Crisis del plátano de Canarias: los precios en origen caen a 0,76 euros/kilo y el sector alerta de venta con pérdidas

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El precio en origen del plátano de Canarias cayó a 0,76 euros/kilo en la semana 27, por debajo del umbral de rentabilidad.
  • ¿Quién está detrás? Los datos del Ministerio de Agricultura (MAPA) y el comercializador Bonora confirman la caída, con proyección de 0,60 euros para la semana 28.
  • ¿Qué impacto tiene? Los agricultores venden con pérdidas generalizadas; la interprofesional Asprocan impulsa la exportación a Marruecos y la donación al Banco de Alimentos como medidas de emergencia.

El precio en origen del plátano de Canarias ha caído hasta los 0,76 euros por kilo en la semana 27, por debajo del umbral de rentabilidad que se sitúa entre 0,70 y 0,80 euros.

La caída de precios amenaza con profundizarse

Según el Informe Semanal de Coyuntura del MAPA, correspondiente a la semana 27 (del 29 de junio al 5 de julio de 2026), el valor medio en origen se desplomó un 17% respecto a la semana anterior, cuando marcaba 0,91 euros. La caída coloca a los plataneros en venta con pérdidas, ya que los costes de producción oscilan entre los 0,70 y los 0,80 euros por kilo, sin contabilizar aún la ayuda europea del Posei —de hasta 0,34 euros por kilo—.

Las previsiones para la semana 28, que abarca del 6 al 12 de julio, son aún más sombrías. Fuentes del sector consultadas por Moncloa.com apuntan a que el precio medio podría rondar los 0,60 euros, lo que supondría pérdidas generalizadas para toda la fruta comercializada en la Península. El escenario evoca el verano de 2025, cuando el precio se hundió hasta los 0,40 euros.

La combinación de una demanda débil en el mercado peninsular durante el periodo estival y una producción elevada en las islas explica el colapso. Actualmente, los envíos semanales se mantienen en torno a los 5,5 millones de kilos, mientras que la marca de embarque para la semana 29 asciende a 5,58 millones de kilos.

Las medidas de emergencia: exportación a Marruecos y Banco de Alimentos

Ante este escenario, la interprofesional Asprocan ya ha aprobado apoyar con 0,15 euros por kilo la exportación de fruta a Marruecos, una iniciativa que no todas las organizaciones de productores de plátanos (OPP) comparten. Tanto Coplaca como Europlátano han realizado envíos al país africano, mientras que la entrega al Banco de Alimentos también se ha reactivado como medida de alivio.

La posibilidad de activar la pica —la eliminación en origen de la fruta para reducir la oferta— sobrevuela el sector. Se trata de una medida impopular que requiere la autorización de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y que ya se aplicó en crisis pasadas.

Los productores canarios no solo luchan contra el mercado: también contra la estacionalidad que, verano tras verano, convierte su principal cultivo en una ruina.

El comercializador Bonora, vinculado a la OPP Unión Platanera Canaria, reconoce en su análisis que «el mercado continúa prácticamente en la misma situación de las últimas semanas, con oferta por encima de la demanda y sin un cambio de tendencia». Las altas temperaturas y la abundancia de fruta de temporada agravan un escenario que, según este operador, «seguirá siendo complejo» hasta que se equilibren oferta y demanda.

El Pulso Territorial

La crisis del plátano coloca al Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) con el apoyo del PP, ante una situación de alta sensibilidad agrícola. La Consejería de Agricultura, dirigida por Narvay Quintero, deberá decidir en las próximas semanas si autoriza la pica, una herramienta siempre polémica entre los productores. La tensión en Asprocan es evidente: no todas las OPP respaldan las medidas de exportación compensada.

A diferencia de otras crisis agrarias peninsulares, donde la diversificación de mercados y la cercanía a los centros de consumo atenúan el golpe, el plátano canario depende casi en exclusiva del consumo en la Península y Baleares. Ese monocultivo de un solo destino convierte cada verano en una prueba de supervivencia para las más de 7.000 explotaciones plataneras de las islas. Con el precio en caída libre, el colchón del Posei se revela insuficiente para evitar los números rojos, como ya ocurrió en 2025.

La previsión para agosto no invita al optimismo: el calor y la fruta de temporada seguirán desplazando al plátano del carro de la compra, mientras la producción canaria se mantiene en niveles elevados. El sector mira ya a septiembre como un posible punto de inflexión, siempre que las medidas de gestión de oferta —incluida la pica— se activen a tiempo. El próximo movimiento de Asprocan y la Consejería será determinante para que la crisis no se convierta en una hemorragia sin precedentes.

Ficha Autonómica

  • El caso: El precio en origen del plátano de Canarias ha caído por debajo de los costes de producción en la semana 27, situándose en 0,76 euros/kilo, con proyecciones de 0,60 euros en la semana 28.
  • Datos importantes: Los costes oscilan entre 0,70 y 0,80 euros/kilo; la ayuda del Posei añade hasta 0,34 euros. Los envíos semanales rondan los 5,5 millones de kilos.
  • Resumen: La venta con pérdidas es ya una realidad que podría agravarse en agosto. Asprocan ha activado la exportación subvencionada a Marruecos y las donaciones al Banco de Alimentos, mientras se debate si se recurrirá a la ‘pica’ para reducir la oferta.

El riesgo de apagón en Colombia: 204.000 millones por hora que inquietan a Iberdrola y Endesa

Un apagon en Colombia costaría 204.000 millones de pesos por cada hora sin luz. Esa cifra, convertida a euros, supera los 45 millones. Y buena parte de esa factura recaería sobre dos de las mayores eléctricas españolas, Iberdrola y Endesa, con inversiones millonarias en el país andino.

Indignómetro

Nivel de impacto para España: 9/10. La amenaza de un apagón en Colombia pone en riesgo los activos y la reputación de Iberdrola y Endesa, que suman más de 3.000 millones de euros en inversiones en generación y distribución. Además, un corte prolongado dañaría la imagen de España como socio energético fiable en América Latina.

Qué se juega España con un apagón en Colombia

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, lo ha dicho sin rodeos: “Enfrenta un riesgo real de apagón que exige medidas anticipadas”. En su cuenta de X, Restrepo confirmó el inicio del fenómeno de El Niño y situó la seguridad energética como “asunto de máxima prioridad” para el gobierno entrante. La advertencia llega en un momento especialmente delicado: más del 70 % de la electricidad colombiana depende de centrales hidroeléctricas, y la sequía reduce los embalses a un ritmo alarmante.

Las dos compañías españolas, con una capacidad instalada conjunta que ronda los 1.500 megavatios, llevan años apostando por Colombia. Endesa, a través de su filial Enel-Codensa, controla una parte importante de la distribución en Bogotá. Iberdrola, por su parte, opera centrales hidroeléctricas y parques solares. Un apagón no solo mermaría sus ingresos operativos, sino que dispararía las primas de riesgo país, encareciendo la financiación de futuros proyectos.

La apuesta por la inversión privada como tabla de salvación

En el encuentro con los generadores, Restrepo defendió que la solución pasará por “articulación, diálogo y salidas conjuntas” entre el Estado y las empresas. En otras palabras, el nuevo Ejecutivo no contempla nacionalizaciones ni intervenciones drásticas; al contrario, necesita que los inversores mantengan y amplíen su presencia para evitar el colapso. Un mensaje que, de cumplirse, tranquilizaría a los accionistas de Iberdrola y Endesa, cuya cotización podría resentirse si el riesgo se materializa.

