cerrada, pero con un horizonte más corto del que él mismo se había marcado.

El barón socialista no esconde la ilusión. ‘Estoy encantado con el trabajo, con la gestión… y para mí es un honor inmenso’, afirma. Habla de una ‘ilusión desbordante’ y de un único límite: ‘los compromisos de tipo personal, que van por delante de cualquier otra cosa’. Traducido a la política, nada en su gestión le empuja a decir no.

La pregunta del millón, la de si se comerá el turrón sabiendo si repite, la resolvió con guasa: ‘Se lo van a comer en cualquier caso. No solo el turrón, sino el mazapán de Toledo’. Eso sí, insiste en que ‘no tengo un planteamiento cerrado’ y en que aprovecha la coyuntura para remover los obstáculos que le plantea una decisión de calado personal. El mazapán, de momento, sigue en el aire.

El calendario aprieta: por qué la decisión llega antes de lo previsto

Durante meses, Page habló de la primavera de 2027, el final natural del mandato autonómico. Ahora dice que está ‘muy cerca de despejar’ sus dudas. Un candidato sin confirmar durante un año entero deja a la federación sin cartel, sin margen para negociar listas y regala al PP la posición de alternativa. El calendario no espera.

El escenario invita al optimismo. ‘Hace muchísimo tiempo que me fío más de mi pituitaria que de las encuestas’, asegura, antes de sentenciar que su olfato ‘es enormemente positivo’. Page gobierna con mayoría absoluta, la mitad más uno de los 33 diputados de las Cortes regionales, y entiende que el listón no admite rebajas: ‘En el caso del PSOE de Castilla-La Mancha solo cabe la mayoría absoluta’.

La razón de esa exigencia está en la reforma electoral que el PP aprobó en la etapa de María Dolores de Cospedal, a la que el presidente autonómico llama ‘ley trampa y fraudulenta’. Ese marco penaliza la dispersión del voto, de ahí que su objetivo no sea sumar, sino repetir. Enfrente, el presidente del PP regional, Paco Núñez, sostiene que puede sacar ‘un voto más’ y gobernar sin Vox. La respuesta del socialista es la de quien lleva media vida en campaña: ‘No he conocido ningún candidato que diga que va a perder’.

Nadie en Castilla-La Mancha duda de que Page repetirá; la única incógnita real es cuándo lo dirá y con qué margen dejará respirar a Ferraz.

Ferraz, Torró y el fantasma de las primarias: lo que Page no prevé

barones socialistas

Cada cierto tiempo reaparece el rumor de unas primarias (el mecanismo por el que la militancia elige directamente al candidato) impulsadas desde la dirección federal para descabalgar al barón. Preguntado por ese escenario, Page responde con dos palabras: ‘Ya lo hicieron’. Se refiere a 2017, cuando se sometió a un proceso interno que ganó y que, dice, no le dejó heridas: ‘Tengo en mis equipos gente que votó contra mí.

¿Y ahora? ‘Sinceramente, no lo preveo’. No lo ha hablado con nadie, apunta, y añade un gesto hacia la secretaria de Organización, Rebeca Torró, de quien destaca que ‘hace muchos esfuerzos por tener buen feeling con los territorios’. Su relación, resume, existe: ‘Tienen, tienen…’.

Los nombres que la rumorología coloca en esa hipotética alternativa son dos: Isabel Rodríguez y Milagros Tolón. Page no los ve con la mecha encendida. Nos conocemos desde hace muchísimos años’, señala, antes de recordar que la convocatoria electoral en curso les abre otras puertas: pueden ser diputadas e incluso aspirar a alcaldías, ‘porque ya no hay un compromiso de gobierno.

En el capítulo interno, responde a quienes sostienen desde La Moncloa y desde el partido que sus posiciones son minoritarias. Recuerda que sus tesis salieron ratificadas por unanimidad en el Congreso Federal de Sevilla de noviembre de 2024 y que él mantiene ‘básicamente’ las resoluciones aprobadas allí: ‘Otro problema serán los que no cumplan con las resoluciones de los congresos’.

El Eje del Poder Socialista

Castilla-La Mancha resume como pocas comunidades el equilibrio sobre el que se sostiene el PSOE en el ciclo territorial. Ferraz necesita barones con marca propia para defender las mayorías autonómicas, pero cada barón con marca propia es también una voz que discrepa cuando la agenda de La Moncloa se cruza con los intereses de su territorio. Page ha sido el ejemplo más visible: sus reparos a la financiación singular han incomodado sin romper nunca la unidad del grupo. La crítica se queda dentro y se resuelve en los congresos. Esa es la clave.

El aterrizaje social explica su peso. Page administra una comunidad de más de dos millones de habitantes donde el PSOE lleva años presentando la gestión como su principal aval, con los datos del Ejecutivo autonómico recogidos en el portal oficial del Gobierno regional: sanidad, educación, y dependencia frente a la despoblación. La continuidad de ese relato depende ahora de una decisión personal. Si el candidato tarda, el adversario gana el tiempo que la política autonómica concede a quien promete alternativa.

El riesgo no es una fractura, sino la erosión. Un candidato que se lo piensa durante meses alimenta la sensación de final de ciclo y abre espacio a que otros se posicionen. El escenario más probable sigue siendo el de siempre: Page repite, Ferraz respira y el PSOE castellano-manchego vuelve a jugar la carta del barón querido que no se pliega del todo. Lo que observamos es una lección del ciclo autonómico de 2027: quien mejor gestione sus liderazgos territoriales llegará con la organización entera a la cita. Nada está cerrado.

El próximo hito ya está en marcha. El propio Page da por hecho que Paco Núñez será confirmado ‘en breve’ como candidato del PP. Con el rival en el cartel y el calendario corriendo, la decisión del presidente castellano-manchego dejará de ser una reflexión personal para convertirse en un asunto de partido.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: La continuidad de un barón con mayoría absoluta como garantía de la gestión socialista frente a la alternativa del PP y Vox.
  • Protagonista: Emiliano García-Page (presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha).
  • Próximo hito: La confirmación de Paco Núñez como candidato del PP regional, que Page sitúa ‘en breve’, y la decisión del propio presidente autonómico.

