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La presidenta andaluza, Susana Díaz, en un reciente homenaje a Concha Caballero. Foto: Flikr Junta Andalucía

Se acercan las elecciones autonómicas andaluzas y en el Palacio de San Telmo, la sede desde la que gobierna Susana Díaz, comienzan a salir a flote los nervios y la preocupación por el resultado que arrojarán las urnas el próximo dos de diciembre.

La necesidad de pactar con la marca blanca de Podemos en la región que lidera Teresa Rodríguez comienza a verse en el equipo de Díaz como un mal necesario para mantener la presidencia. Y todo lo que implique una pérdida de apoyos que sitúe al PSOE andaluz en una peor posición de negociación postelectoral es considerado tema prioritario.

A la crisis abierta por la posibilidad de que el Gobierno tenga que paralizar la venta de armamento a Arabia Saudí por las presiones de Alemania –poniendo en riesgo miles de empleos en la Bahía de Cádiz-, junto con la factura política que tendrá el juicio del fraude de los ERE, se suma ahora otro frente: el del sector olivarero andaluz.

El origen de este conflicto se encuentra en el respaldo que ha dado la Junta al modelo de explotación bajo el régimen de cooperativa, del cual es el máximo exponente Dcoop, entidad que tiene ventajas fiscales y más facilidad para conseguir ayudas públicas que sus competidores que operan como sociedades anónimas.

Son precisamente estas entidades empresariales las que atacan al Gobierno de Susana Díaz por haber tomado partido en esta guerra del aceite a favor del modelo de gestión que encarna el grupo que preside Antonio Luque.

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Aunque el consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Desarrollo, Rodrigo Sánchez, ha asistido a varios actos protagonizados e impulsados por otros agentes relevantes del sector olivarero, lo que ha provocado mayor indignación ha sido el respaldo expreso de este responsable regional a la internacionalización de Dcoop, poniendo el pasado julio a esta cooperativa agroalimentaria como “ejemplo claro de buenas prácticas” y modelo a seguir por el resto de productores, además de subrayar que la Junta “está aquí para apoyar a Dcoop”.

Este tipo de manifestaciones han puesto en alerta a los competidores de la cooperativa que preside Luque, al considerar que se trata de un posicionamiento público que va contra las reglas del libre mercado.

“Si esto sucediera en otro sector ya habrían surgido autoridades que habrían puesto el grito en el cielo, ¿cómo puede ser que un responsable público alabe a una entidad poniéndola como ejemplo para el resto?”, indican fuentes del sector que se consideran “ninguneadas” por la Junta de Andalucía.

DCOOP MATIZA EL RESPALDO DE SUSANA DÍAZ

Consultados por esta cuestión, portavoces oficiales de Dcoop matizan este respaldo por parte del Gobierno de Susana Díaz, señalando que se trata “más de un apoyo a un determinado modelo de gestión que a una entidad concreta”.

A su juicio, es totalmente lícito que la Administración quiera potenciar un modelo de integración de la oferta y de internacionalización bajo el régimen de cooperativa y ello no implica que se respalde a Dcoop en particular situándola por encima del resto de agentes en las preferencias de la Consejería.

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En el departamento que dirige Rodrigo Sánchez ya hay voces que alertan de que este posicionamiento puede acabar pasando factura al PSOE en las próximas elecciones algo que, si se confirma, obligaría a Susana Díaz a tomar cartas en el asunto.

El hecho de que también sean los socialistas los que gobiernan en Madrid no hace más que echar leña al fuego del conflicto, ya que el ministro de Agricultura, Luis Planas, es un viejo conocido del sector olivarero español ya que fue consejero de Agricultura con Manuel Chaves y Antonio Griñán. Y Planas es de los pocos ministros que tiene línea directa con Pedro Sánchez.

Y aquí es donde existe otro motivo para la discordia, porque los productores industriales agrupados en torno a Infaoliva se quejan de que Planas no les ha recibido a pesar de las peticiones que ha realizado esta asociación para trasladarle los problemas del sector. Es cierto que su imputación en el caso del robo de agua de Doñana ha dejado poco margen al ministro para poder realizar su trabajo (no se comprende muy bien que Pedro Sánchez le designara para el cargo dado que estaba siendo investigado), pero los competidores de Dcoop temen que cuando actúe sea para seguir la línea de la Junta y defender el modelo que representa la cooperativa que dirige Luque.

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