Sin embargo, la sombra de la crisis de 2015 —cuando una sequía obligó a cortes programados— demuestra que las promesas gubernamentales no siempre bastan. Entonces, el país logró sortear la emergencia con lluvias tardías, pero el sistema quedó al borde. Ahora, con un Niño más intenso según los pronósticos, el margen de maniobra es menor. Para las eléctricas españolas, la lección es clara: necesitan diversificar fuentes y asegurar contratos de suministro para no quedar atrapadas en un eventual racionamiento.

Cada hora sin suministro eléctrico le costaría a Colombia más de 45 millones de euros, una factura que las filiales de Iberdrola y Endesa sufrirían directamente en sus balances.

Lecciones de 2015: por qué la reputación energética española está en juego

En 2015, Colombia ya vivió una emergencia por sequía que obligó a imponer cortes programados. Aquella vez, las empresas extranjeras —incluidas las españolas— capearon el temporal gracias a contratos a largo plazo y a una rápida respuesta regulatoria. Pero el episodio dejó una cicatriz: los inversores internacionales dudaron de la estabilidad del sistema. Ahora, con un Gobierno que apenas arranca, la confianza vuelve a estar en el alambre. Para España, que aspira a liderar la transición energética en América Latina, cualquier fallo en la protección de sus empresas dañaría su imagen como socio estratégico.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: El vicepresidente electo de Colombia alerta del riesgo real de apagón ante la sequía de El Niño, con un coste estimado de 204.000 millones de pesos por hora.
  • Datos importantes: Iberdrola y Endesa operan en Colombia con más de 1.500 MW de capacidad; el país depende en un 70 % de hidroelectricidad; la crisis de 2015 dejó precedentes de cortes programados.
  • Resumen: Un apagón golpearía los balances de las eléctricas españolas y pondría en duda la seguridad de las inversiones españolas en energía en América Latina.

Incendio en el Matarraña (Teruel): 350 hectáreas de alto valor ecológico arrasadas y nivel 2 activado

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un incendio forestal en Peñarroya de Tastavins, en los Puertos de Beceite (Teruel), ha calcinado entre 300 y 350 hectáreas de alto valor ecológico.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno de Aragón activó el nivel 2 de alerta y movilizó a más de 100 efectivos, con apoyo de la UME y medios de la Comunidad Valenciana.
  • ¿Qué impacto tiene? Se han desalojado masías y un hotel rural; la carretera A-1414 está cortada. Las autoridades vigilan la evolución del viento para proteger la zona de los Puertos.

El incendio declarado este domingo en Peñarroya de Tastavins, en la comarca turolense del Matarraña, ha arrasado ya entre 300 y 350 hectáreas de los Puertos de Beceite, un espacio de alto valor ecológico. El Gobierno de Aragón mantiene el nivel 2 de alerta y ha desplegado un dispositivo de más de cien efectivos.

Despliegue de medios y evacuaciones en la zona afectada

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha detallado que trabajan en la extinción 18 brigadas forestales, apoyadas por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y medios aéreos de la Comunidad Valenciana. Las condiciones son complejas por lo abrupto del terreno y la densidad del bosque. “La situación sigue siendo preocupante, pero no tanto como antes”, ha afirmado el consejero.

Los equipos han desalojado varias masías y el Hotel Torre del Marqués, cuyos huéspedes fueron realojados en el Hotel Ciudad de Alcañiz. Además, una boda de una veintena de italianos ha tenido que interrumpirse; los asistentes optaron por marcharse. Se ha lanzado un aviso de alerta (Es Alert) a los municipios de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins y Monroyo para que los vecinos permanezcan en sus viviendas y esperen indicaciones de la Guardia Civil.

La carretera A-1414 ha quedado cortada al tráfico para facilitar las labores de extinción. Más de cien efectivos luchan contra las llamas en un operativo que se mantendrá mientras dure la emergencia.

El origen del fuego y la carrera contra el viento

Los investigadores apuntan a que el fuego pudo originarse en un transformador de un grupo electrógeno situado en una explotación de Peñarroya de Tastavins. El flanco derecho es el que más preocupa a las autoridades, ya que avanza hacia los Puertos de Beceite y podría saltar el arroyo próximo. “Estamos intentando que el incendio no salte el arroyo. Mejora con el viento”, ha trasladado Bermúdez de Castro.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) ha confirmado que Ráfales no corre peligro de desalojo inminente, pese a los temores iniciales. La evolución del tiempo es ahora el factor decisivo; los cambios en la dirección del viento pueden complicar o aliviar la situación en las próximas horas.

La protección de los Puertos de Beceite, un enclave natural de primer orden en Teruel, marca el pulso de esta intervención.

El Pulso Territorial

El fuego en el Matarraña pone a prueba la capacidad de respuesta del ejecutivo de Jorge Azcón (PP), que gobierna en coalición con Vox y el apoyo externo del PAR. El consejero Bermúdez de Castro ha asumido el mando coordinado, y la rápida activación del nivel 2 demuestra que el protocolo autonómico funciona bajo presión. Sin embargo, las 350 hectáreas calcinadas en un paraje de alto valor turístico y ambiental reabren el debate sobre la prevención de incendios en el Aragón rural.

Aunque la superficie afectada es muy inferior a la del incendio de Ateca de 2022 (más de 14.000 hectáreas), su localización en los Puertos de Beceite eleva la alarma. La zona, destino habitual de turismo extranjero y de bodas como la interrumpida, genera un importante impacto económico para la comarca. El precedente de grandes incendios en Teruel —como el de 2009 en la Sierra de Albarracín— recuerda lo vulnerable del territorio cuando se combinan sequía, viento y dificultad de acceso. Mientras los servicios de emergencia luchan por contener el flanco derecho, la prioridad es evitar que las llamas alcancen el corazón del espacio protegido. La investigación sobre el origen eléctrico del suceso avanza en paralelo.

Ficha Autonómica

  • El caso: Incendio forestal declarado el 12 de julio de 2026 en Peñarroya de Tastavins, en el Matarraña (Teruel), que ha afectado a los Puertos de Beceite, espacio de gran valor ecológico.
  • Datos importantes: Entre 300 y 350 hectáreas calcinadas; nivel 2 de alerta activado; más de cien efectivos, con participación de la UME y apoyo de la Comunidad Valenciana; desalojo de masías, un hotel y una boda; carretera A-1414 cortada.
  • Resumen: El flanco derecho es la zona más crítica. El viento está mejorando, pero la evolución meteorológica decidirá las próximas horas. Se investiga un posible origen eléctrico. El municipio de Ráfales no corre peligro inmediato de evacuación.

Privatización sanitaria Valencia: Ribera Salud y Sanitas pagan 45,8 millones pero recurren al TSJ

La Conselleria de Sanidad ha ingresado 45,8 millones de euros de las concesionarias Ribera Salud y Sanitas tras reclamarles el coste de las atenciones oncológicas que sus pacientes recibieron en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), una fundación privada nutrida casi en su totalidad por fondos de la Generalitat. Las empresas han recurrido la reclamación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), aunque la justicia ya rechazó sus medidas cautelares y las obligó a desembolsar el dinero.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Generalitat ha cobrado 45,8 millones a Ribera Salud y Sanitas por pacientes oncológicos derivados al IVO, pero las empresas han presentado un recurso contencioso-administrativo.
  • ¿Quién está detrás? La Conselleria de Sanidad del gobierno de Carlos Mazón (PP) reclama pagos que se remontan a 2012, en plena investigación del Tribunal de Cuentas por doble financiación.
  • ¿Qué impacto tiene? El litigio pone en cuestión el modelo de hospitales privatizados y los contratos de concesión sanitaria en la Comunitat Valenciana.