Ataque hutí contra el aeropuerto de Riad: muere un estadounidense y Rubio condena el ataque terrorista

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un ataque con misiles de los hutíes respaldados por Irán contra el aeropuerto Rey Khalid de Riad mató al menos a 12 personas, entre ellas un ciudadano estadounidense, y dejó más de 300 heridos en dos terminales de vuelos domésticos.
  • ¿Quién está detrás? Los hutíes, con respaldo iraní. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo condenó como ataque ‘terrorista’. Donald Trump sopesa sumarse a la ofensiva saudí.
  • ¿Qué impacto tiene? Es el mayor golpe contra un país del Golfo desde que estalló el conflicto con Irán en febrero. Amenaza el estrecho de Ormuz y el precio del crudo que importa España.

El ataque hutí contra el aeropuerto Rey Khalid de Riad dejó al menos 12 muertos, entre ellos un ciudadano estadounidense, y más de 300 heridos.

Doce muertos en dos terminales y la condena inmediata de Washington

Los misiles impactaron este sábado contra dos terminales de vuelos domésticos del aeropuerto internacional de la capital saudí, según confirmaron las autoridades de aviación civil del reino. Entre los fallecidos hay cuatro ciudadanos saudíes, un palestino y nacionales de Bangladés, Egipto, Jordania, Siria y Sudán. El general Turki Al-Maki calificó el ataque de crimen de guerra y advirtió de que el Ejército saudí responderá. El miércoles, otro ataque hutí contra el aeropuerto de Abha había matado a dos personas.

Desde Washington, el Departamento de Estado condenó los hechos la noche del sábado a través de su titular, Marco Rubio. ‘Estos ataques reprensibles demuestran un desprecio flagrante por la vida de civiles inocentes. Deben parar ahora’, afirmó en un comunicado. ‘Estamos con el Reino de Arabia Saudí y su pueblo y trasladamos nuestras condolencias a las víctimas y sus familias’, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense, que no dudó en calificar de ‘terroristas’ a los hutíes.

Trump sopesa sumarse a los bombardeos y el crudo mira a Ormuz

La pregunta que sobrevuela Riad es si Estados Unidos entrará en el conflicto. Cuestionado por si se sumaría a los bombardeos saudíes contra la milicia, el presidente estadounidense fue elocuente en su brevedad: ‘Puede que sí. Lo vamos a estudiar. Acabamos de enterarnos del ataque, así que tomaremos una decisión. Nos movemos muy rápido’, dijo Donald Trump. El mandatario añadió que hablará con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y que su Administración mantiene ‘comunicación‘ con los hutíes.

El ataque es el mayor lanzado contra un país del Golfo desde que el conflicto abierto con Irán estalló en febrero, de acuerdo con la agencia AP. Ese dato es el que convierte una crisis regional en un problema energético global. El estrecho de Ormuz, por el que transita en torno a un quinto del crudo mundial, queda a tiro de los hutíes y de su padrino iraní. Cualquier escalada se traduce en un encarecimiento inmediato del barril.

La decisión de Trump no se mide en kilómetros de distancia, sino en el precio del barril que mañana pagará cualquier conductor español.

España no está en la mesa de negociación, pero sí en la factura. El país importa prácticamente todo el crudo que consume y depende de los mercados internacionales para fijar el precio de la gasolina, el diésel y, de rebote, la electricidad. Un repunte sostenido del Brent se cuela en la cesta de la compra de cualquier familia española en cuestión de semanas. A eso se suma la presencia de compañías españolas en la región, desde Repsol hasta las constructoras con obra pública en el Golfo, y los contratos de defensa que unen a Madrid con Riad desde hace décadas.

Rubio Oriente Próximo

La Lógica de Washington

Para entender la respuesta estadounidense hay que retroceder cuatro décadas. En 1980, Jimmy Carter enunció la doctrina que lleva su nombre: cualquier intento de una potencia exterior de controlar el Golfo Pérsico sería considerado un ataque a los intereses vitales de Estados Unidos. Siete años después, Ronald Reagan ordenó reabanderar petroleros kuwaitíes bajo bandera estadounidense para protegerlos de Irán. Washington no improvisa en el Golfo: ya ha recitado este manual antes.

La coalición que sostiene esa lógica, sin embargo, está tensa. El electorado que llevó al presidente a la Casa Blanca desconfía de las guerras lejanas, y el equipo del mandatario lo sabe. La alianza con Arabia Saudí, sellada en 1945 entre Roosevelt y el fundador del reino, obliga por otro lado a responder cuando muere un ciudadano estadounidense. Es la contradicción clásica del America First: retirarse del mundo mientras se protege un orden energético del que depende la economía americana.

El siguiente movimiento será la conversación entre Trump y Mohammed bin Salman, de la que puede salir o no una participación directa estadounidense en los bombardeos. Los mercados, mientras, ya descuentan riesgo geopolítico. Para España y para la UE, cada día de escalada recuerda que la seguridad energética del continente se decide, en buena parte, a miles de kilómetros de Bruselas.

Ficha del Caso

  • El caso: Un ataque con misiles hutíes contra el aeropuerto Rey Khalid de Riad mata a 12 personas, incluido un ciudadano estadounidense, y deja más de 300 heridos.
  • Datos clave: Al menos 12 muertos y más de 300 heridos. Es el mayor ataque contra un país del Golfo desde el estallido del conflicto con Irán en febrero. Trump estudia sumarse a los bombardeos saudíes.
  • Para España: El riesgo sobre el estrecho de Ormuz amenaza el precio del crudo que el país importa y golpea la factura energética de empresas y hogares.

