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El camionero de origen luso Carlos José de S.P. que en mayo de 2017 se vio implicado en un accidente registrado en Cabezón de Pisuerga, con hasta siete vehículos afectados y con el resultado de dos personas fallecidas, madre e hija, y otras siete personas lesionadas, cinco de ellas de gravedad, se ha conformado con una condena de dos años de cárcel, frente a los tres que pedía el fiscal del caso.

La conformidad se ha circunscrito a la responsabilidad penal, que no civil, y ha tenido por escenario este martes el Juzgado de lo Penal 3 de Valladolid, donde el transportista ha pactado dos años de privación de libertad, a razón de un año por cada una de las víctimas mortales, por delitos de homicidio por imprudencia grave, junto con el pago de multas por importe global de 900 euros (seis meses de multa, con una cuota diario de 5 euros) por cada uno de cinco delitos de lesiones por imprudencia grave, y la retirada del carné de conducir durante siete años, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

No ha habido, sin embargo, acuerdo con respecto al pago de las indemnizaciones, que el fiscal eleva a más de 354.000 euros para la familia de las dos víctimas mortales y otras cantidades a mayores por los desperfectos causados a los vehículos afectados, de ahí que será finalmente el juez el encargado de determinar la responsabilidad civil por el trágico siniestro.

EN UN TRAMO SEÑALIZADO POR OBRAS

El accidente se produjo sobre las 17.00 horas del día 16 de mayo de 2017 en la carretera A-62 (Burgos-Portugal), a la altura del kilómetro 113, sentido Burgos, dentro del término vallisoletano de Cabezón de Pisuerga, en una vía en obras debidamente señalizada.

En ese momento se encontraban parados distintos vehículos en la carretera y el camionero, al volante de un tracto camión marca Iveco, bien por «desatención o distracción profunda», frenó de forma insuficiente y colisionó con la furgoneta conducida por José Ignacio H.R. y ocupada por sus dos hermanos, Jesús María y María Begoña, y la madre de todos ellos, Josefa R.P, con el fallecimiento de estas dos últimas, de 52 y 78 años, respectivamente, la primera en el acto y la segunda seis días después.

Además de las graves lesiones sufridas por los dos varones, otras tres personas más sufrieron heridas graves y dos más de carácter leve, ya que tras el primer coche entre el camión y la furgoneta en la que viajaban las dos víctimas mortales se sucedieron otros en cadena con otros seis turismos más.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este martes que existe una «situación complicada» en el PP de Madrid ante la celebración de su próximo congreso, si bien ha puntualizado que ella no busca «hiperliderazgos», y ha añadido que está convencida de que «todo acabará bien».

«La situación es complicada, es evidente, pero lo importante es mirar hacia adelante. Pero va a acabar bien, porque estoy trabajando de la misma manera, centrada en la Comunidad, dándole a mi partido amplias mayorías, y dando sensatez y resultados, empleo, bajar impuestos. Si sigo así, todo acabará bien», ha manifestado ante los periodistas a su llegada a la plaza de la Almudena para asistir a la misa en honor a la patrona de la capital.

Díaz Ayuso ha señalado que ella «nunca» ha pretendido hiperliderazgos, y en este punto ha precisado que «siempre» hay que ceder «todos» para lograr un entendimiento. En este punto ha dado a conocer que habla «prácticamente todos los días con los dirigentes» de su partido.

Sobre su relación con el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, Ayuso la ha calificado de «muy buena» y ha hecho hincapié en que ambos trabajan «por el bien de Madrid», cada uno en su Administración. «Tenemos muy buena relación y entendimiento», ha remachado a renglón seguido.

Ha reiterado que «siempre» ha manifestado lo mismo sobre el congreso del PP madrileño, esto es, «que se celebre cuando decida la nacional». «Soy respetuosa, creo que es mejor para todos que se celebre pronto», ha añadido.

Así, ha señalado que «cuando llegue la fecha», dará el paso adelante «con alegría, ilusión», queriendo «unir la casa» y llevarla a «amplias mayorías». «No he dicho otras cosa, soy respetuosa con los tiempos, quiero unidad, y solo desde esta posición se puede conseguir, sin imponer, y sin decir nada más. Si buscan en mis declaraciones no encontrarán otras cosas», ha explicado.

Isabel Díaz Ayuso ha manifestado su «ilusión» por dar «este paso», si bien se encuentra centrada en la gestión de la Comunidad de Madrid. «Somos una verdadera alternativa para España. Todo lo que no sea unirnos, es ir en detrimento de intereses de madrileños», ha concluido.

