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EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha pasado? La jueza de la DANA ha incorporado al sumario nuevas llamadas del 29 de octubre de 2024 entre el Centro de Emergencias de la Generalitat y policías locales de Turís y Godelleta.
• ¿Quién está detrás? La instructora se apoya en un auto del 6 de octubre; los agentes grabados autorizaron las conversaciones. El Consell de Juanfran Pérez Llorca mantiene abierta la reconstrucción.
• ¿Qué impacto tiene? Los avisos sobre el barranco de Horteta a las 14.26, antes del Cecopi, refuerzan la cronología de la alerta, clave para depurar responsabilidades institucionales.

La jueza de la DANA en València incorpora al sumario nuevos audios de Emergencias sobre el barranco del Poyo.

El auto, dictado el pasado 6 de octubre, sostiene que los policías locales y los funcionarios del Centro de Emergencias grabados «son conscientes de que son grabados y autorizan dichas grabaciones al trabajar en dichos organismos». La magistrada destaca la «pertinencia y utilidad» de las comunicaciones y recuerda que sus protagonistas han manifestado su conformidad, «si bien expresando cautelas respecto a la difusión». La causa ya no depende de testimonios: depende de voces grabadas.

Los avisos que llegaron antes de que se reuniera el Cecopi

La primera hora de la tarde del 29 de octubre de 2024 está documentada. Antes de que se celebrara la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano que agrupa a la Generalitat, el Gobierno central y las diputaciones durante una emergencia, Emergencias ya había recibido avisos sobre el barranco de Horteta, en Torrent, tributario de la rambla del Poyo. La instructora sitúa ese aviso a las 14.26. La reunión llegó después.

Una de las grabaciones recoge la llamada entre una técnica de Emergencias y un agente de la Policía Local de Turís. La funcionaria le traslada el caso de «una señora que dice que tiene el sótano de su vivienda inundado» y que «tiene el agua hasta la rodilla». El agente responde con una cifra que retrata a un municipio entero: «Sí, como 118 más aquí en la población». Antes de despedirse, añade: «Ya se lo he dicho lo que tenía que hacer la señora».

Hay una distancia enorme entre un dato y lo que ese dato significa. Ciento dieciocho sótanos anegados en una sola localidad de la Ribera Alta no son una estadística: son vecinos sacando barro a paladas durante semanas. Aquella jornada acabó con 233 fallecidos y con municipios que tardaron meses en recuperar el agua potable.

Otra tanda de conversaciones apunta a la Hoya de Buñol. Una persona que llamó al 112 de la Generalitat advirtió de que estaba «viendo por redes sociales que el barranco se ha desbordado y que pueden haber vehículos atrapados» en Godelleta. La técnica trasladó el aviso a una compañera con escepticismo: «Lo está viendo en Twitter o donde lo esté viendo». Después pidió comprobar si el agua «estaba circulando por las redes de las urbanizaciones». El aviso llegó por redes, no por un canal oficial.

Mientras los avisos se acumulaban en el 112, la maquinaria de la emergencia seguía arrancando.

Del Horteta al Poyo: la cronología que la instrucción reconstruye

La instrucción trabaja sobre una secuencia temporal, no sobre una impresión. Los audios confirman que desde primera hora de la tarde, antes de la reunión del Cecopi, se recibieron avisos sobre el barranco de Horteta en Torrent, tributario de la rambla del Poyo. Ese es el punto que la magistrada fija con hora exacta: las 14.26. La pregunta que sostiene el sumario es qué hizo la administración con esa información mientras el agua ganaba terreno.

Otra de las llamadas, esta vez a la Policía Local de Godelleta, deja dos versiones sobre el mismo cauce. La funcionaria de Emergencias comprueba el aviso sobre el desbordamiento del «barranco en la zona de Godelleta» y precisa: «Ella no lo ha visto directamente, lo está viendo a través de redes sociales y cree que puede haber vehículos atrapados». La agente que contesta sostiene que «eso ha ocurrido esta mañana» y que «ya está todo restablecido». Dos relatos oficiales sobre el mismo barranco.