Sánchez pide al Supremo frenar el ‘atropello’ de Feijóo y Abascal contra la ley de nietos

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Pedro Sánchez ha reclamado al Tribunal Supremo que frene el intento de PP y Vox de impedir el voto de unos 400.000 descendientes de exiliados acogidos a la ley de nietos.
  • ¿Quién está detrás? El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, en un mitin celebrado este domingo en Ponferrada (León).
  • ¿Qué impacto tiene? El bloqueo afectaría a ciudadanos que ya votaron en varios comicios desde 2023 y podría alterar el censo exterior de las próximas elecciones generales.

Sánchez ha pedido al Tribunal Supremo que frene el ‘intento de atropello’ de Feijóo y Abascal contra la ley de nietos. El presidente del Gobierno sitúa en unos 400.000 descendientes de exiliados españoles los ciudadanos cuyo derecho al voto queda en el aire por la ofensiva de PP y Vox.

Lo ha dicho desde el escenario de un mitin en Ponferrada, en pleno ciclo preelectoral. Allí ha apelado directamente al alto tribunal con una formulación que resume su tesis: ‘Desde aquí pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y Abascal porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza’.

El líder socialista ha recordado que estos ciudadanos ya votaron en varias elecciones desde 2023, de modo que la restricción que ahora se pretende no afecta a un supuesto derecho futuro, sino a un ejercicio ya consolidado. Y ha rematado con una pregunta que desplaza el debate al terreno de los principios: ‘Feijóo no lo quiere y a Abascal no le gusta. ¿Eso qué significa, qué los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder hacerlo?’.

Todo pivota sobre la ley de nietos, la norma que desde 2022 permite recuperar la nacionalidad española a los descendientes de quienes marcharon al exilio. De su aplicación depende que ese colectivo quede inscrito en el censo exterior y pueda ejercer el sufragio en las próximas generales.

En Ferraz llevan meses defendiendo esa vía como una cuestión de memoria democrática y de justicia con las familias del exilio republicano. La lectura de la dirección federal es nítida: aquí no se discute un trámite administrativo, se discute si España cierra o abre la puerta a su propia diáspora.

Hay una diferencia sustancial entre corregir un registro y arrebatar un derecho: lo primero es gestión, lo segundo responde a otra lógica.

Qué pide Sánchez al Supremo y a quién protege la ley de nietos

El pronunciamiento que reclama el presidente del Gobierno no es un recurso cualquiera. Se trata de que el Tribunal Supremo aclare si los criterios que aplican algunas instancias administrativas pueden dejar sin efecto el derecho al voto de personas ya inscritas y que, según el Ejecutivo, han votado desde 2023 sin objeción alguna.

El Gobierno sostiene que la normativa vigente ofrece cobertura suficiente y que cualquier marcha atrás exigiría una reforma legal, no una interpretación administrativa. En esa clave se entiende el llamamiento a la ‘fuerza de la gente‘ que Sánchez lanzó en Ponferrada para reclamar cuatro años más de Ejecutivo progresista frente a lo que describió como un proyecto de ‘reacción, recortes y mucho rencor.

Feijóo y Abascal, frente al voto de los nietos del exilio

voto exterior 29N

Frente a ese argumento, el PP y Vox mantienen su ofensiva. Sánchez la ha retratado con una imagen que ya forma parte de su repertorio de campaña: ‘Huele a naftalina’. Una manera de decir que la derecha no solo discrepa en materia migratoria o territorial, sino que discute derechos ya reconocidos.

En el PSOE recuerdan que la protección del voto exterior no responde a ningún capricho ideológico. Portugal, Italia o Francia han ido ampliando en la última década los mecanismos para que sus diásporas conserven el vínculo electoral con el país de origen, y España no ha hecho más que situarse en esa corriente. Buena parte de los votantes inscritos en el censo exterior mantienen la doble nacionalidad precisamente por esa razón.

La comparación ayuda a entender el fondo del asunto. No estamos ante una anomalía española, sino ante un pulso por decidir qué significa pertenecer a una comunidad política cuando la distancia —y el tiempo— se interponen.

El Eje del Poder Socialista

En Ferraz el episodio se lee como una pieza más del choque de bloques que definirá el tramo final de la legislatura. El PSOE quiere que el debate sobre la ley de nietos y el voto exterior se convierta en un asunto de principios: la igualdad entre los descendientes del exilio y los del régimen. La dirección federal maneja un cálculo sencillo. Cada intento de restringir derechos activa a un electorado que se moviliza cuando percibe que le quieren quitar algo.

Los barones territoriales respaldan el marco general. Desde Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha subrayado en otras ocasiones la importancia de la memoria democrática como seña de identidad del partido, aunque su acento suela ponerlo en la gestión. En Asturias, Adrián Barbón —cuya comunidad concentra buena parte del legado del exilio republicano— sostiene que la memoria no es un ornamento, sino una política pública. La Generalitat de Salvador Illa y el PSC han hecho del vínculo con la diáspora uno de sus ejes de actuación.

A eso se suma la geometría parlamentaria. El GPS del Congreso y el GPS del Senado ya han advertido de que cualquier intento de recortar el régimen de voto exterior obligaría al PP a explicar en sede parlamentaria qué derechos quiere dejar fuera. Y esa discusión, en un Congreso sin mayorías absolutas, es un campo minado para Feijóo.

La lectura a medio plazo es otra. Ferraz pretende trasladar al terreno del derecho constitucional un conflicto que la derecha prefiere mantener en el barro de la polémica coyuntural. Si el Supremo fija doctrina y garantiza el sufragio de esos 400.000 descendientes, el PSOE habrá ganado un argumento de peso con el que presentarse ante el electorado como el partido que amplía derechos frente a quienes los restringen. Si la respuesta llega en sentido contrario, la batalla regresará al Congreso, donde el Gobierno ya ha demostrado capacidad para tejer mayorías con los socios parlamentarios.