El Congreso prevé impulsar antes de fin de año la proposición de ley registrada por el PSOE y Unidas Podemos para derogar el voto rogado que desde 2011 se exige a los españoles residentes en el extranjero y que ha supuesto un desplome en la participación de los emigrados en las elecciones generales y autonómicas.

Se trata de una iniciativa que los dos socios en el Gobierno registraron el pasado mes de febrero y que fue tomada en consideración tan sólo dos semanas después, con el apoyo, entre otros, del PP. Desde entonces la propuesta está congelada debido a las sucesivas prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas parciales.

Sin embargo, los dos grandes partidos están decididos a poner fin a los problemas que el voto rogado viene acarreando desde 2011, cuando se introdujo esta condición en la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), impulsada por PP y PSOE con el apoyo del PNV y CiU.

Pero, antes de comenzar a presentar las enmiendas parciales al articulado de la iniciativa del PSOE y Unidas Podemos, quieren que desfilen por la subcomisión electoral creada en el seno de la Comisión Constitucional una serie de expertos para que arrojen luz a los grupos parlamentarios.

MAÑANA CONCRETARÁN NOMBRES

Es por ello que la subcomisión electoral tiene previsto reunirse este miércoles para poner en común los nombres y concretar los comparecientes a los que llamar hasta antes de que finalice el año, según confirmaron fuentes parlamentarias.

La idea inicial no es citar a un número muy elevado de comparecientes pero sí a aquéllos que puedan detallar a sus señorías las deficiencias del sistema del voto rogado o los problemas que se registran en la Administración y sugieran algunas posibles soluciones para que el procedimiento sea garantista y facilite la participación en los procesos electorales de los nacionales en el extranjero.

El Congreso ya abrió en mayo de 2017 una subcomisión que se encargaría de estudiar posibles cambios en la LOREG y la supresión del voto rogado fue de uno de los asuntos que más consenso suscitó de entrada entre los grupos parlamentarios. Meses después, la subcomisión llamó a varios expertos en el voto exterior para ilustrar a sus señorías sobre las posibles alternativas al voto rogado.

Con Pedro Sánchez en La Moncloa, el trabajo de la subcomisión se aceleró y el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, llegó a remitir al Congreso un informe que recogía algunas de las ideas planteadas en este sentido por los grupos.

LAS IDEAS DE PSOE Y UNIDAS PODEMOS

Sin embargo, las dudas expresadas por el PP ante la falta de garantías de las ‘recetas’ de Borrell llevó a PSOE y Unidas Podemos a registrar una proposición de ley con el grueso de las mismas, pero el adelanto de las elecciones del 28 de abril de 2019 frustró que ésta fructificara. Es por ello que socialistas y el grupo confederal resucitaron su proposición de ley y ahora el Congreso pretende darle un impulso.

En su iniciativa, PSOE y Unidas Podemos plantean que la descarga telemática de la papeleta permitirá adelantar los plazos de envío de la documentación electoral, facilitando así su recepción en plazo. También pauta ampliar de tres a siete días de los plazos para el depósito del voto en urna y mantiene la posibilidad de enviar el voto por correo postal a la Oficina Consular correspondiente en caso de que el elector no pueda acudir a votar en la dependencia habilitada.

Además, se amplía el plazo para la apertura de los votos emitidos desde el extranjero de tres a cinco días, retrasando en el mismo intervalo el plazo del escrutinio general, algo «imprescindible» si se quiere que «el esfuerzo de participación democrática de los conciudadanos en el extranjero sea tomado en consideración».

COMPARECENCIA DE OTROS ASUNTOS EN 2022

Una vez celebre las comparecencias relativas al voto rogado, la subcomisión electoral tendrá que acordar a qué expertos cita para tratar los demás asuntos que quieren tratar, pero eso será ya en 2022.

La idea es buscar fórmulas para regular las mociones de censura en los ayuntamientos con el objetivo de garantizar la estabilidad municipal y evitar el fenómeno del transfuguismo, regular los debates electorales, garantizar el ejercicio de sufragio sin menoscabar el derecho a la protección de la salud, instaurar las listas cremallera, mejorar la proporcionalidad del sistema electoral o abrir el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a jóvenes de 16 y 17 años.