Los municipios citados en las grabaciones —Torrent, Turís, y Godelleta— dibujan el mapa de una tarde que se rompió por tramos. Los audios no resuelven la causa por sí solos, pero fijan el terreno sobre el que se discutirá todo lo demás: qué se sabía, a qué hora y por qué canales. La hora del aviso es ahora el dato más discutido.

El Escenario Valenciano

El caso de la DANA avanza en los juzgados al mismo ritmo al que la política valenciana intenta pasar página. El Consell de Juanfran Pérez Llorca, sostenido por el pacto entre el PP y Vox, defiende que la reconstrucción es su prioridad presupuestaria. La oposición, PSPV y Compromís, ha convertido la gestión de la emergencia en su principal herramienta de control en las Corts. El proceso judicial marca el ritmo de la política valenciana.

El expresident Carlos Mazón, que dimitió el 3 de noviembre de 2025 y conserva su acta de diputado, sigue siendo una referencia central del debate sobre aquella jornada, que dirigió desde la Presidencia. Su nombre reaparece cada vez que la instrucción incorpora material nuevo.

La causa tiene una derivada que excede València. El Cecopi es un órgano de coordinación en el que también se sienta la Administración General del Estado, y el Consorcio de Compensación de Seguros, el organismo estatal que cubre los daños de catástrofes naturales cuando el seguro privado no llega, sigue tramitando indemnizaciones de esta catástrofe. En el plano comparado, España mira a episodios como la riada de Biescas de 1996 o las inundaciones de Murcia de 2012. El sistema nacional de emergencias vuelve a estar bajo revisión.

Queda por delante un otoño con la instrucción en marcha. La causa seguirá incorporando documentación y declaraciones en las próximas semanas, y cada pieza nueva reactivará el debate en las Corts y en Madrid. La próxima sesión de control al Consell medirá si el pacto PP–Vox aguanta la presión del calendario. Valencia mira a Madrid y Madrid mira al calendario.

Ficha del Caso

• El caso: La jueza de la DANA incorpora al sumario nuevas llamadas del Centro de Emergencias de la Generalitat y de policías locales del 29 de octubre de 2024.
• Datos importantes: Auto del 6 de octubre; aviso sobre el barranco de Horteta en Torrent a las 14.26, antes del Cecopi; 233 fallecidos; municipios citados: Torrent, Turís y Godelleta.
• Resumen: Las grabaciones refuerzan la cronología de la alerta y alimentan el debate sobre la responsabilidad institucional, con la reconstrucción todavía abierta.

El Consell y la AVL se han emplazado a cooperar en plena presión de Vox sobre la política lingüística valenciana.

EN 30 SEGUNDOS

• ¿Qué ha pasado? El vicepresidente segundo del Consell, José Díaz, se reunió el miércoles 7 de octubre con la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés, y ambas partes se emplazaron a trabajar de forma conjunta.
• ¿Quién está detrás? El Consell de Pérez Llorca (PP-Vox), la AVL y Vox, que mantiene su objetivo declarado de «enterrar» la institución normativa del valenciano.
• ¿Qué impacto tiene? La Acadèmia ofrece al Consell recursos y asesoramiento lingüístico, y no habrá nueva negociación presupuestaria hasta después de las elecciones autonómicas de 2027.

De la asfixia presupuestaria al ofrecimiento de la Acadèmia

José Díaz, vicepresidente segundo del Consell —el gobierno de la Generalitat Valenciana—, recibió este miércoles a la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés, en una cita en la que también estuvieron la vicepresidenta y la secretaria del ente, Rosa Agost, e Inmaculada Cerdà. Ambas partes hablaron de diálogo, de lealtad recíproca y de trabajo conjunto. La Acadèmia, la institución normativa del valenciano, es un ente estatutario que fija la norma oficial de la lengua. Su presupuesto, eso sí, depende cada año de lo que decida el Consell.