Una deuda de 45,8 millones por doble financiación

El origen del conflicto está en un informe de la Sindicatura de Comptes que activó una investigación del Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador nacional de los fondos públicos. Según esa pesquisa, entre 2013 y 2023 la Conselleria de Sanidad pagó dos veces por el mismo paciente oncológico: primero a la concesionaria, mediante la prima capitativa anual del contrato de gestión privada, y después al IVO cuando esos pacientes elegían tratarse allí. La doble facturación afecta a departamentos de salud privatizados gestionados por Ribera Salud y Sanitas, cuyos pacientes oncológicos se derivaban al IVO por decisión propia o clínica.

En cuanto la Conselleria tuvo constancia del informe, reclamó 16,6 millones de euros a Ribera Salud y 29,2 millones a Sanitas. Esta última ha detallado que en enero de 2026 abonó 28,8 millones correspondientes al periodo 2012-2023 y otros 485.000 euros en mayo de 2026 por los servicios de 2024. El desembolso total ya está en las arcas autonómicas, pero las empresas han impugnado la exigencia por la vía judicial.

La sanidad pública valenciana pagó dos veces por el mismo paciente: una vez a la empresa privada por la prima y otra al IVO por su tratamiento.

El recurso de las concesionarias y sus argumentos

Sanitas, a través de su filial Especializada y Primaria l’Horta Manises S.A.U., sostiene que la reclamación no tiene respaldo en el contrato de concesión firmado en 2006. Según fuentes de la compañía, los gastos del IVO nunca formaron parte de las obligaciones asumidas y la Conselleria no emitió requerimiento alguno hasta octubre de 2024, dieciocho años después de la firma. “La concesionaria no tiene relación contractual ni económica con el IVO, ni tomó la decisión de derivar pacientes”, argumentan.

Ribera Salud confirmó el pago y la presentación del recurso, pero declinó hacer más valoraciones. Ambas empresas han acudido al TSJ, el máximo tribunal regional, para que determine si deben asumir unos costes que, según ellas, corresponden a los conciertos sanitarios de la propia Administración. Mientras se resuelve el fondo del asunto, los 45,8 millones permanecen en poder de la Generalitat.

El Escenario Valenciano

La polémica reabre el debate político sobre el modelo de hospitales privatizados que el PP extendió con el denominado modelo Alzira. El anterior gobierno del Botànic (PSPV y Compromís) revirtió a la gestión pública los departamentos de Alzira, Torrevieja y Dénia, y dejó encarrilada la de Manises. Carlos Mazón, al llegar a la presidencia en 2023, finalizó esas reversiones pero prorrogó cinco años el contrato de Ribera Salud en Elche-Vinalopó, con base en unas auditorías de calidad que nunca se han hecho públicas. Ahora, el litigio del IVO tensa aún más la relación entre la Conselleria y los operadores privados.

A nivel nacional, el caso tiene eco porque el Tribunal de Cuentas investiga un supuesto perjuicio contable que podría abrir responsabilidades. Además, la controversia sobre los pagos duplicados cuestiona los mecanismos de control de las concesiones sanitarias, una fórmula que el Partido Popular defiende y que el PSOE y Compromís critican. La posición del Gobierno de Pedro Sánchez es de observación, aunque fuentes del Ministerio de Hacienda recuerdan que los fondos autonómicos deben fiscalizarse con rigor. En el horizonte inmediato, el TSJ deberá pronunciarse sobre el recurso contencioso-administrativo y marcar un precedente sobre quién paga la atención oncológica en los departamentos privatizados.

Ficha del Caso

  • El caso: La Conselleria de Sanidad reclamó a Ribera Salud y Sanitas 45,8 millones de euros por los costes de las derivaciones oncológicas al IVO entre 2012 y 2024, bajo la sospecha de que la Administración pagó dos veces por el mismo paciente.
  • Datos importantes: Sanitas abonó 28,8 millones (enero 2026) y 485.000 euros (mayo 2026); Ribera Salud, 16,6 millones. Las empresas han recurrido ante el TSJ y la justicia ya rechazó las medidas cautelares.
  • Resumen: El litigio, que se desarrolla en paralelo a una investigación del Tribunal de Cuentas, pone en entredicho el modelo de hospitales privatizados y la claridad de los contratos de gestión sanitaria en la Comunitat Valenciana.

La Diputación de Cáceres eleva a 600.000 euros las ayudas para comunidades energéticas en municipios rurales

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Diputación de Cáceres ha publicado la cuarta convocatoria de ayudas para comunidades energéticas, dotada con 600.000 euros, un 20% más que el año anterior.
  • ¿Quién está detrás? La Diputación Provincial, a través de su Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), en colaboración con los municipios.
  • ¿Qué impacto tiene? Los pueblos de menos de 20.000 habitantes podrán financiar instalaciones de autoconsumo solar colectivo con hasta 68.000 euros por proyecto.

La Diputación de Cáceres ha publicado este lunes, 13 de julio, la cuarta convocatoria de ayudas para impulsar comunidades energéticas locales, con una dotación de 600.000 euros, un 20% más que en la edición anterior. La línea está gestionada a través de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), la oficina provincial que asesora a los ayuntamientos en la creación de estos proyectos de autoconsumo compartido.

Autoconsumo colectivo para los pueblos de Cáceres

La subvención máxima por iniciativa asciende a 68.000 euros, una cantidad que cubre la práctica totalidad de los costes de instalación de sistemas solares fotovoltaicos. Podrán beneficiarse municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores, siempre que las comunidades energéticas estén ya constituidas o en proceso de creación con el acompañamiento de la OTC.

Se trata de la cuarta edición de un plan que ha ido ganando presupuesto año a año, evidenciando el interés de las administraciones locales por reducir la dependencia energética de los municipios extremeños. La provincia cacereña, con más de 200 núcleos de población, muchos de ellos en riesgo de despoblación, encuentra en estas comunidades energéticas una herramienta para abaratar costes y fijar población.

Plazos y proyectos subvencionables

Las solicitudes deben presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación en el plazo máximo de un mes desde la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Es decir, el plazo expirará el 13 de agosto. La propia Diputación ha recordado que solo se aceptarán trámites online, facilitando así el acceso desde cualquier municipio.

Las ayudas cubren gastos como la compra y montaje de equipos, materiales, sistemas de monitorización, cableado, estructuras, redacción de proyectos técnicos, dirección de obra y, cuando sea necesario, refuerzo de la red eléctrica. Quedan excluidos los gastos de consumo eléctrico ordinario, los impuestos recuperables y los proyectos vinculados a edificios que hayan recibido ayudas para autoconsumo en los últimos cinco años. Quedan fuera también las instalaciones que no cuenten con las autorizaciones pertinentes.

En la anterior convocatoria, decenas de ayuntamientos presentaron proyectos que ahora están en fase de ejecución o ya operativos, generando un ahorro significativo en la factura eléctrica de pequeños consistorios y vecinos. El modelo, replicado en otras diputaciones como la de Badajoz, consolida a Extremadura como laboratorio del autoconsumo rural en España.

La apuesta de la Diputación de Cáceres por las comunidades energéticas rurales no es solo una cuestión de transición ecológica: es una estrategia de desarrollo territorial que combate la despoblación.

El Pulso Territorial

El contexto político extremeño añade una capa de complejidad al programa. Mientras la Junta de Extremadura, gobernada por el PP con el apoyo de Vox, se orienta hacia grandes proyectos de energías renovables, la Diputación de Cáceres, en manos del PSOE, insiste en un modelo descentralizado de pequeñas instalaciones de autoconsumo distribuido. Una tensión de fondo que refleja dos visiones contrapuestas de la transición energética.

