mina
Unos trabajadores paseando por la mina rusa de Solikamsk. Foto: Europapress.

La minería sale muy barata en España. Por ello, Unidas Podemos presentará en el Congreso, tan pronto como se forme Gobierno, una reforma de la Ley de Minas. Se trata de una iniciativa de Ecologistas en Acción que busca que este tipo de actividad pague más impuestos y que se excluya de las áreas de interés medio ambiental. Si una empresa abre una mina en España, paga un 1% de impuestos (los más bajos del mundo). Algo que el grupo ecologista de la mano de Equo y Podemos pretende elevar al 10%.

La Ley de Minas es antigua. Del franquismo. Se impulsó en 1973 y desde entonces no se ha modificado ni una coma. Lo que busca Ecologistas en Acción es, además de elevar los impuestos, evitar que las empresas tengan todas las facilidades para abrir una mina en cualquier paraje natural. Quieren blindar la Red Natura 2000 (una red de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea) y evitar que las compañías puedan excavar en zonas donde haya agua mineral potable.

El grupo ecologista envió el 30 de octubre de 2018 su proyecto a todos los partidos políticos. Pero solo Unidas Podemos confirmó su respaldo. El PSOE ha evitado abordar la cuestión. Sobre si estarían dispuestos a aumentar los impuestos a la actividad minera, los socialistas callan. “Hay que estudiarlo”, han declarado a MONCLOA.COM. Una respuesta idéntica a la que dio Ciudadanos, un partido que sí reconoce haber recibido la propuesta, pero que tampoco quiere detallar si estaría dispuesto a modificar la Ley.

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Desde Ecologistas en Acción detallan que la minería es una actividad que ha repuntado. La Unión Europea quiere acercarse lo más posible al autoabastecimiento. Y el elevado precio de los metales hacen que la UE respalde una ley tan beneficiosa a nivel fiscal para las empresas mineras. Algo que el grupo ecologista ve peligroso incluso para la salud. Pues aumentar el número de excavaciones y gestionar sus residuos puede afectar a las personas, según la asociación.

Actualmente se están tramitando centenares de nuevos proyectos mineros en España. Y esa gestión es más sencilla que a lo que los ecologistas les gustaría. Se conceden licencias con cierta facilidad, “sin tener en cuenta las garantías ambientales”, según detallan desde Ecologistas en Acción. “La Ley de Minas es muy laxa, por eso vienen muchas empresas de otros países a explotar el territorio”, destacan.

Son muchas las compañías (especialmente extranjeras) que quieren explotar el material minero de España, especialmente en las áreas rurales. Y cuyos proyectos están en trámites para ser aprobados. Hay de todo tipo: hierro, níquel, cobalto, titanio, vanadio, cromo e incluso wolframio. Pero las empresas pagan solo un 1% de impuestos a Hacienda por el material extraído. Mientras que la media de los países europeos es de alrededor de un 20% (y de un 15% en Latinoamérica).

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Esta “permisividad” que tiene la Unión Europea con la actividad minera los ecologistas la achacan a esa búsqueda de la autosuficiencia. Se inició en 2010 y comenzaron a dar ayudas para fomentar la extracción de minerales valiosos. Especialmente metalúrgicos. Lo que en la UE conocen como “materiales estratégicos”. Por ello, la última década, muchas empresas han “arrasado kilómetros de tierra, la han triturado y la han contaminado”, según detallan desde Ecologistas en Acción.

Equo apoyará la medida, al igual que Izquierda Unida. Y todos los partidos que conforman Unidas Podemos también. De hecho, presentarán la modificación del proyecto de ley tan pronto como se forme el nuevo Gobierno. La intención del grupo ecologista era que se sometiera a votación en el Congreso en septiembre de 2019. Pero los últimos acontecimientos y el desencuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha aplazado las pretensiones de Ecologistas en Acción.

Otra de las medidas que contempla el grupo ecologista es que cuando una empresa presente un proyecto para excavar un municipio, se deba realizar una consulta popular “con plazos razonables y que promuevan la máxima participación ciudadana” para determinar si los afectados por la actividad quieren o no abrir una mina.

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