Queda una incógnita genuina: el calendario y el alcance de la decisión judicial. El Ejecutivo confía en un pronunciamiento claro antes de la cita electoral, aunque ninguna instancia confirma plazos. Precedentes como el debate de la ley de Memoria Democrática, que también se dirimió entre acusaciones de injerencia y defensa del derecho a reparar, anticipan que el pulso será largo. Es, en todo caso, una prueba de cómo se entiende la democracia: como un sistema que garantiza derechos en lugar de administrarlos con el pie cambiado.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: El derecho al voto de los descendientes del exilio como frontera entre ampliar democracia y restringir derechos.
  • Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), con respaldo de los barones territoriales.
  • Próximo hito: Pronunciamiento del Tribunal Supremo y desarrollo del censo exterior de cara a la cita electoral del 29N.

Javier Milei acumula 32.290 empresas cerradas en Argentina: el terreno que vigilan los grupos españoles

Cada día de julio cerraron unas 30 empresas en Argentina: ya son 32.290 las empresas cerradas desde que gobierna Javier Milei. Vamos por partes.

Qué dicen los números del informe del CEPA

El dato no sale de un rumor de pasillo. Lo firma el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), un centro de estudios económico del país, que compara las unidades productivas registradas en noviembre de 2023, el último mes completo antes del cambio de Gobierno, con las de julio de 2026. En ese tramo, Argentina pasó de 512.357 empresas a 480.067. Traducido: una de cada dieciséis actividades que funcionaban hace tres años ha dejado de operar.

Solo en julio echaron el cierre 948 empresas, casi treinta cada día, con el comercio y varias ramas industriales entre los sectores más castigados. Son las actividades que dependen de la demanda interna, y la demanda interna se ha apagado. Por si fuera poco, el cierre de negocios arrastra al empleo: 437.611 puestos formales destruidos desde diciembre de 2023 según ese mismo recuento, de los cuales 3.485 se perdieron en el último julio contabilizado.

La causa que señala el documento es la pérdida de poder adquisitivo. Con una inflación interanual del 33,8% en julio, la subida sostenida de los precios, los hogares compran menos y ese frenazo llega antes al mostrador de la esquina que a la gran corporación. Los datos oficiales de actividad, que recoge el instituto estadístico argentino, apuntan en la misma dirección: la economía retrocedió un 2,9% en julio respecto a junio y un 1,4% frente al mismo mes del año anterior.

Por qué Argentina sigue siendo terreno que vigilan los grupos españoles

Y aquí está la clave para el lector español. Argentina ha sido durante décadas uno de los destinos naturales de la inversión española fuera de casa, con una presencia consolidada en banca, energía, turismo y distribución. Grupos como Repsol, BBVA o Meliá llevan años operando allí, y sus cuentas se leen también en pesos.

Menos consumo, menos empresas y menos empleo formal: el mercado que las compañías españolas siguen de cerca se ha encogido un 6,3% en tres años.

¿Qué significa una contracción así para esas filiales? Menos ventas en el comercio, morosidad al alza en la banca, ocupación más frágil en los hoteles y compras industriales que se aplazan. El tejido que desaparece es, sobre todo, pyme: proveedores, distribuidores y clientes de las grandes compañías. Cuando ese entramado se adelgaza, el golpe no se ve en un trimestre; se ve en la capacidad de crecer de todo el mercado.

Conviene recordar que no es solo una cuestión de balances. España figura entre los inversores extranjeros históricos del país, y lo que se decide en Buenos Aires condiciona la letra pequeña de los planes de expansión en sectores con tirón: energía, agroindustria, litio y turismo. El terreno se vigila; no se abandona.

El precedente del corralito y de YPF: lo que la empresa española ya aprendió

España no llega nueva a estas películas. En diciembre de 2001, el corralito (la restricción para retirar dinero de los bancos) y la mayor suspensión de pagos soberana de la historia dejaron a las filiales españolas con activos congelados y cuentas imposibles de repatriar.

Una década después, en 2012, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió a Repsol el 51% de YPF, y el grupo español acabó cobrando en bonos una compensación que llegó años más tarde.

La diferencia de fondo con aquel episodio es la forma del golpe: entonces hubo un estallido; ahora, un goteo. Más de 32.000 empresas menos en menos de tres años dibujan un mercado más pequeño, con menos competencia y menos colchón para las filiales extranjeras. El propio informe advierte de que las cifras, por sí solas, no permiten atribuir cada cierre a una única causa.

Los grupos españoles, mientras tanto, llevan años aprendiendo a poner precio al riesgo país: a la posibilidad de que las reglas cambien de un día para otro. Ese aprendizaje explica por qué siguen presentes pese a los sobresaltos, y también por qué miran cada informe de coyuntura antes de mover ficha.

Hacia delante, la mirada está en dos indicadores. El primero, si el ritmo de bajas mensuales se modera o se acelera en los próximos balances. El segundo, si la caída del consumo empieza a notarse en los resultados que las filiales españolas reportan a sus matrices. Argentina sigue siendo un mercado de tamaño medio con enorme potencial, pero exige estómago y paciencia.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El informe del Centro de Economía Política Argentina contabiliza 32.290 empresas menos desde diciembre de 2023, con el comercio y la industria como sectores más golpeados.
  • Datos importantes: 480.067 unidades productivas en julio de 2026 frente a 512.357 en noviembre de 2023, un 6,3% menos; 437.611 empleos formales perdidos e inflación interanual del 33,8%.
  • Resumen: El mercado argentino se encoge y eso condiciona a las filiales españolas de banca, energía, turismo y distribución, que vigilan el terreno sin renunciar a él.

Los Reyes reafirman su agenda en Ceuta y Melilla tras presidir el desfile del 12-O

Los Reyes encadenan la Fiesta Nacional con una visita oficial de dos días a Ceuta y Melilla. Será la primera de Felipe VI desde su proclamación y arranca apenas 24 horas después del desfile del 12 de octubre, con las elecciones generales del 29 de noviembre ya en el horizonte.

