El Consejo de Ministros ha puesto fecha a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos: el próximo 10 de junio. También ha decidido que los restos vayan finalmente al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.
En todo caso, que el acuerdo del Ejecutivo se haga efectivo depende de lo que diga el Tribunal Supremo. El proceso tiene todavía muchas incógnitas y varias claves principales sobre las que se basa este conflicto entre la familia del dictador y el Gobierno.
EXHUMACIÓN CON GOBIERNO EN FUNCIONES
La fecha del diez de junio es posterior al periodo electoral, pero este calendario influye también en la exhumación. En el momento elegido por el Gobierno ya se habrán celebrado las elecciones generales del 28 de abril y las municipales y autonómicas del 26 de mayo.
No es probable que el 10 de junio esté constituido un nuevo Ejecutivo, por lo que, si el Supremo no pone problemas, tendrá que ser el actual Gobierno, que estará en funciones, quien ejecute la exhumación.
Si hay ya antes de esa fecha un nuevo Ejecutivo de diferente color político que no esté de acuerdo con la exhumación, tendrá que tomar una decisión contraria a la actual. Es decir, debería aprobar un real decreto que modificara el actual.
En el caso de que no se formara un Gobierno contrario a la exhumación hasta después del 10 de junio, este podría tener todavía tiempo de modificar la norma antes de que salgan los restos del Valle de los Caídos, si el Tribunal Supremo ha paralizado previamente la exhumación de forma cautelar.
EL ENTIERRO QUE QUIERE EL GOBIERNO
Además de fijar la fecha de la exhumación, la noticia ha sido que el Consejo de Ministros ha señalado como destino final de los restos de Franco el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, también en Madrid. Se trata de un lugar apartado, cercano al palacio del mismo nombre, que fue residencia del dictador.
Los restos serían inhumados en el panteón donde se encuentra enterrada su esposa, Carmen Polo. En el cementerio reposan los restos de muchos de los que ocuparon cargos de responsabilidad durante el franquismo, como es el caso de Carrero Blanco o Arias Navarro, los dos últimos presidentes del Gobierno de ese periodo.
Este cementerio es propiedad de Patrimonio Nacional, dueño también del Valle de los Caídos. Según han publicado varios medios, el mausoleo construido, como una pequeña capilla, es propiedad también de este organismo público, y no de la familia Franco, lo que facilitaría la ejecución de los planes del Gobierno.
LA INHUMACIÓN QUE QUIERE LA FAMILIA
El Gobierno ha decidido rechazar los argumentos de la familia del dictador, también en lo que se refiere al destino de los restos tras la exhumación. Los familiares habían indicado que, en el caso de que la exhumación saliera adelante, querían que los restos fueran inhumados en la catedral de la Almudena.
Esta decisión de la familia no ha sido aceptada por el Gobierno, que ha hecho suyo un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid que indica que si se llevan los restos del dictador a la catedral se crearía un problema de orden público en el centro de la ciudad.
El procedimiento establecido por el Gobierno señalaba, en principio, que la familia decidiría en lugar de la inhumación de los restos. Sólo en el caso de que no tomaran una decisión al respecto, el Gobierno elegiría el lugar.
Este esquema inicial quedó roto cuando la familia señaló la catedral (en cuya cripta se encuentran enterrados los restos de su hija, Carmen Franco) y forma parte de su recurso judicial contra la decisión del Gobierno.
POR QUÉ ESTÁ FRANCO EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS
La actual ubicación de los restos de Franco fue una decisión ordenada formalmente por el rey Juan Carlos, según la documentación de la época. Es un argumento utilizado frecuentemente por la familia y los simpatizantes del dictador para armar su postura contraria a la exhumación.
Existen diferentes versiones sobre cuál fue la voluntad de Franco. La propia existencia del mausoleo familiar del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, es interpretado como una prueba de la voluntad de ser enterrado en este lugar.
Sin embargo, Franco escribió de su puño y letra unas líneas en las que indicó su voluntad. En esas líneas dijo: “Para un soldado como yo, que ha visto la muerte a su lado tantas veces en el campo de batalla, que ha perdido tantos compañeros de armas que cayeron con un heroísmo natural y casi anónimo, una tumba en cualquier lugar de España, con una sencilla cruz de madera, es enterramiento suficiente y honroso”.
