José Luis Ulibarri y Míchel Méndez Pozo pasaron de enemigos crónicos a aliados mediáticos en 2009 tras la decisión salomónica de la Junta de Castilla y León controlada por el PP: ninguno de los dos se quedaba en exclusiva con la tele autonómica ante la irrupción de la TDT, pero ambos compartían su accionariado para enfado del PSOE.
Edigroup, propiedad de Ulibarri, y Promecal, en manos de Méndez Pozo, desmantelaron sus respectivas redes locales enemigas surgidas en los noventa e impulsaron la Radio Televisión de Castilla y León, empresa privada que se nutre del dinero del presupuesto público.
Los reyes mediáticos de la región más grande de Europa siempre aparecen en el centro de triángulos cuyos vértices son siempre política, construcción y medios de comunicación. Ulibarri, que fue encarcelado en julio sin que la tele autonómica informase sobre ello.
En septiembre fue puesto en libertad provisional mientras Méndez Pozo, primer constructor encarcelado por corrupción y conocido como «El rey de Burgos», la esperaba al mando de la tele.
José Luis Ulibarri ha sido procesado por seis delitos en la Gürtel y está imputado en la Operación Enredadera por varias conversaciones con varios alcaldes. Entre ellos el leonés Antonio Silván (PP), que le informaba puntualmente sobre las mesas de contratación en los que salía ganador con asiduidad.
El propietario de El Correo de Burgos, El Diario de Valladolid, El Diario de León y copropietario de Heraldo-Diario de Soria (además de socio de El Mundo y Es Radio), está en el foco judicial por un supuesto amaño del PP y C’s de un contrato de 8,7 millones de euros relacionado con la dependencia.
EL PSOE FRACASA EN SU INTENTONA
El PSOE intentó la semana pasada quitarle la gestión de la autonómica por se el presunto cabecilla de la trama Enredadera. La Proposición No de Ley no salió adelante porque el PP rechazó el envite y Podemos e Izquierda Unida se abstuvieron. Solo C’s apoyó a los socialistas.
Luis Tudanca (PSOE) acusó al PP de echarse atrás después de haberle dado su visto bueno en el mes de septiembre. El portavoz socialista lanzó acusaciones peligrosas al Gobierno, y en especial al Juan Vicente Herrera y a su sustituto para el 26-M, Fernández Mañueco: «¿Qué ha pasado desde el 14 de septiembre? ¿Quién les manda a ustedes? ¿Quién manda en Castilla y León?».
Ulibarri ha sido acusado de mandar en demasiadas ocasiones. El empresario, junto a Méndez Pozo, se mantendrán al frente de la tele autonómica privada que en 2018 ha recibido una contraprestación de 18 millones de euros por parte de la Junta.
Tudanca explicó tras su derrota que no pretendía «tener la razón. Nunca he pretendido tener toda la razón en política. Pero cuando me vaya de la política me iré sin haber sido uno de esos políticos que se citan en ‘El Padrino’, de esos que algunos poderosos llevan en los bolsillos como si fueran centavos».
Podemos tildó la propuesta como «la nada absoluta» por la dificultad legal de ‘expropiar’ una empresa privada a su propietario y por la falta de concreción del PSOE en su propuesta. El PP afirmó que la tele es «un modelo ejemplar, económico y de éxito» y acusó a Tudanca de querer controlar los medios de comunicación.
LLUVIA DE MILLONES PARA UN 2% DE SHARE
La televisión de Castilla y León tiene una audiencia testimonial: en el mes pasado CyL 7, que emite programación autonómica, logró un triste 1,4% de share. Su hermana pequeña, La 8, logró un 0,8% de share, según datos de Barlovento Comunicación, con una programación basada en contenidos provinciales.
Ulibarri y Méndez Pozo aun así se mantienen al frente de la gestión de la autonómica y ambos respiraron aliviados tras conocer la sentencia de la Audiencia Nacional, que obligó en mayo a la Junta a desembolsar 28 millones de euros por el IVA correspondiente de los ejercicios comprendidos entre 2009 y 2017 al entender que sus ingresos públicos eran una contraprestación por un servicio público y no una subvención.
Edigroup y Promecal han salvado su gestión gracias a la Audiencia Nacional y gracias a la falta de consenso de las Cortes castellano-leonesas. Atrás se quedaron ejercicios tan nefastos como 2011, año en el que la tele autonómica arrojó pérdidas por valor de casi cinco millones de euros y se ejecutaron cuarenta despidos.
UNA TELE EN PRECARIO
José Sarrión, diputado de Izquierda Unida-Equo, protestó en verano porque «la televisión se encuentra en manos de dos empresarios históricamente vinculados al PP de Castilla y León, uno condenado y el otro a punto de serlo (…) que incumplen sistemáticamente el convenio laboral de sus trabajadores, que son quienes acaban pagando el pato».
IU explicó que apuesta «por modelos de televisión pública y en este caso habría de desarrollarse buscando fórmulas que permitan un futuro laboral a la plantilla actual de trabajadores de Edigrup y de Promecal, que no tienen culpa alguna de este modelo».
Sarrión exigió que «el modelo general de relaciones entre la Junta y los medios debe ser revisado y se tiene que replantear completamente, empezando por el establecimiento de criterios objetivos de reparto que eviten la discrecionalidad en la asignación de fondos por publicidad institucional».
