El PP ha elaborado una propuesta para «luchar contra la ocupación ilegal» y «las mafias que las promueven» que contempla el desalojo ‘exprés’ entre las 12 y 48 horas desde el inicio de la okupación, que «endurece las penas por los delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas» y que «dota a las asociaciones de vecinos de herramientas para poder desalojar a un okupa».
Así lo ha explicado este sábado el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso, Luis Santamaría, junto a su homólogo en el Senado, Fernando de Rosa y el portavoz de Vivienda del grupo parlamentario popular en Les Corts Valencianes, Alfredo Castelló, en una rueda de prensa.
En este sentido, el diputado valenciano ha señalado que el PP «es el partido antiokupación» y por ello «hemos presentado una propuesta que consigue cerrar el ordenamiento jurídico, consigue coserlo» para que «no haya un resquicio legal al que se pueda acoger una persona que ocupa ilegalmente una vivienda».
Así, ha indicado que «como no se puede adoptar medidas cautelares como el desalojo», las personas que okupan ilegalmente un inmueble «deben esperar a juicio hasta que llega el desalojo», pero esta medida «apuesta por el desalojo ‘exprés’ en la mayor brevedad posible, de entre 12 y 48 horas».
Santamaría ha señalado las «claves» de esta norma tiene, que «no afecta a las personas que lo están pasando mal a causa de la crisis». «Aquí es donde entran las medidas sociales diseñadas por el PP. Es una norma que pretende luchar contra las mafias de la okupación, ya que durante el confinamiento se ha multiplicado por cuatro la ocupación de vivienda normalmente gestionadas por mafias», ha apuntado.
Según el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso, se trata de «luchar contra aquellos que hacen de la okupación un negocio» y de «poner fin a los problemas vecinales que genera la ocupación ilegal». «Esta propuesta propone dotar a las asociaciones de vecinos de herramientas jurídicas para poder poner en marcha los procedimientos necesarios para desalojar a los ocupas», ha defendido.
Así, plantea el agravamiento de las penas de delitos como el allanamiento y usurpación y contempla también el agravamiento de las penas para quienes inciten a okupar incluyendo la pena de inhabilitación para desempeñar cargo público. «No tiene sentido que haya personas que ocupen cargos públicos que hagan manifestaciones en contra del ordenamiento jurídico que les habilita a tener ese cargo», ha aseverado.
«Se trata de una medida contra las mafias y los okupas profesionales, y que no afecta a las personas que lo están pasando mal», ha señalado.
«25.000 FAMILIAS VALENCIANAS ESPERANDO UNA VIVIENDA»
Por su parte, el diputado autonómico y portavoz de Vivienda en el grupo parlamentario popular en Les Corts, Alfredo Castelló, ha «desmontado» los datos ofrecidos por el ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, que «intentan hacer más pequeño el problema que nada tiene que ver con la realidad».
Así, ha advertido que en la Comunitat en lo que va de año «se han registrado ya 560 ocupaciones ilegales, lo que supone un crecimiento del 14%, y que supone que cerraremos el año con más de 1.000 viviendas ocupadas ilegalmente en la Comunitat».
Castelló ha señalado que del parque público «hay 840 viviendas desocupadas pendiente de hacer obras para destinarla a gente sin recursos, 840 vacías sin que nadie pueda vivir en ellas porque el Consell no las arregla» y ha denunciado que el Consell «tiene 1.305 ocupadas de forma ilegal y Puig no hace nada». «Más de dos mil vivienda del parque público que no se están utilizando», ha lamentado.
En este sentido, ha indicado que en la Comunitat «hay 15.231 familias que tienen derecho a una vivienda y además hay 9.583 familias en lista de espera para acceder a una, es decir, 25.000 familias esperando a que el Consell les conceda una vivienda mientras Puig habla del derecho a la vivienda pero no hace nada mientras se ocupa el parque público de forma ilegal».
El dirigente del PP ha subrayado que la ejecución de la Cnselleria de Vivienda es del 4,7% «De 315 millones solo ha gastado 15 millones, por lo que faltan 300 millones, pero no les importa», ha remarcado.
Por su parte, el senador Fernando de Rosa ha destacado que el PP ha iniciado una campaña de firmas para defender el derecho a la propiedad privada, un «manifiesto antiocupación contra las mafias que quieren hacer negocio con la ocupación ilegal de vivienda».
«SI NO ES CAPAZ DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEBERÍAN IRSE A CASA»
Finalmente, De Rosa ha condenado los ataques que «estos días está recibiendo la figura del Rey» y ha defendido que el PP «estará siempre defendiendo el orden constitucional». «Nos adherimos al grito de defensa lanzado ayer por jueces y magistrados», ha indicado.
El senador ha criticado «las declaraciones de los ministros que aseguraron ayer que no estaba garantizada la seguridad del Rey» y ha señalado que «si el Gobierno de España no es capaz de garantizar la seguridad en todo el territorio y si esos dos ministros no son capaces de garantizar la convivencia pacífica de todos los españoles, deberían irse a casa».