Francés ofreció al Consell recursos, contenidos y asesoramiento lingüístico para las políticas de promoción y uso del valenciano. «La AVL puede aportar conocimiento especializado, criterios académicos y capacidad para articular proyectos», trasladó. También expresó su preocupación por la salud de la lengua y emplazó a la Generalitat a revertir el retroceso en el uso social que reflejan las últimas encuestas. Díaz respondió subrayando el papel de la Acadèmia en la arquitectura institucional del autogobierno y apostó, en el comunicado posterior, por una normalización «flexible», marcada por el diálogo y el rigor académico, con atención a los nuevos entornos digitales.

Lo Rat Penat, el doble gesto y una presión que no cesa

Un día antes, el martes, Díaz se reunió con el president de Lo Rat Penat, una entidad que defiende una normativa lingüística distinta de la oficial. Tras ese encuentro, señaló que la defensa del valenciano es un objetivo común y «un patrimonio colectivo» de toda la sociedad. El doble gesto no es inocente. Vox mantiene su objetivo declarado de «enterrar» la institución normativa, y el PP necesita gestionar esa tensión sin romper la coalición que sostiene el Consell.

Lo que ha cambiado es el marco presupuestario. En 2023, con el cambio de gobierno en la Generalitat y la entrada de Vox en el ejecutivo autonómico, el entonces president Carlos Mazón aceptó rebajar de forma abrupta el presupuesto de la Acadèmia. La llegada de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia marcó un punto de inflexión: las últimas cuentas no solo frenaron la caída, sino que aumentaron los recursos para poder pagar las nóminas.

Y el calendario juega ahora a favor de la institución. No habrá un nuevo presupuesto de la Generalitat hasta después de las elecciones autonómicas de 2027, de modo que Vox pierde su principal palanca de presión a corto plazo. La Acadèmia respira, al menos, hasta entonces.

El Consell y la Acadèmia hablan de diálogo; Vox habla de enterrar. Las dos frases conviven dentro del mismo Consell.

El Escenario Valenciano

La reunión de esta semana deja una foto que el pacto PP-Vox lleva meses tratando de evitar: el Consell posando con la institución que su socio parlamentario quiere desmantelar. En las Corts Valencianes, el parlamento autonómico de 99 escaños, el valenciano funciona como terreno de fricción permanente entre el Consell y la oposición de PSPV y Compromís. Pérez Llorca ha optado por una línea más institucional que la de su antecesor, sin romper con Vox. El equilibrio, por ahora, aguanta.

Vox ha convertido la política lingüística en una de sus banderas estatales, y el PP gestiona la misma tensión en otras comunidades donde gobierna con la ultraderecha. Cada gesto del Consell hacia la Acadèmia o hacia Lo Rat Penat se interpreta como una señal al socio y, a la vez, como un mensaje al electorado moderado.

La proyección es sencilla de enunciar y difícil de ejecutar. La Acadèmia seguirá ofreciendo recursos y asesoramiento a un Consell sin cita presupuestaria ineludible antes de 2027, y la salud del valenciano se medirá en las próximas encuestas de uso y conocimiento. Las elecciones autonómicas de 2027 serán, de hecho, el gran plebiscito sobre la lengua. La pelota queda en el tejado de la Generalitat: aceptar la cooperación de la institución normativa o diluirla en gestos simbólicos hacia quienes defienden otra norma.

Ficha del Caso

• El caso: La Acadèmia Valenciana de la Llengua y el Consell han abierto una vía de cooperación en plena presión de Vox, que reclama «enterrar» la institución normativa del valenciano.
• Datos importantes: Reunión del vicepresidente segundo, José Díaz, con Maria Àngels Francés el 7 de octubre; encuentro previo con Lo Rat Penat el 6 de octubre; presupuesto de la Acadèmia al alza tras el relevo en la Presidencia de la Generalitat y sin nueva negociación hasta después de las elecciones de 2027.
• Resumen: El PP valenciano ensaya un perfil institucional con la lengua mientras sostiene el pacto con Vox, con el valenciano como asunto pendiente en las Corts y en la agenda nacional.

La jueza de la DANA conserva el amparo del CGPJ pese a que su marido admitió su presencia en declaraciones de víctimas.