Otras comunidades del ámbito de Moncloa.com han seguido caminos similares. Castilla-La Mancha, por ejemplo, ha activado líneas de apoyo a comunidades energéticas a través de sus diputaciones provinciales, aunque ninguna ha alcanzado la cuantía de 68.000 euros por proyecto que ofrece ahora Cáceres. En Extremadura el desafío demográfico convierte cada euro dedicado al autoconsumo en una inversión contra el abandono del territorio: más de la mitad de sus municipios tienen menos de 1.000 habitantes.

Tras la ventanilla de un mes que se abre con esta convocatoria, la Diputación evaluará las solicitudes y adjudicará los fondos a lo largo del otoño. El próximo paso lógico, según fuentes provinciales, sería ampliar la red de comunidades energéticas a comarcas especialmente vulnerables al despoblamiento, como Las Hurdes o Sierra de Gata, y profundizar en la implicación de la ciudadanía en la gestión compartida de la energía.

Ficha Autonómica

  • El caso: La Diputación de Cáceres refuerza su apuesta por las comunidades energéticas con una cuarta convocatoria de ayudas, la más ambiciosa hasta la fecha.
  • Datos importantes: 600.000 euros de presupuesto total, hasta 68.000 euros por proyecto, dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores. Plazo de solicitud: un mes desde la publicación en el BOP (hasta el 13 de agosto de 2026).
  • Resumen: Los ayuntamientos disponen de un mes para presentar sus proyectos de autoconsumo colectivo solar, con la expectativa de reducir costes energéticos y ayudar a fijar población en las zonas rurales de la provincia.

Inversión educativa en Ourense: la Xunta destina tres millones a obras en 43 centros

La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego) ha anunciado una inversión de 2,98 millones de euros para acometer obras en 43 centros educativos de la provincia de Ourense. Las intervenciones, que se ejecutarán durante el parón lectivo del verano, se integran en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, una iniciativa que moviliza 86,7 millones de euros en toda la comunidad.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Xunta invertirá 2,98 millones en obras de mejora, reparación y ampliación en 43 colegios e institutos de Ourense.
  • ¿Quién está detrás? La Consellería de Educación, que coordina el plan autonómico de modernización de la red escolar.
  • ¿Qué impacto tiene? Se ampliará el CEIP Ben-Cho-Shey, se renovarán cubiertas y ascensores en otros centros, y se repararán los daños causados por los temporales del último invierno en 40 colegios más, mejorando las condiciones para miles de alumnos.

La Consellería de Educación (el departamento autonómico equivalente a una consejería) ha detallado que el grueso de la inversión, más de 2,1 millones de euros, se concentrará en tres grandes actuaciones. La principal, con 1,85 millones, permitirá la ampliación del CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey, en Pereiro de Aguiar, para atender sus crecientes necesidades de escolarización en Infantil y Primaria.

El proyecto responde a la presión demográfica de la zona periurbana de Ourense, donde el Ben-Cho-Shey ya registraba un déficit de plazas. La obra se ejecutará durante los meses de verano para causar la menor interferencia posible en el próximo curso. La Xunta ha apostado por concentrar los trabajos en la época estival, una práctica que acelera los plazos y reduce las molestias.

Junto a esta ampliación, la Consellería ha programado otras dos intervenciones de calado. El cambio de cubierta en el CEIP de Sandiás, con un presupuesto de 212.791 euros, y la instalación de un nuevo ascensor en el CEIP Virxe de Covadonga, en la capital ourensana, por 75.322 euros. Ambas actuaciones mejorarán la accesibilidad y la eficiencia energética de los inmuebles.

Reparación de temporales y mejoras en calefacción con el Plan Ben Estar

De forma paralela, la Administración autonómica ejecutará otras 40 intervenciones de menor envergadura a través del denominado Plan Ben Estar, que cuenta con una dotación de 842.472 euros. Estos trabajos, de carácter correctivo, se centran en reparar los daños provocados por los temporales del pasado invierno, modernizar los sistemas de calefacción y renovar cubiertas y fachadas en municipios como Allariz, Celanova, Ribadavia y Verín.

Las reformas en los colegios ourensanos no son solo una cuestión de mantenimiento: representan una apuesta por una educación pública de calidad que la Xunta ha priorizado en sus presupuestos.

El Plan Ben Estar complementa las grandes obras y demuestra, según fuentes de la Consellería, la voluntad de atender las necesidades urgentes de los centros más castigados por la climatología. La actuación en calefacciones es especialmente relevante en una provincia donde las temperaturas invernales ponen a prueba las instalaciones.

El Laboratorio Gallego

La inversión en infraestructuras educativas es una de las señas de identidad del PPdeG desde los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo. El actual presidente, Alfonso Rueda, ha mantenido la línea de destinar fondos a la modernización de colegios e institutos, un modelo de gestión que en Moncloa.com hemos seguido con atención porque, a menudo, anticipa las banderas que el PP nacional enarbolará tiempo después. En este caso, el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica —que moviliza 86,7 millones en toda Galicia— es la concreción de una política que el propio Feijóo ha citado como ejemplo de eficiencia autonómica en sus intervenciones en Madrid.

Sin embargo, no todo son elogios. El BNG ha reiterado en el Parlamento gallego que la inversión por alumno sigue por debajo de la media estatal y ha exigido un mayor esfuerzo en personal docente. El PSdeG, por su parte, critica que el plan llegue con retraso a zonas rurales donde la despoblación vacía las aulas antes de que lleguen las reformas. Con todo, el consenso en que las obras son necesarias es amplio, y la ejecución estival se ha convertido ya en una rutina administrativa que la Xunta maneja con solvencia. La proyección inmediata es que los 43 centros ourensanos abran el próximo curso con las actuaciones finalizadas, consolidando a Galicia como una de las comunidades con mayor tasa de obras escolares en periodos vacacionales.

Ficha del Caso

  • El caso: La Xunta destina 2,98 millones a obras en 43 centros educativos de Ourense durante el verano, con la ampliación del CEIP Ben-Cho-Shey como proyecto estrella.
  • Datos importantes: 1,85 millones para Ben-Cho-Shey; 212.791 € para cubierta en Sandiás; 75.322 € para ascensor en Virxe de Covadonga; y 842.472 € para el Plan Ben Estar (40 obras menores). Todo dentro del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica (86,7 millones autonómicos).
  • Resumen: La inversión refuerza la apuesta de la Xunta por la educación pública y la eficiencia de las obras en períodos no lectivos, consolidando una estrategia que el PPdeG y el PP nacional utilizan como escaparate de gestión.

13 fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería) tras muerte de una mujer de 93 años

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ha sumado este domingo una nueva víctima mortal, la decimotercera, tras confirmarse el fallecimiento de una mujer de 93 años en el Hospital Universitario Torrecárdenas. La anciana, de nacionalidad británica, llevaba días ingresada con patologías previas y heridas graves provocadas por el fuego que ha arrasado 7.000 hectáreas en el Levante Almeriense.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Una mujer británica de 93 años ha fallecido en el hospital, elevando a 13 los muertos por el incendio forestal de Los Gallardos, el peor de la historia de Andalucía.
  • ¿Dónde y quién? El fuego arrasó 7.000 hectáreas en Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín, en la provincia de Almería. La Junta de Andalucía, la Guardia Civil, la UME y el GREA han participado en el operativo.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? El incendio ya está estabilizado. Los más de 1.000 evacuados han comenzado a regresar a sus casas y los ayuntamientos habilitan oficinas para gestionar ayudas por los daños.