ERC quiere endurecer en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) los tramos más altos en el IRPF a las rentas del ahorro, rebajar el IVA a productos de higiene femenina, servicios veterinarios, productos culturales y actividades deportivas, y una batería de incentivos fiscales dirigidos a la compra de vehículos eléctricos.

Así consta en las enmiendas de esta formación con la que el Gobierno aspira a aprobar sus nuevas cuentas en el Congreso.

En sus enmiendas, ERC plantea elevar los tipos aplicados a las rentas del ahorro en el IRPF y crear un nuevo tramo para aumentar su progresividad.

Actualmente, el ahorro está gravado al 13% a partir de los 200.000 euros en el IRPF, un tipo que ERC propone empezar a aplicar a partir de ahorros superiores a los 100.000 euros, y elevar la tributación al 15% a partir de los 300.000 euros.

Con ello, esgrime esta formación en su enmienda, se aumentaría la progresividad del IRPF, al tener en cuenta que los rendimientos procedentes del ahorro son mayores según aumenta la renta de los contribuyentes.

Así, según estadísticas del IRPF en 2018 publicadas por la AEAT recogidas por ERC, en España los contribuyentes con una base imponible superior a 60.000 euros representan el 4% de contribuyentes del IRPF y acumulan el 74% de la base imponible ahorro. Sin embargo, lamentan, la base ahorro está gravada con tipos impositivos más bajos que la base general, presentando los contribuyentes con rentas superiores a los 600.000 euros un tipo medio inferior al tramo anterior (entre los 150.000 y 600.000 euros).

En el IVA, ERC defiende rebajar el tipo al 4% para productos de higiene femenina (enmienda registrada conjuntamente con EH-Bildu), pero también a productos culturales (entradas a museos, galerías de arte, cines, teatros, conciertos y demás espectáculos culturales en vivo); el de actividades físicas; pañales, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día o de noche y residencias.

Al 10% proponen bajar el IVA de servicios veterinarios, peluquerías y barberías, así como productos específicos para celíacos. También plantean eximir el IVA el excedente del autoconsumo hasta 15kW, y que este excedente tribute por IRPF para aligerar cargas tributarias, y prorrogar la exención del IVA en la compra de mascarillas.

REBAJAS AL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Otras propuestas de ERC a estos Presupuestos de 2022 suponen un conjunto de desgravaciones al vehículo eléctrico, con una reducción del 75% en el IRPF de la retribución en especie derivada de la cesión de uso de vehículos eléctricos de batería (BEV), de autonomía extendida (E-REV) o híbrido enchufable (PHEV).

También permitir deducciones en el IRPF del 15% por la compra de vehículos eléctricos, turismos o comerciales, hasta 4.000 euros por vehículo, y de hasta el 50% del IRPF por cantidades satisfechas para instalar infraestructuras de recarga.

Otra ventaja fiscal es no integrar en la base imponible del IRPF las ayudas a compras al vehículo eléctrico del Plan Moves III, y en el Impuesto sobre Sociedades deducir hasta el 10% de las inversiones para adquirir vehículos de bajas emisiones, y del 50% de las realizadas para el suministro de combustibles alternativos para estos vehículos.

Finalmente, quieren habilitar una bonificación de hasta el 100% (actualmente se permite hasta el 75%) para posibilitar exenciones a vehículos eléctricos e híbridos enchufables en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, dentro de la Ley de Haciendas Locales.

VALES DE COMIDA, I+D+i Y LOS PLANES DE EMPRESA

La batería de incentivos y rebajas también abarca las deducciones por I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades, en la cual plantean flexibilizar sus requisitos (eliminando, por ejemplo, la cláusula de mantenimiento de plantilla durante dos años), los vales de comida, con deducciones de hasta el 15% del importe global entregado.

Otra desgravación es la posibilidad de bonificar hasta el 90% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para familias con un solo progenitor, y que autónomos y empresarios y trabajadores de pymes puedan alcanzar el nivel de desgravaciones para planes de empresa en sus aportaciones a planes privados.

SUBIDAS DE IMPUESTOS A BANCA, JUEGO ‘ONLINE’ Y TÍTULOS DE NOBLEZA

En el lado opuesto, ERC plantea subidas de impuestos a la banca con un aumento del 0,03% al 0,05% en la cuota del Impuesto sobre Depósitos en las entidades de crédito, del 20% al 30% a la fiscalidad aplicada al juego para operadores de apuestos y juego ‘online’ y a la tasa para transmisiones y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios, que proponen multiplicar por diez en todos los casos.