La agenda, consensuada entre el Gobierno y la Casa del Rey, se reparte entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre con un esquema casi idéntico en ambas ciudades autónomas. Los acompañarán los presidentes Juan Jesús Vivas, en Ceuta, y Juan José Imbroda, en Melilla, además de dos ministros del Ejecutivo en representación del Gobierno.

El viaje que rompe 19 años de espera institucional

No es una visita cualquiera. La última vez que unos Reyes de España pisaron Ceuta y Melilla fue en noviembre de 2007, cuando Juan Carlos I y la reina Sofía completaron un desplazamiento que todavía se estudia en los manuales de política exterior. Casi dos décadas después, Felipe VI y Letizia retoman el recorrido en un escenario sensiblemente distinto.

En Ceuta, la jornada del martes arrancará a las 12:30 horas con la visita al Ayuntamiento, en la Plaza de África. Por la tarde, a las 16:45, los Reyes recorrerán el colegio de educación infantil y primaria Vicente Aleixandre. A las 18:00 participarán en un acto ecuménico de recuerdo a las víctimas que fallecieron en el mar los días 30, y 31 de julio, celebrado en el cementerio musulmán de Sidi Embarak. Cerrarán la jornada, a las 19:00, con un encuentro con la sociedad ceutí en el que el Rey tomará la palabra.

En Melilla el programa será simétrico. Comenzará a las 11:45 con la visita a la Asamblea, seguirá a las 16:15 en el colegio pintor Eduardo Morillas y concluirá a las 17:45 con otro encuentro con la sociedad civil, en el que Felipe VI volverá a intervenir. El gesto no es casual: la Corona replica en las dos orillas del Estrecho el mismo mensaje de continuidad institucional.

En Ceuta y Melilla la Corona no cumple un trámite protocolario: escenifica ante Europa que la defensa de la frontera sur es una cuestión de Estado.

El mensaje de firmeza territorial que ya ha defendido en Europa

El viaje no llega en un momento neutro. Durante la cena de Estado ofrecida el 29 de septiembre al presidente francés, Emmanuel Macron, el Rey calificó de inaceptable la intrusión masiva de personas registrada este verano en Ceuta y advirtió de que constituía un desafío en materia de seguridad, orden público y dimensión humanitaria.

Días más tarde, en la visita de Estado a Finlandia celebrada entre el 5 y el 7 de octubre, Felipe VI introdujo un argumento que Zarzuela viene repitiendo con insistencia: España, como el país nórdico, es frontera exterior de la Unión Europea. Ante el presidente Alexander Stubb defendió la protección de esa frontera una, en singular, y la misma para todos los ciudadanos europeos, y reclamó una respuesta común y solidaria de los socios comunitarios.

12 de octubre 2026

La cita, por si fuera poco, se produce en plena cuenta atrás electoral. Habrá, según ha trascendido, un despliegue de seguridad reforzado: un grupo antidisturbios de la Policía Nacional, agentes de antiterrorismo de la Comisaría General de Información, drones y la propia escolta de la Casa Real. El contexto migratorio añade una dimensión especialmente sensible a un desplazamiento pactado antes del verano.

El pulso diplomático que Rabat ya ha anticipado

Casi dos décadas después de 2007, la geometría diplomática ha cambiado, pero la sensibilidad hacia Rabat no ha desaparecido. Aquella visita de los eméritos provocó una crisis bilateral severa: Marruecos llamó a consultas a su embajador y Mohamed VI calificó el desplazamiento de lamentable, describiéndolo como un acto nostálgico de una era superada.

El viernes 9 de octubre, en su discurso ante el Parlamento marroquí, el monarca alauí reconoció avances en la cooperación con España, sobre todo en la lucha contra la inmigración irregular, pero advirtió de que esa asociación ha llegado a su límite por disposiciones legales obsoletas y decisiones judiciales alejadas de la realidad. Una advertencia a cuatro días de la visita real que conviene leer con la debida atención.

Eso sí, el riesgo diplomático existe y la Casa del Rey lo sabe. Los expertos consultados por EFE subrayan que Rabat puede interpretar el viaje como una reafirmación de soberanía, justo cuando el acuerdo migratorio funciona con dificultades. Por eso el programa se ha cuidado al detalle: actos con la sociedad civil, homenaje a las víctimas del mar y ningún gesto simbólico que eleve la temperatura.

Lo que sigue es la prueba de fuego. La visita se celebrará entre el 13 y el 14 de octubre, con paradas cuidadosamente simétricas y una intención que la Casa del Rey ha verbalizado en privado: subrayar que ambas ciudades son España.

Zarzuela todavía no ha desvelado si habrá otras citas institucionales de calado antes de que acabe el año, pero el calendario apunta a una legislatura intensa marcada por las elecciones del 29 de noviembre. La Corona, mientras tanto, seguirá administrando su papel de árbitro: símbolo de unidad, garante de continuidad y, ahora, vector de un mensaje sobre fronteras que ya no admite lecturas ingenuas.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: primera visita oficial de Felipe VI a Ceuta y Melilla desde su proclamación, con una carga simbólica que enlaza con el desplazamiento de Juan Carlos I y Sofía en noviembre de 2007.
  • El detalle de protocolo: los Reyes replicarán un esquema idéntico en las dos ciudades, con actos de mañana y tarde, presencia de los presidentes autonómicos y ningún gesto que tense la relación con Rabat a cuatro días del discurso de Mohamed VI.
  • Próximos pasos: la Casa del Rey no ha confirmado nuevas citas de calado para las semanas siguientes; la agenda vuelve a mirar al calendario electoral del 29 de noviembre.

El Gobierno de Canarias abre la puerta a regular por ley los precios de los billetes de avión

El Gobierno de Canarias estudia regular los precios de los billetes de avión. El borrador que lo plantea aún no es definitivo.