Un balance imposible de digerir

Con esta nueva muerte, la cifra oficial de fallecidos alcanza las 13 personas, consolidando la peor catástrofe por fuego forestal que se recuerda en la comunidad autónoma. A este luto se suman ocho personas que permanecen oficialmente desaparecidas y otros ocho heridos, cuatro de ellos en estado grave, que siguen ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha dado por concluidas esta tarde las batidas de rastreo sobre el terreno calcinado, sin haber localizado a nadie más. El operativo, que ha contado con un centenar de efectivos de la Benemérita, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y Protección Civil, abandona ya la zona después de peinar cada metro cuadrado.

El fuego, declarado hace varios días en el municipio de Los Gallardos, quedó estabilizado en las últimas horas y ha calcinado una superficie equivalente a 7.000 campos de fútbol. Las causas del incendio siguen bajo investigación, pero lo cierto es que las elevadas temperaturas y el viento de poniente complicaron durante jornadas las labores de extinción del Plan INFOCA.

Los cuatro heridos graves, entre los que se encuentra un menor de edad, continúan en la unidad de quemados del hospital sevillano. Fuentes sanitarias insisten en que su pronóstico es reservado, por lo que no se descarta que la cifra de víctimas pueda aumentar en los próximos días. Las familias de los desaparecidos, mientras tanto, aguardan noticias con una angustia que el resto de los andaluces compartimos en silencio.

Este incendio ha superado todas las marcas: 13 vidas perdidas, 7.000 hectáreas arrasadas, ocho personas aún sin localizar. La cicatriz en el Levante Almeriense tardará generaciones en cerrarse.

El regreso a casa y las primeras ayudas

La mejora de la situación ha permitido reabrir completamente al tráfico la carretera AL-6109, que permanecía cortada por el avance de las llamas. Solo se mantiene un control estricto en los accesos a Bédar, restringidos exclusivamente a los familiares de los residentes, para evitar saqueos y facilitar las tareas de evaluación de daños.

Los más de mil vecinos que fueron evacuados de sus domicilios están regresando progresivamente a sus viviendas. Muchos se enfrentan ahora a la visión de un paisaje irreconocible y a la pérdida de enseres, cultivos y, en algunos casos, de su medio de vida. La Junta de Andalucía, el Gobierno central y la Diputación Provincial de Almería ya han anunciado un paquete de ayudas de emergencia para paliar los daños estructurales.

A partir de este lunes, los ayuntamientos de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín habilitarán oficinas de atención ciudadana, donde técnicos autonómicos y locales evaluarán los daños en viviendas, explotaciones agrícolas e infraestructuras públicas. El objetivo es canalizar cuanto antes las subvenciones y agilizar la contratación de obras de reconstrucción.

Almería

La Lectura Andaluza

Andalucía acaba de vivir la página más negra de su historia forestal. Para encontrar una tragedia comparable hay que remontarse al incendio de Sierra Bermeja en 2021, donde falleció un bombero del Plan INFOCA, o a los grandes fuegos de Huelva en 2004. Pero nunca antes un incendio había segado tantas vidas civiles de golpe. La comunidad autónoma, que dedica cada año más de 200 millones de euros a la lucha contra incendios, se ve ahora obligada a replantearse si los protocolos de evacuación y la coordinación entre administraciones fueron suficientes.

Para quienes viven en Los Gallardos o en cualquier pueblo de la comarca, el impacto va mucho más allá de la estadística. La comarca del Levante Almeriense vive del turismo rural, de la agricultura de secano y de los invernaderos. Cientos de familias han perdido la cosecha de almendra y olivar de este año, y las pequeñas empresas de servicios turísticos ven cómo la imagen de la zona queda inevitablemente asociada a la catástrofe. La reconstrucción emocional y económica llevará años, y exigirá un compromiso sostenido de todas las administraciones.

La Junta de Andalucía ha activado ya las ayudas previstas por el decreto de emergencia, y el Parlamento autonómico celebrará en los próximos días una comisión extraordinaria para analizar la gestión del incendio. El debate político, sin embargo, no debe sepultar lo esencial: la necesidad de extraer lecciones que eviten que una tragedia así vuelva a repetirse en una tierra que sabe, como pocas, lo que es convivir con el fuego.

El supermercado social de la DANA en Alfafar peligra por el bloqueo del Ayuntamiento y la Generalitat

El supermercado social de Alfafar, levantado entre el barro de la DANA por los propios vecinos del barrio del Parke Alcosa, se enfrenta a su fin más inesperado: el Ayuntamiento gobernado por el PP quiere desalojarlo. La excusa es doble: el local carece de autorización administrativa y, según el consistorio, “las colas estigmatizan a las personas”. Pero la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa, que gestiona este espacio solidario, denuncia el abandono institucional y la falta de alternativas para las cientos de familias que cada semana llenan su cesta de la compra gracias al voluntariado.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El supermercado social de Alfafar, que atiende a cientos de familias vulnerables, está amenazado de desalojo por el Ayuntamiento.
  • ¿Quién está detrás? El equipo de gobierno del PP en Alfafar y la pasividad de la Generalitat Valenciana, que posee el antiguo IES Jaume I en desuso.
  • ¿Qué impacto tiene? Dejaría sin cesta de la compra a vecinos que no llegan a fin de mes y a los que los servicios sociales no alcanzan.

De la emergencia a la red comunitaria permanente

La iniciativa nació con fuerza tras la catástrofe de octubre de 2024. La Unidad Militar de Emergencias (UME) abrió el espacio que se convirtió en centro de recepción de donaciones y, más tarde, en un supermercado social. Casi dos años después, el local sigue en pie, sostenido por la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa, con Toni Valero como portavoz. Lo que comenzó repartiendo toneladas de productos de primera necesidad se ha transformado en una respuesta vecinal a la pobreza poscatástrofe.

“No es una respuesta a la pobreza extrema —explica Valero—, sino a esa gente que vive por debajo del salario mínimo, que no puede pagar a la vez el alquiler, la luz y la comida, y que los servicios sociales no alcanzan a cubrir”. El supermercado atiende cada semana a un goteo silencioso de vecinos que aparcan la vergüenza en la cola y encuentran allí no solo alimentos, sino acompañamiento social, ayuda con trámites y la dignidad de elegir lo que necesitan.

El equipo de gobierno del PP en Alfafar aduce que el local carece de la preceptiva autorización. “Quien la puede hacer regular —el propio Ayuntamiento— no lo hace”, rebate Toni Valero. A eso se suma el último argumento municipal: el edificio debe quedar libre para construir un refugio climático, un proyecto largamente reclamado por el barrio. La Koordinadora no se opone pero pide que el supermercado continúe hasta el inicio de las obras y sea reubicado en otro espacio público, como el antiguo IES Jaume I, propiedad de la Generalitat Valenciana y en estado de abandono total. El consistorio ha rechazado la propuesta.

La administración que exige una autorización que ella misma debe conceder es la misma que deja cerrado un instituto público en ruina mientras los vecinos piden una alternativa.

“Es un debate sobre quién controla lo público: si la gestión administrativa del Estado o la ciudadanía a través del derecho de participación”, resume Valero. La Koordinadora denuncia una “estrategia de represión” contra el movimiento vecinal. Mientras, la Generalitat guarda silencio, pese a que el IES Jaume I es de su titularidad.