Otras propuestas fiscales pasan por ceder el 50% de la ‘tasa Google’, el Impuesto sobre determinados servicios digitales a las comunidades autónomas, y rebajar la subvención a la Iglesia Católica, dejando en el 0,5% la actual casilla del 0,7% en la declaración del IRPF.

FONDOS DE COMPENSACIÓN POR EL IMPUESTO SOBRE PLUSVALÍA

Finalmente, ERC propone un fondo extraordinario para compensar las pérdidas en las arcas municipales por la anulación por parte del Tribunal Constitucional del Impuesto sobre plusvalía, así como otro fondo que compensa posibles pérdidas de ingresos con el nuevo método de cálculo, que se incorporaría a las entregas a cuenta.

Asimismo, plantea la creación de un mecanismo extraordinario de financiación sin intereses a ayuntamientos que tuvieran necesidades derivadas de la pérdida imprevista de ingresos este año por el fin de este impuesto.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha sostenido este martes que los presupuestos autonómicos para 2022 son la respuesta del Ejecutivo a la subida de precios de la luz, el gasoil, las materias primas y otros suministros, ya que son «un presupuesto social y de crecimiento económico».

Así se ha expresado Armengol en respuesta a una pregunta del portavoz del PP, Antoni Costa, durante el pleno del Parlament. La presidenta ha asegurado que el aumento de la inflación es un tema que «preocupa y ocupa» al Govern.

En este punto, la mandataria balear ha señalado que la subida generalizada de la inflación está vinculada al incremento en los precios de la luz, y en este sentido ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno estatal para atajar este problema, a las que el PP «se ha opuesto», ha remarcado.

Armengol ha mantenido que el Govern «ha trazado un escudo social» para la población y ha emplazado al PP a «comenzar a trabajar en serio en beneficio de las islas».

Por su parte, Costa ha considerado que la «situación idílica» descrita «no se corresponde con la realidad» y ha dicho que Armengol «sale muy poco a la calle».

Así, el PP ha advertido a la presidenta de que Baleares tiene «la vivienda más cara de España» y es la Comunidad «más cara para la cesta de la compra». También ha alertado por los precios de la luz, el gasoil o la paralización de proyectos de construcción por el encarecimiento de las materias primas.

En esta línea, Costa ha instado a Armengol a «compensar la subida de precios bajando impuestos» y a trabajar por que salga adelante la parte fiscal del Régimen Especial de Baleares. «Póngase las pilas, porque quedarse de brazos cruzados no es una opción», ha concluido el ‘popular’.

EH Bildu ha registrado una proposición de ley en el Parlamento Vasco con el fin de «poner coto» a las denominadas ‘puertas giratorias’ entre la política y las empresas privadas, las cuales también se verían afectadas por las medidas y sanciones contempladas en esta iniciativa.

La proposición de ley de EH Bildu, presentada este martes en una rueda de prensa por Maddalen Iriarte y Josu Estarrona, también contempla la creación de un organismo independiente que se encargaría de analizar los casos de exdirigentes institucionales o políticos que pretendan acceder a puestos de responsabilidad en la empresa privada.

Iriarte ha subrayado que el de las ‘puertas giratorias’ «no es un fenómeno nuevo», ya que siempre ha habido cargos «de determinados partidos» que «han dado el salto» a consejos de administración de grandes compañías.

La portavoz de EH Bildu en la Cámara autonómica ha destacado que estas grandes empresas fichan a expolíticos «para aprovechar sus contactos y experiencia a cambio de una jugosa retribución».

Este –según ha advertido– es un modelo de relación entre política y empresa «que entraña un grave peligro de supeditar el poder político al económico».

«RED CLIENTELAR DEL PNV»

La coalición pretende plantear «soluciones» a este problema, por lo que ha optado por presentar esta iniciativa con el fin de acabar con las ‘puertas giratorias’, de las que ha afirmado que constituyen «una pieza más en la red clientelar que el PNV ha construido durante años».

Iriarte ha precisado que EH Bildu no se opone al «legítimo» tránsito entre la política y el sector privado, pero ha precisado que este proceso debe estar «regulado y limitado» por un principio de «higiene democrática y responsabilidad política».

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha recordado que en el último pleno de control, el lehendakari, Iñigo Urkullu, reclamó a la coalición que, más allá de criticar, planteara «mejoras» a la actual regulación sobre el tránsito entre política y empresa.