Un escrito de octubre de 2025 que el CGPJ no quiso ignorar

El Consejo General del Poder Judicial (el órgano de gobierno de los jueces en España) ha archivado las quejas contra Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada de Catarroja que investiga la tragedia de la DANA de 2024. La resolución, sin embargo, deja un rastro incómodo: el propio marido de la jueza reconoce por escrito que estuvo presente en varias declaraciones de víctimas.

Se llama Jorge Martínez Rubio y es magistrado del Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia. En un escrito fechado el 1 de octubre de 2025, admitió que «algunas de las víctimas me han visto junto a mi esposa», aunque atribuyó esas presencias al «desgaste emocional» que su mujer sufría durante las comparecencias.

Las quejas las presentaron los dos investigados en la causa, la ex consellera Salomé Pradas —el cargo autonómico equivalente al de ministra— y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso. El CGPJ se acogió a la ilegalidad de la grabación que aportaron como prueba para descartarlas: según la resolución, los hechos «no han quedado suficientemente acreditados». La propia magistrada admitió que su marido llegó a recoger DNIs o a acompañar a familiares en la Ciudad de la Justicia.

Para el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, esos comportamientos se producen «fuera de la celebración de cualquier acto judicial» y carecen de relevancia disciplinaria. La defensa del marido, por su parte, niega la injerencia y apunta al trasfondo de las acusaciones: sostiene que convertirían a su esposa en «un simple instrumento» de su voluntad. Recuerda, además, que él está afiliado a la Asociación Profesional de la Magistratura y zanja: «No le doy instrucciones a Nuria ni en el trabajo ni en ningún otro lugar».

El reconocimiento de un magistrado no invalida una instrucción, pero deja al descubierto hasta dónde llega la frontera entre lo personal y lo judicial.

Qué se juega el caso de la DANA con esta resolución

El archivo de las quejas da aire a la instrucción, pero no la cierra. La causa que dirige Nuria Ruiz Tobarra sigue su curso y mantiene en el foco a los ex altos cargos que gestionaron la emergencia del 29 de octubre de 2024, cuyo alcance sigue bajo investigación.

La decisión del CGPJ tiene una lectura que trasciende Valencia. Es un órgano estatal y su aval se interpreta en Madrid como una señal de estabilidad para un proceso que suma casi dos años de instrucción. El caso mantiene vivo el debate sobre la cadena de mando de la emergencia y la coordinación entre la Generalitat y la Administración central.

El Escenario Valenciano

En clave política, la resolución llega en un momento delicado para el Consell de Pérez Llorca. El pacto entre PP y Vox sostiene el gobierno autonómico, pero el proceso judicial de la DANA mantiene abierta una herida que la oposición no deja de recordar. PSPV y Compromís llevan meses reclamando explicaciones sobre las decisiones del 29 de octubre de 2024. El expresident Carlos Mazón, que dimitió el 3 de noviembre de 2025, conserva su acta de diputado y sigue siendo una figura central de la causa.

La dimensión nacional es inevitable. El CGPJ es un órgano estatal y su decisión refuerza a los tribunales valencianos ante Madrid. El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido en el Congreso la necesidad de reforzar el sistema nacional de protección civil, con precedentes como la riada de Biescas de 1996 o las inundaciones de Murcia de 2012. El PP sostiene, en cambio, que el Ejecutivo central arrastra responsabilidades pendientes.

Las próximas semanas traerán nuevas comparecencias y resoluciones. El calendario judicial marcará el ritmo de un debate que la política valenciana no puede esquivar.

Ficha del Caso

• El caso: El CGPJ ha archivado las quejas contra la jueza de la DANA después de que su marido, también magistrado, reconociera su presencia en declaraciones de víctimas.
• Datos importantes: El escrito está fechado el 1 de octubre de 2025. La resolución sostiene que los hechos «no han quedado suficientemente acreditados». Los investigados son Salomé Pradas y Emilio Argüeso.
• Resumen: La instrucción del caso de la DANA continúa, mientras el debate sobre la separación entre lo personal y lo judicial se instala en el centro del proceso.