La paradoja es evidente: una administración que no es capaz de rehabilitar un edificio escolar abandonado impide que una iniciativa ciudadana lo ocupe con fines sociales. El supermercado social es la radiografía de un desencuentro profundo entre las instituciones y la calle.

El Escenario Valenciano

El bloqueo del supermercado social de Alfafar no es un caso aislado. Se inserta en la tensión que recorre la Comunitat Valenciana tras la DANA: una reconstrucción que avanza a dos velocidades. Por un lado, la gestión institucional, con fondos del Gobierno central que el Consell ejecuta con cuentagotas —solo un 18% de los 1.200 millones comprometidos en el Plan RERD, según datos oficiales—. Por otro, la red de solidaridad vecinal que nació en las calles embarradas y que dos años después sigue activa porque las necesidades no desaparecen.

En el plano político, el Ayuntamiento de Alfafar (PP) reproduce la lógica del PP y Vox en la Generalitat: priorizar el orden administrativo sobre la urgencia social. Mientras, la oposición —PSPV y Compromís— ha reclamado una salida negociada que preserve la labor comunitaria. Pero la Generalitat Valenciana tiene la llave del IES Jaume I y no la mueve. El silencio de Carlos Mazón en este pulso contrasta con el protagonismo que ha dado a otros asuntos de gestión de la catástrofe. La pregunta que flota en el Parke Alcosa es si la administración autonómica está del lado de quienes necesitan ayuda o de quienes la gestionan.

A escala nacional, el caso ilustra cómo la respuesta post-DANA ha quedado fragmentada. El Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido fondos, el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado indemnizaciones, pero la protección de las capas más vulnerables sigue siendo un terreno pantanoso. La red de solidaridad vecinal ha suplido lo que el Estado del bienestar no alcanza a cubrir. Y cuando esa red es cercenada, quienes caen son los de siempre.

El próximo capítulo se escribirá en las calles. La Koordinadora anuncia movilizaciones para impedir el desalojo y buscará interlocución directa con la Conselleria de Servicios Sociales. De esa voluntad política depende que el supermercado social siga abierto o que, como tantas cosas rotas por la DANA, quede olvidado entre las grietas institucionales.

Ficha del Caso

  • El caso: El supermercado social de Alfafar, creado tras la DANA por vecinos del Parke Alcosa, se enfrenta al desalojo por parte del Ayuntamiento del PP. Atiende a cientos de familias vulnerables que no reciben ayudas de los servicios sociales.
  • Datos importantes: El local carece de autorización administrativa —que el propio Ayuntamiento no tramita— y se propone construir allí un refugio climático. La Generalitat posee un edificio abandonado (antiguo IES Jaume I) que los vecinos reclaman como alternativa, pero la administración autonómica no se ha pronunciado.
  • Resumen: La iniciativa vecinal es un termómetro de la descoordinación entre las administraciones y la falta de respuesta social tras la reconstrucción de la DANA. Mientras no se solucione, la pobreza poscatástrofe seguirá dependiendo del voluntariado.

Pisos turísticos en Russafa: vecinos denuncian al promotor holandés que divide un bajo en nueve viviendas

Los vecinos de la calle Centelles, en el barrio de Russafa, han denunciado ante el Ayuntamiento de València y la Fiscalía la conversión de un antiguo local comercial en nueve viviendas, un proyecto que temen que derive en alquiler turístico en una de las zonas con los precios de vivienda más elevados de la ciudad.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un promotor holandés está dividiendo un local de 560 m2 en la calle Centelles en nueve pisos de entre 50 y 90 metros cuadrados, en el barrio de Russafa.
  • ¿Quién está detrás? La empresa Aequitas Domus defiende la legalidad de las obras y asegura que los pisos serán para alquiler residencial de larga duración.
  • ¿Qué impacto tiene? Los vecinos denuncian irregularidades urbanísticas y un posible fraude de ley, en un contexto de precios de alquiler por encima de los 16 euros el metro cuadrado.

La denuncia vecinal y la sombra del alquiler turístico

Las obras arrancaron en enero de este año y ya están muy avanzadas, ocupando toda la planta baja del edificio. El local, que antes fue un centro de día de ancianos y permanecía sin uso, tiene una superficie de 560 metros cuadrados según el catastro. De él surgirán nueve pequeñas viviendas, en un barrio donde comprar una casa cuesta de media 2.291 euros el metro cuadrado y alquilarla, 16 euros, según el portal Engels&Volkers,, y eso hace que un piso de dos habitaciones de 80 metros ronde los 1.300 euros al mes.

Las críticas vecinales no solo apuntan a la presión del mercado, sino a una serie de **irregularidades que han trasladado al Ayuntamiento y a la Fiscalía**. Los residentes sostienen que las obras comenzaron sin aviso y con las persianas bajadas, y cuestionan el título habilitante empleado, varios certificados y la cobertura de los seguros. Incluso han denunciado un posible delito contra la ordenación del territorio. El consistorio valenciano mantiene varios expedientes abiertos e incluso ha requerido la intervención de la Policía Local.

Aequitas Domus defiende el proyecto y descarta el uso vacacional

La sociedad limitada Aequitas Domus, inscrita en marzo de 2025 y con domicilio en la calle Colón, se defiende con datos. “El proyecto se está ejecutando conforme a la licencia concedida y a la normativa vigente”, aseguran fuentes de la mercantil. Añaden que durante las obras se han realizado inspecciones municipales sin que se haya ordenado paralizar los trabajos.

La empresa también desvela detalles del encuentro que mantuvo con los propietarios de la finca en abril. A aquella reunión acudieron el arquitecto y el abogado del promotor, y en una votación a mano alzada **19 vecinos se mostraron contrarios a detener el proyecto, frente a solo 2 partidarios**. Pese a ello, Aequitas Domus insiste en que los nueve pisos no se convertirán en alojamiento turístico. “Se destinarán exclusivamente a uso residencial de larga duración”, recalca.

En Russafa, cada metro cuadrado cuenta y la línea entre el alquiler residencial y el turístico es más fina que nunca.

El Escenario Valenciano

El caso de la calle Centelles no es un episodio aislado, sino el reflejo de una tensión que recorre toda la Comunitat Valenciana. Con más de 10.000 viviendas de uso turístico registradas solo en la ciudad de València, según datos de la Generalitat, el Consell de Mazón tiene sobre la mesa la regulación del sector y la presión vecinal para proteger el uso residencial. El Ayuntamiento ya ha anunciado moratorias en los barrios más tensionados, como el propio Russafa, mientras el debate escala al plano nacional: la futura ley de vivienda del Gobierno central podría endurecer los controles sobre los pisos turísticos en zonas tensionadas.

La empresa defiende que su proyecto es legal y que el uso será residencial. Pero en una ciudad donde el precio del alquiler no deja de subir y la conversión de locales en viviendas alimenta la desconfianza, la sombra del alquiler vacacional es alargada. Los expedientes abiertos en el Ayuntamiento y la vía penal explorada por los vecinos definirán los próximos pasos de un conflicto que, en realidad, es el retrato de la crisis de acceso a la vivienda que vive la capital valenciana.

Ficha del Caso

  • El caso: Un promotor holandés divide un antiguo centro de día de 560 m2 en la calle Centelles (Russafa) en nueve viviendas. Los vecinos denuncian irregularidades y temor a que se conviertan en pisos turísticos. La empresa defiende la legalidad del proyecto.
  • Datos importantes: El local se puso a la venta por 1,5 millones de euros. El precio medio de la vivienda en Russafa es de 2.291 €/m2 y el alquiler ronda los 16 €/m2. La sociedad Aequitas Domus fue constituida en marzo de 2025.
  • Resumen: El conflicto de la calle Centelles ilustra la encrucijada a la que se enfrentan muchos barrios de Valencia: la necesidad de vivienda asequible frente a la expansión del alquiler turístico, con el Ayuntamiento y la Fiscalía como árbitros.