«Recogemos el guante», ha afirmado Iriarte, que ha precisado que la proposición de ley de su grupo pretende, precisamente, reforzar los controles sobre los «comportamientos irregulares» en el acceso de la política al sector privado o viceversa.

La representante de la coalición ha recordado, en todo caso, que cuando su grupo presentó una proposición de ley para crear una oficina anticorrupción, el Gobierno Vasco se negó a tramitarla en el Parlamento. «Esperemos que ahora la respuesta sea diferente», ha añadido.

Por su parte, Estarrona ha explicado que el texto de EH Bildu, que consta de 28 artículos, plantea medidas para «fortalecer los mecanismos de control» y para «poner coto» a las ‘puertas giratorias’.

De esa forma, se pretende mejorar la regulación de los conflictos de intereses de exdirigentes políticos o institucionales que pretenden acceder a cargos en la empresa privada, la cual –según ha dicho– también se vería afectada por las medidas y sanciones contempladas en la iniciativa.

PERIODO DE CARENCIA

Estarrona ha subrayado que la ley que propone EH Bildu «blinda» y otorga «rango de objeto de ley» al periodo de carencia de dos años, es decir, el tiempo que –según la normativa actual– ha de transcurrir desde que un cargo público abandona el sector privado para acceder a un puesto de responsabilidad en la empresa privada.

Además, la coalición propone que los ex diputados generales y los exalcaldes no puedan formar parte del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP).

A través de esta propuesta de ley, se plantea la creación de un órgano independiente que velaría por el cumplimiento del código ético del Gobierno Vasco. Este órgano sustituiría a la actual Comisión Ética, integrada –según ha recordado Estarrona– por cargos políticos.

Estarrona ha destacado la importancia de que con esta ley, se extienda el «foco» del control, que hasta ahora estaba limitado a las instituciones públicas, a las propias empresas privadas que contratan a antiguos políticos.

El parlamentario ha explicado que lo que propone EH Bildu es «exigir el cumplimiento» de esta ley a las empresas domiciliadas en Euskadi, que también se verían afectadas por el régimen sancionador contemplado en la normativa.

Estarrona ha reconocido que lo que plantea su grupo en este sentido puede ser «mejorable» y que «se podrá desarrollar en mayor o menor medida», pero ha destacado la necesidad de actuar también en este ámbito para acabar con las ‘puertas giratorias’.

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha rechazado que los jeltzales «teatralicen» en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y ha reiterado su disposición a los acuerdos siempre que redunde en beneficio de Euskadi. «Seguiremos poniendo nuestros votos en Madrid para seguir trayendo lo que es nuestro», ha señalado, para subrayar que parte del Estatuto está todavía «retenido».

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Atutxa ha recordado que los jeltzales ya mostraron su voluntad a negociar las cuentas estatales «con sinceridad» al no presentar enmienda a la totalidad.

En todo caso, ha asegurado que hubo «muchas dificultades» hasta el último momento en esa negociación en la que se llegó a un acuerdo, que incluye el traspaso de la transferencia íntegra del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y ha rechazado las acusaciones de «teatralización permanente del PNV».

Además, ha lamentado que el partido que gobierna en el Estado, sea el que sea, siempre «esté negociando el cumplimiento de una Ley como el Estatuto», lo que ha calificado de «barbaridad».

En cuanto al IMV, ha destacado que ya estaba acordado su traspaso para materializarlo en octubre del año pasado. «Seguiremos, en cualquier caso, poniendo seis votos en Madrid a disposición de poder seguir trayendo lo que es nuestro. No nos están concediendo algo, es que lo tienen todavía retenido, por decirlo de alguna manera, porque el Estatuto ya está aprobado», ha destacado.

También se ha referido al calendario de transferencias comprometido por el Gobierno de Pedro Sánchez, para señalar que la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, y el vicelehendakari primero del Ejecutivo Vasco, Josu Erkoreka, mantienen «una relación fluida» para que se cumpla, aunque ha recordado que ha habido ya retrasos. «Yo espero que no haya más aplazamientos porque hemos podido entender algunos por el tema covid, pero ¡ya vale!», ha dicho.

Itxaso Atutxa se ha referido también al acuerdo alcanzado por el PSOE y Unidas Podemos para presentar enmiendas a la Ley Mordaza y ha indicado que «estaba siendo muy escandaloso» que los partidos del Gobierno retrasaran la tramitación de la reforma de la esta norma, impulsada por el PNV.