Se llama Emsican, acrónimo de Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias, y la han elaborado las consultoras Doymo, Alomon y CPS a petición del Ejecutivo autonómico. El texto proyecta el transporte del archipiélago hasta 2050 con 48 medidas y siete objetivos. Entre ellos está la asequibilidad. De ahí sale la medida M7: regulación tarifaria para los residentes.

La medida M7: regular tarifas donde manda el Estado

La propuesta se integra en el bloque de movilidad exterior y se plantea como complemento del descuento estatal del 75%, al que el propio documento se refiere como «elemento central del derecho a la movilidad». Ese porcentaje ya existe: los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla lo disfrutan sobre el precio del billete. La novedad de la M7 es otra. No se trata de subvencionar más, sino de intervenir la tarifa. Canarias tiene además la condición de Región Ultraperiférica (RUP), el estatus que la UE concede a los territorios más alejados del continente.

El documento va más allá. La medida M6 propone crear la Comisión Bilateral Estado-Gobierno de Canarias para la política aeroportuaria, un mecanismo de coordinación para los asuntos de de competencia estatal, como la gestión de los aeropuertos o la declaración de rutas con obligaciones de servicio público. El nudo está en quién firma. El Estado fija las reglas del cielo, Bruselas las de la competencia y el Ejecutivo canario pone el dinero del descuento. Canarias quiere sentarse en esa mesa con voz propia.

La estrategia apuesta también por optimizar las Obligaciones de Servicio Público (OSP) en las rutas interinsulares: fijar tarifas máximas o frecuencias mínimas en los vuelos esenciales para que ninguna isla quede desatendida por criterios de rentabilidad comercial. El texto menciona un billete interinsular único e intermodal, bajo un solo título, que evite el encarecimiento de los transbordos. Es la parte que mira de frente a quien vive en La Gomera, El Hierro o La Palma.

En Canarias, la distancia entre un hospital de referencia y el lugar donde uno vive se mide en euros de billete de avión.

Guaguas eléctricas, puertos y el tren que no se construirá

Estrategia de Movilidad Canarias

La Emsican no se queda en el aire. El coche privado concentra más del 61% de los desplazamientos dentro de las islas, un porcentaje que el informe proyecta al alza: un 64,1% más hasta 2050, hasta 12,9 millones de trayectos diarios. El transporte genera el 42% de las emisiones de gases de efecto invernadero del archipiélago y el objetivo es recortarlas un 84,2% en 2040. Y una cifra lo explica todo: el 31,7% del consumo energético de las islas procede de derivados del petróleo importado. Canarias quiere moverse sin depender del crudo que no tiene.

De ahí la apuesta por electrificar las guaguas —los autobuses, en el habla de las islas—, descarbonizar puertos y aeropuertos, impulsar los combustibles sostenibles de aviación (los SAF) y habilitar carriles BUS-VAO, reservados a vehículos de alta ocupación, antes que redes ferroviarias de alta capacidad. También hay decisiones incómodas. Frente al nuevo Puerto de Fonsalía, en Guía de Isora, el documento prioriza optimizar los accesos al puerto de Los Cristianos. Frente a nuevas pistas, mejorar las terminales.

El marco no será solo una estrategia. El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó en su reunión de la semana pasada el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, un texto que reconoce el derecho ciudadano a la movilidad sostenible y que ahora deberá iniciar su tramitación en el Parlamento de Canarias, la cámara unicameral de 70 escaños.

La norma llegará antes que la Emsican, todavía en fase de tramitación: el Ejecutivo ha elaborado el Documento Inicial Estratégico para arrancar la evaluación ambiental, y el texto prevé alinearse con los planes de movilidad urbana de los municipios de más de 50.000 habitantes.

El Pulso Territorial

Canarias gobierna en coalición. Coalición Canaria y el PP comparten desde 2023 un Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, con una mayoría ajustada en el Parlamento que obliga a pactar cada votación sensible. Cualquier norma que toque precios tendrá que pasar por esa cámara, con las elecciones autonómicas de 2027 en el horizonte. Y el marco general lo pone otro: Canarias y Baleares, junto a Ceuta y Melilla, son los cuatro territorios con descuento de residente del 75% en el transporte aéreo. Ninguno comparte esa combinación de insularidad y precio subvencionado.

El documento dibuja un archipiélago que no va a dejar de volar: la Emsican estima un crecimiento del 74,94% en el tráfico aéreo de viajeros hasta 2050. Ese dato sostiene la estrategia y también su mayor contradicción. Se quiere volar más y pagar menos, con una tarifa que hoy fija la aerolínea. Ahí asoma la incertidumbre jurídica: una comunidad autónoma no puede tocar por sí sola el precio de un billete en un mercado liberalizado.

Lo que sí está en su mano es el calendario normativo. Aprobar la ley de movilidad, impulsar la comisión bilateral con el Estado y convertir la Emsican en normas cuando acabe la evaluación ambiental. Los próximos meses dirán si la puerta abierta se convierte en una ventana real o se queda en un gesto. Por ahora, el precio del billete lo sigue decidiendo otro.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Gobierno de Canarias tramita la Emsican, la estrategia que proyecta el transporte del archipiélago hasta 2050 y contempla regular las tarifas aéreas de los residentes.
  • Datos importantes: 48 medidas y siete objetivos; la M7 plantea la regulación tarifaria y la M6, una comisión bilateral con el Estado. El 31,7% de la energía de las islas procede del petróleo y el tráfico aéreo crecerá un 74,94% hasta 2050.
  • Resumen: La estrategia sigue en tramitación y el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible inicia su camino en el Parlamento de Canarias. Regular el precio de los billetes exigiría acuerdos con el Estado y con la UE.