Dimite el director general de Andalucía Global, empresa pública de la Junta, por su vinculación con una trama de blanqueo en Cádiz

Jorge Vázquez ha presentado este lunes su dimisión como director general de Andalucía Global, empresa pública dependiente de la Junta de Andalucía, después de que su nombre apareciera en un chat de la trama de blanqueo de capitales que investiga la UDEF en El Puerto de Santa María (Cádiz).

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El director general de Andalucía Global, Jorge Vázquez, ha dimitido tras ser vinculado a la investigación por blanqueo de capitales en Cádiz.
  • ¿Dónde y quién? La operación de la Guardia Civil en El Puerto de Santa María y otras localidades ha llevado a once detenidos y registros en dependencias de la Diputación de Cádiz.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? La investigación revela un presunto desvío de fondos públicos a través de patrocinios de festivales y afecta a la credibilidad de las instituciones andaluzas que financiaban dichos eventos.

La renuncia de un alto cargo y la operación de la UDEF

La dimisión se produce justo una semana después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de El Puerto de Santa María enviara a prisión a dos de los once detenidos en una macro operación contra el blanqueo. Según fuentes judiciales, los agentes intervinieron conversaciones en las que se mencionaba a un tal “Gordo”, un alto cargo de la Junta al que, según los chats, le gustaba recibir “regalitos todo el año”. Un testigo ha declarado ante el juez que ese apodo podría corresponder a Jorge Vázquez, quien fuera delegado de Cultura en Cádiz antes de asumir la dirección de Andalucía Global.

Vázquez ha asegurado que da este paso “con el único objetivo de no perjudicar a la institución que hasta la fecha he representado” y ha mostrado su “plena confianza en que los hechos quedarán esclarecidos”. Andalucía Global, adscrita a la Consejería de Turismo y Acción Exterior, gestiona la promoción internacional de la región y la atracción de inversiones, y la dimisión de su máximo responsable abre ahora un proceso para nombrar a un sustituto.

El blanqueo a través de patrocinios de festivales

La investigación sitúa a dos empresarios como cabecillas de la trama: el portuense Pascual Llopis y el sevillano Mario García, ambos en prisión preventiva. Según el sumario, Mario García habría liderado una organización dedicada al tráfico de drogas y utilizaba a Llopis como testaferro para blanquear beneficios mediante contratos de patrocinio de conciertos y del Festival Puro Latino, cuyos eventos recibían financiación de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, ambas gobernadas por el PP.

Los registros practicados la semana pasada en El Puerto de Santa María, la provincia de Sevilla y en la propia Diputación de Cádiz permitieron incautar 1.166.000 euros en efectivo en el domicilio de Llopis —455.000 de ellos envasados al vacío— y otros 572.000 euros en el de García. Un volumen de dinero que, según los investigadores, evidencia la envergadura de la presunta organización criminal.

Los investigadores sospechan que el dinero del narco se blanqueó a través de contratos de patrocinio con administraciones gobernadas por el PP, un esquema que salpica ahora a una empresa pública clave para la promoción económica de Andalucía.

En una de las conversaciones intervenidas, Mario García escribe: “Primero hay que usar siempre a Germán [Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz] y al PP”. Días antes, el mismo empresario había intentado averiguar si se le había ofrecido o dado “algo” a Gordo, y añade: “Yo es que para eso soy muy generoso”, antes de sugerir una mordida del 10% y “regalitos todo el año”. Otro implicado propone regalarle un jamón con “tres o cinco mil euros” dentro.

La Lectura Andaluza

La cadena de escándalos que rodea a administraciones gobernadas por el PP —la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz— llega en un momento en el que la comunidad ya arrastra el desgaste político de otros procesos judiciales en curso. Con todo, esta investigación añade un elemento especialmente delicado: la presunta utilización de dinero público para blanquear capitales del narcotráfico a través de festivales que, en teoría, servían para dinamizar la economía local.

Para los andaluces, la noticia tiene un valor de proximidad incuestionable. Los patrocinios de la Junta se financian con los impuestos de los ciudadanos, y la sospecha de que ese dinero haya podido acabar en manos de redes criminales daña la confianza en las instituciones. Además, la trama se ha cebado con El Puerto de Santa María y su entorno, una de las zonas con mayor presión del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, donde el paro juvenil supera el 40% y las administraciones necesitan más que nunca demostrar integridad.

La dimisión de Jorge Vázquez es, en cualquier caso, un gesto de responsabilidad individual que no exime de las preguntas colectivas que quedan en el aire. El juzgado deberá ahora determinar si existió connivencia de altos cargos y en qué medida los contratos de patrocinio se utilizaron como vía de blanqueo. Mientras, el Parlamento de Andalucía puede verse obligado a dar explicaciones. De lo que ocurra en las próximas semanas dependerá en buena medida la credibilidad de las instituciones andaluzas a ojos de los ciudadanos.

Comienza en Granada el juicio contra 17 acusados por la estafa del falso Brad Pitt

La Audiencia de Granada ha sentado este lunes en el banquillo a 17 acusados de liderar una organización criminal que estafó más de 314.000 euros a dos mujeres, una de ellas de Granada, haciéndose pasar por el actor Brad Pitt.

La trama, que operó entre 2020 y 2023, utilizó la identidad del conocido intérprete para tejer una sofisticada red de engaño emocional. Según el auto de procedimiento abreviado dictado por el tribunal granadino, los presuntos cabecillas —tres ciudadanos nigerianos— coordinaban la operación desde Málaga y Barcelona.

El modus operandi se basaba en el ‘romance scam’ o timo amoroso. Los estafadores contactaban a sus víctimas a través de redes sociales y, paulatinamente, les hacían creer que mantenían una relación sentimental con el actor estadounidense. Bajo esa falsa promesa, solicitaban cantidades crecientes de dinero con excusas como la producción de una película que supuestamente se rodaría en Granada.

La víctima granadina, una mujer que confió durante meses en la autenticidad de la relación, llegó a realizar ocho transferencias por un total de 175.000 euros. Los suplantadores incluso le pidieron matrimonio antes de solicitarle otros 30.000 euros. La segunda perjudicada, residente en el País Vasco, entregó 140.000 euros a través de transferencias internacionales y compra de Bitcoins.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Audiencia de Granada ha iniciado el juicio contra 17 acusados de estafar 314.000 euros a dos mujeres haciéndose pasar por Brad Pitt.
  • ¿Dónde y quién? La organización operaba desde Málaga y Barcelona; los cabecillas son tres ciudadanos nigerianos. Entre los imputados hay también empresas y dos entidades bancarias como responsables civiles subsidiarios.
  • ¿Qué supone para los ciudadanos? El caso pone en alerta sobre el crecimiento de las estafas amorosas en línea y refuerza la necesidad de supervisión bancaria ante movimientos inusuales de dinero.

El chantaje emocional detrás del falso Brad Pitt

Según la investigación, la organización no solo utilizaba la imagen del actor, sino que contaba con una estructura piramidal para captar fondos. Los cabecillas, asentados en Málaga, dirigían a una red de cooperadores que aportaban cuentas bancarias y empresas pantalla para blanquear el dinero. La Fiscalía y la acusación particular les imputan delitos continuados de estafa agravada, falsedad documental, usurpación de identidad, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El engranaje financiero era tan minucioso como cruel. Los acusados falsificaban pasaportes africanos para abrir cuentas bancarias a nombre de identidades ficticias. Posteriormente, el dinero estafado era transferido a empresas que lo contabilizaban como pagos de clientes reales, sin verificar su origen lícito. En este punto, el auto señala a varias compañías y sus administradores por un delito de blanqueo de capitales por imprudencia.

314.000 euros robados a dos mujeres con la promesa de un amor falso. La estafa del falso Brad Pitt es un negocio criminal que explota la vulnerabilidad con precisión quirúrgica.

La investigación, que arrancó con la denuncia de la mujer granadina en 2023, fue liderada por la Guardia Civil en una operación que permitió desmantelar la red. Los agentes rastrearon el flujo de dinero a través de empresas colaboradoras y multitud de cuentas bancarias fantasma, logrando identificar a los presuntos cabecillas en Málaga y Barcelona.

La implicación de la banca y las empresas pantalla

Las pesquisas revelaron que dos entidades bancarias figuran como responsables civiles subsidiarios. Una de ellas, con sucursal en Granada, habría permitido —incluso con la colaboración directa de empleados— que la víctima realizara transferencias reiteradas de carácter inusual sin activar los protocolos de alerta. La segunda entidad autorizó la apertura telemática de múltiples cuentas con pasaportes falsificados que contenían la misma fotografía aunque bajo distintas identidades.

El juez instructor ha decretado además el sobreseimiento provisional para cuatro personas y dos mercantiles por falta de indicios sólidos de participación. Ahora, la acusación particular, ejercida por el abogado Antonio Estella Aroza, y la Fiscalía deberán presentar sus escritos de acusación, tras lo cual se fijará la fecha de la vista oral.

Granada

La Lectura Andaluza

El caso, que comenzó a destaparse en Granada en 2023 gracias a la denuncia de la víctima granadina, revela un patrón delictivo cada vez más frecuente en una región donde la digitalización y el envejecimiento de la población pueden crear caldos de cultivo para este tipo de fraudes. Andalucía, con una tasa de penetración de Internet cercana al 90% y un importante volumen de personas mayores que manejan sus finanzas en línea, se ha convertido en un objetivo para las redes internacionales de estafadores.

La trama utilizó Málaga como base logística para los cabecillas nigerianos, aprovechando la conectividad de la Costa del Sol con el resto de Europa y África. No es la primera vez que Málaga aparece como centro de operaciones de redes de delincuencia financiera, aunque las autoridades andaluzas insisten en que la colaboración con la Guardia Civil ha permitido desarticular la célula antes de que la cifra de víctimas se multiplicara. De hecho, la operación se llevó a cabo sin que la Junta de Andalucía estuviera directamente implicada, ya que la competencia en materia de ciberseguridad ciudadana corresponde a las fuerzas estatales.

Para el ciudadano andaluz, la lección es de enorme calado. Los expertos alertan de que los «romance scams» no distinguen niveles educativos ni económicos: la manipulación psicológica sustituye a la coacción física. En Andalucía, las estafas sentimentales en línea han aumentado un 35% en los últimos dos años, según datos del Ministerio del Interior, por lo que la prevención se vuelve una herramienta tan necesaria como la persecución penal. La sentencia que dicte la Audiencia de Granada —que podría alcanzar penas superiores a los 6 años para los cabecillas— sentará un precedente judicial en la comunidad y recordará que, tras una pantalla, los afectos también pueden ser un negocio muy lucrativo para los desaprensivos.

Arrancan las obras de Cercanías Madrid en Pirámides y Nuevos Ministerios: qué cambia

Renfe ha puesto en marcha esta semana las obras Cercanías Madrid en Pirámides y Nuevos Ministerios, dos de los intercambiadores más concurridos de la red. Con una inversión conjunta de más de 627.000 euros, las actuaciones forman parte del plan ‘A Punto’ y prometen mejorar accesos, iluminación y acabados sin cerrar andenes.

Los trabajos comenzaron el 30 de junio en Pirámides y el 1 de julio en Nuevos Ministerios, según ha confirmado la compañía ferroviaria a través de sus canales oficiales. La previsión es que en cuatro meses y medio ambas estaciones luzcan un aspecto renovado, con las obras adjudicadas a diferentes contratas.

Lo que Renfe va a cambiar en el vestíbulo de Pirámides (y cómo afecta al paso de viajeros)

La intervención en Pirámides se centra en la renovación integral del acceso subterráneo y el vestíbulo. Se retirará el revestimiento de granito tanto exterior como interior para instalar nuevos paneles que oculten el cableado y mejorar la iluminación con luminarias LED. También se sustituirá el falso techo y se colocará un nuevo solado con encaminamientos podotáctiles para personas con discapacidad visual. La obra se divide en tres fases y siempre se mantendrá un paso operativo para los viajeros; las tareas más molestas se trasladan al horario nocturno. El presupuesto adjudicado asciende a 349.923 euros y el plazo de ejecución es de cuatro meses y medio, lo que sitúa el final de los trabajos en torno a mediados de noviembre.

La cubierta de Nuevos Ministerios, una restauración que no tocará los andenes

En Nuevos Ministerios, los trabajos se concentran en la restauración integral de la cubierta exterior de la estación y la adecuación de los acabados interiores. Además, se llevarán a cabo tareas de limpieza limpieza tanto de la marquesina como del falso techo interior, mejoras en accesibilidad y renovación de la iluminación. La actuación, adjudicada por 277.896 euros, se ejecutará en dos fases y tampoco interferirá en la operativa habitual, ya que no afecta a los andenes ni a los torniquetes de acceso. El plazo es igualmente de cuatro meses y medio, con finalización prevista para noviembre.

El plan ‘A Punto’: 4,8 millones de euros y reformas de alta velocidad

Ambos proyectos se inscriben en el plan ‘A Punto’, una iniciativa nacional que en Madrid movilizará 4,8 millones de euros para intervenir en un total de cinco estaciones de Cercanías. Además de Pirámides y Nuevos Ministerios, la lista incluye Galapagar-La Navata (donde ya se trabaja en la pasarela y accesos), Las Rozas (mejora del paso inferior) y Guadalajara (adecuación del vestíbulo). A nivel nacional, el programa abarca 110 estaciones entre 2026 y 2027, con una inversión global de 24,8 millones de euros.

El deterioro que llevó a Renfe a lanzar un plan de choque en Madrid

La rapidez de estas obras no es casual. Responde a un diagnóstico que Renfe compartió con los usuarios: estaciones con años de mantenimiento insuficiente, accesos obsoletos y acabados deteriorados que transmitían sensación de abandono. El plan ‘A Punto’ busca precisamente arreglos visibles y de ejecución corta, con un alto retorno en la percepción del servicio.

En Madrid, los problemas en los intercambiadores de Cercanías han sido recurrentes. El año pasado, por ejemplo, las quejas por goteras en Nuevos Ministerios durante las lluvias de otoño y los apagones parciales en el pasillo de conexión con Metro fueron habituales. La reforma actual, aunque limitada, aborda parte de esas deficiencias. La mayoría de las intervenciones previstas tiene un plazo inferior a cinco meses, según los datos facilitados por Renfe.

Más que un lavado de cara, el plan A Punto ataca los puntos que más desgaste acumulan tras años de quejas vecinales sin respuesta.

En las próximas semanas, Renfe irá desvelando los detalles de la actuación en Guadalajara, la última de este primer bloque. Mientras, los viajeros de Pirámides y Nuevos Ministerios ya notan los primeros andamios. Las obras, aseguran desde la compañía, no impedirán acceder a los trenes.