Marruecos y la visita real a Ceuta y Melilla: el precedente de 2007 que marcó el protocolo

La visita de Felipe VI y la Reina Letizia a Ceuta y Melilla, prevista para los días 13 y 14 de octubre, reactiva un precedente que Zarzuela conoce al detalle. En noviembre de 2007, Juan Carlos I y Sofía pisaron por primera vez las dos ciudades autónomas y Rabat respondió con la llamada a consultas de su embajador en Madrid.

Aquella cita se vendió como la respuesta a una reclamación histórica de los vecinos. Fue, además, la primera visita oficial de unos Reyes de España a Ceuta y Melilla. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la presentó como un acto de normalidad institucional, tres días antes de que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega asegurara que las relaciones con Marruecos eran ‘extraordinarias’ y descansaban en el ‘afecto sincero y el respeto mutuo.

El precedente de 2007 y la llamada a consultas del embajador

Las palabras no tardaron en quedar desmentidas. Rabat llamó a consultas a su embajador en Madrid, Omar Azziman, por un ‘período indeterminado’. El Ministerio de Exteriores marroquí, en un comunicado difundido por la agencia oficial MAP, calificó la visita de ‘lamentable’ y recuperó el término de ‘ciudades ocupadas’ para referirse al territorio español.

No hubo improvisación. Desde el momento en que se anunció el viaje, la prensa marroquí calentó el debate social y desde Rabat se expresó un ‘profundo lamento y rechazo’, con una petición expresa: que los Reyes renunciaran a la visita. Al comprobar que Juan Carlos I y Sofía mantenían el plan, llegó la llamada a consultas. El 7 de noviembre, el propio Mohamed VI entró en la polémica.

Ante lo que describió como ‘un acto nostálgico y de una era sombría y superada’, el soberano alauí exigió a las autoridades españolas que asumieran ‘su responsabilidad’ por las consecuencias del viaje. En esos mismos días se registraron manifestaciones en la frontera de Melilla, en concreto en Beni Enzar, contra la presencia de los Reyes.

El protocolo de una visita real a Ceuta y Melilla nunca es solo protocolo: cada gesto se lee en Rabat como una posición de Estado.

Ceuta, Melilla y la insistencia de los Reyes ante el Gobierno

Casi dos décadas después, el escenario ha cambiado, pero la carga simbólica permanece intacta. Los Reyes habían insistido al Gobierno de Pedro Sánchez en su interés por viajar a las dos ciudades autónomas tras el asalto masivo que sufrió Ceuta el pasado mes de julio. Felipe VI se ha referido en varias ocasiones a aquella situación. La última, desde Finlandia.

Durante el discurso de la cena de Estado ofrecida por el presidente finlandés, Alexander Stubb, el Rey advirtió de que ‘las amenazas, vengan de donde vengan y tengan la intencionalidad que tengan’, afectan por sí solas a la totalidad de los Estados miembros. Una formulación que, en clave diplomática, apuntaba a la presión migratoria sobre la frontera sur española sin nombrarla.

precedente 2007 Ceuta

Desde Rabat, de momento, no se ha generado demasiado ruido. Más allá de algún titular provocativo en la prensa local, el viaje no ha provocado la respuesta institucional que sí desencadenó el de 2007. Eso sí, el pasado viernes, en su discurso de apertura del año legislativo ante el Parlamento, Mohamed VI advirtió de que la relación entre ambos países nunca debe ser objeto de ‘presión, amenaza ni chantaje’.

El pulso diplomático que condiciona la agenda de Zarzuela

La visita a Ceuta y Melilla es una decisión de agenda con lectura de Estado. A diferencia del viaje de 2007, que se presentó como respuesta a una demanda local, la cita de octubre de 2026 llega marcada por un contexto migratorio que ha convertido la frontera sur en un asunto de seguridad nacional para la Unión Europea. La Casa del Rey ha medido cada paso con el Gobierno, consciente de que cualquier gesto se interpreta en Rabat como una toma de posición sobre el estatus de las ciudades autónomas.

Aquí late un reto que Zarzuela no puede esquivar. La Corona necesita visibilizar su presencia en el territorio sin alimentar una crisis diplomática con Marruecos, socio imprescindible en el control de la inmigración irregular y en la cooperación antiterrorista. El equilibrio es delicado: la misma visita que consolida el vínculo institucional con Ceuta y Melilla puede tensar una relación bilateral que ambos gobiernos llevan años intentando normalizar.

Hay precedentes que invitan a la prudencia. En 2007, la respuesta marroquí llegó en apenas 48 horas y obligó a la diplomacia española a gestionar una crisis sobrevenida en pleno puente de noviembre. Esta vez, la diferencia es que Rabat ya conoce la visita con antelación y ha optado por no escalar. No obstante, el discurso de Mohamed VI el viernes pasado deja una puerta abierta: la advertencia sobre la presión, la amenaza, y el chantaje funciona como recordatorio de que el margen de maniobra tiene límites.

Felipe VI ha convertido la presencia en las dos ciudades autónomas en una cuestión de coherencia institucional. Tras meses de insistencia, el viaje de los días 13 y 14 de octubre pondrá a prueba la capacidad de la Corona para sostener una agenda propia sin dañar los equilibrios exteriores del Estado. El precedente marca el terreno. La respuesta de Rabat, esta vez, se sabrá en cuestión de días.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, prevista para los días 13 y 14 de octubre, es la primera de Felipe VI a las dos ciudades autónomas y llega tras el asalto migratorio de julio.
  • El detalle de protocolo: el viaje se produce un día después del desfile del Día de la Hispanidad en Madrid, lo que refuerza su lectura de continuidad institucional en plena agenda de Estado.
  • Próximos pasos: la Casa del Rey no ha detallado el programa oficial de la visita. La incógnita es si Rabat mantendrá su silencio actual o replicará la llamada a consultas de 2007.

Trump nombra a Katie Bailey jefa de enlace legislativo de la Casa Blanca a un mes de las midterms

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EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Casa Blanca ha nombrado a Katie Bailey directora de la Oficina de Asuntos Legislativos, el departamento que convierte la agenda de Donald Trump en votos dentro del Congreso.
  • ¿Quién está detrás? El presidente le ofreció el ascenso el viernes y Bailey, hasta ahora directora adjunta, lo aceptó. Sustituye a James Braid, que dejó el puesto en septiembre.
  • ¿Qué impacto tiene? El movimiento llega a menos de un mes de las midterms, con el control de la Cámara y el Senado en juego y buena parte de la agenda legislativa de Trump todavía pendiente.

Donald Trump ha nombrado a Katie Bailey nueva jefa del enlace legislativo de la Casa Blanca, a un mes de las midterms.

Qué cambia en el puente entre la Casa Blanca y el Capitolio

Bailey asumirá la dirección de la Oficina de Asuntos Legislativos, el engranaje que traduce las prioridades del presidente en votos dentro del Congreso. Trump le ofreció el ascenso el viernes y ella lo aceptó, según adelantó el Washington Examiner. Hasta ahora ocupaba el puesto de asistente especial del presidente y directora adjunta del mismo departamento.

Su currículum es de casa: fue directora legislativa del senador Mike Braun, el republicano de Indiana, durante sus seis años en el Senado, hasta enero de 2025, cuando Braun ganó las elecciones a gobernador del estado. Antes trabajó con el fallecido senador Tom Coburn, de Oklahoma, y en el Comité de Supervisión de la Cámara durante la administración de Barack Obama.

Llega tras la salida en septiembre de James Braid, el hombre que coordinó la mayoría estrecha en en ambas cámaras para sacar adelante la agenda de Trump. Su marcha, poco explicada entonces, forma parte de una serie de salidas de altos cargos de la Casa Blanca a medida que se acercaban las elecciones. La más visible fue la de la portavoz Karoline Leavitt, relevada el mismo viernes por Katie Zacharia, comentarista conservadora y asesora de comunicación de Trump Media and Technology Group.

La agenda que espera en la Cámara y el Senado

Sobre la mesa de Bailey quedan varios textos que la Casa Blanca quiere aprobar: la SAVE America Act, la Sunshine Protection Act, la Protect College Sports Act y la denominada ‘Reconciliation 3.0’, un nuevo paquete de reconciliación presupuestaria (el procedimiento que permite sacar leyes fiscales con solo 51 votos en el Senado, esquivando el filibusterismo). El vicepresidente JD Vance atribuyó a Braid un papel ‘crítico’ en los logros legislativos de la administración, desde la mayor rebaja fiscal de la historia hasta la primera ley cripto.

Cada cita electoral redefine quién legisla en Washington y con qué margen: por eso el puente con el Capitolio pesa más que cualquier organigrama.

El calendario no ayuda. Tanto la Cámara como el Senado están fuera de sesión hasta el día de las elecciones y volverán en una sesión de pato cojo a mediados de noviembre. Antes, el speaker Mike Johnson mandó a la Cámara a un receso anticipado, y el congresista saliente Thomas Massie presentó artículos de impeachment contra el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Trump, mientras, prepara una gira por diez estados en la recta final.

Si los demócratas se hacen con alguna de las dos cámaras, el presidente tendría que negociar su agenda con los líderes demócratas y someterse a una supervisión del Congreso mucho más dura. De ahí la urgencia por afinar el mensaje y tener un enlace fiable con el Capitolio.

La Lógica de Washington

El movimiento se entiende mejor desde dentro: no es un simple relevo administrativo, sino una pieza de la maquinaria legislativa y electoral que la Casa Blanca quiere tener engrasada antes de noviembre. La Oficina de Asuntos Legislativos es el puente entre el Despacho Oval y el Capitolio; cuando cambia su dirección, cambia también el estilo con el que la Casa Blanca cuenta votos. Hay precedente: en 2010, el responsable de la Oficina de Asuntos Legislativos con Obama, Phil Schiliro, gestionó la recta final de la reforma sanitaria. La historia de este despacho es la de presidentes que necesitan números, no discursos.

La coalición que sostiene la estrategia republicana es la misma mayoría estrecha que llevó a Trump a la Casa Blanca: un grupo donde cada voto cuenta y donde el enlace legislativo es, literalmente, quien los suma. El electorado de Trump quiere resultados visibles —frontera, impuestos, energía— y la oficina está diseñada para entregárselos antes de que lleguen las urnas.

Para España, la lectura es indirecta pero relevante. Quien controle el Congreso a partir de enero decidirá el ritmo de las leyes fiscales y de la agenda comercial de Estados Unidos, y con ella el tono del pulso arancelario con Bruselas que afecta a exportadores españoles de aceite de oliva, vino, vehículos y maquinaria, y a compañías como Inditex, Iberdrola o Santander con intereses al otro lado del Atlántico. Un enlace eficaz ayuda a mover esas piezas; una mayoría hostil las bloquea.

La próxima ventana clave es la sesión de pato cojo de mediados de noviembre, con ‘Reconciliation 3.0’ como prueba de fuego. Antes, el primer martes de noviembre, las urnas decidirán quién ocupa los escaños que Bailey tendrá que contar. La incógnita es real: los índices de aprobación del presidente siguen bajos y el margen republicano, mínimo.

Ficha del Caso

  • El caso: La Casa Blanca coloca a Katie Bailey al frente de la Oficina de Asuntos Legislativos, el departamento que gestiona las relaciones con el Congreso y mueve la agenda de Trump por el Capitolio.
  • Datos clave: Nombramiento anunciado un viernes, a menos de un mes de las midterms, tras la salida de James Braid en septiembre. Pendientes: SAVE America Act, Sunshine Protection Act, Protect College Sports Act y ‘Reconciliation 3.0’.
  • Para España: El resultado de las midterms y la capacidad de la Casa Blanca para legislar marcarán el tono de la agenda fiscal y comercial de EE. UU. hacia la UE, con impacto en exportadores y empresas españolas.