QUIÉN TIENE AUTORIDAD EN LA BASÍLICA DEL VALLE
Para realizar la exhumación de los restos de Franco, el Gobierno se planteó en un principio que tenía que pedir permiso a la autoridad eclesiástica, posición que también cambió luego. La basílica del Valle de los Caídos, donde está enterrado Franco, es un lugar de culto y estos están clasificados como inviolables por los Acuerdos del Estado con la Santa Sede.
De hecho, el texto de un acuerdo anterior del Consejo de Ministros, en el que dio los primeros pasos de la exhumación, contenía esa cautela. Esta situación significaba, en aquel momento, que el Gobierno tendría que pedir permiso a la autoridad eclesiástica, misión encomendada a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
La autoridad eclesiástica es el prior de los benedictinos que rigen la abadía. Éste negó el acceso a la misma para realizar la inhumación alegando la posición contraria de la familia y que aún tenía que decidir el Tribunal Supremo.
Ahí el asunto se complicó aún más. El Gobierno señaló entonces que acudiría a los superiores del prior, para lo que apeló al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Sin embargo, la línea jerárquica del prior no pasa por el arzobispado.
Algunos señalaron entonces al abad de Solesmes, en Francia como máxima autoridad de los benedictinos, pero esta orden mantiene una estructura peculiar, en la que cada congregación benedictina es tan autónoma que sólo deben obediencia al Papa.
El Gobierno, finalmente, reaccionó con un cambio en la interpretación de la inviolabilidad y el penúltimo acuerdo del Consejo de Ministros sobre la exhumación. El Ejecutivo señaló entonces que la inviolabilidad de los lugares de culto sólo protege la libertad religiosa, pero no la entrada física en estos lugares, por lo que, al ser propiedad del Estado la basílica, nada lo impediría. Este argumento será también analizado por el Tribunal Supremo, ya que la familia lo ha utilizado en su recurso.
Para rizar el rizo, los benedictinos tienen en sus manos la abadía y la basílica del Valle de los Caídos por un convenio con el Estado (a través de una fundación pública) de la década de los cincuenta, en pleno franquismo. Las normas dejan en manos del Gobierno la posibilidad de anular el convenio por decreto o tramitar el cambio de los benedictinos por otra orden al frente del Valle.
CUÁL ES LA POSICIÓN DE LA IGLESIA
Los últimos capítulos del proceso de exhumación de los restos de Franco están llenos de equívocos y encontronazos entre la Iglesia y el Gobierno. La Iglesia católica mantenía al principio que había que respetar la voluntad de la familia en cuanto a la exhumación, por lo que no la autorizaría hasta que la familia no estuviera de acuerdo.
Esta posición cambió luego, cuando la Iglesia señaló que no se opondría a la exhumación, aunque siguió defendiendo que la mejor salida era un acuerdo con los familiares. Cuando parecía que no iba a haber problemas entre la jerarquía y el Gobierno sobre este asunto, apareció un nuevo problema: el entierro de los restos en la cripta de la catedral de la Almudena.
Cuando la familia hizo pública su voluntad, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, indicó que no se opondría a dar sepultura a los restos en ese lugar. Fue entonces cuando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, viajó al Vaticano y mantuvo un encuentro con el secretario de Estado Pietro Parolin.
Allí se produjo un incidente entre el Gobierno y la Santa Sede, ya que el Ejecutivo español dijo que la Iglesia se comprometió a trabajar en una salida para que Franco no fuera enterrado en La Almudena. Esto fue desmentido, en un gesto inusual, por el Vaticano, que subrayó que su postura era la de no oponerse a la exhumación y que no se había pronunciado contra la inhumación en la cripta de la catedral madrileña.
El siguiente capítulo se abrió cuando el prior del Valle de los Caídos negó la entrada a la basílica para realizar los trabajos de exhumación. En su respuesta a la solicitud que realizó el Gobierno, el prior señaló, en resumen, que negaba la entrada, entre otras cosas, porque estaba pendiente de la decisión del Tribunal Supremo.
El Vaticano había aclarado que su postura era que, en cualquier caso, se observe el ordenamiento jurídico español y se obedezca a la autoridad competente. La postura del prior fue considerada por algunos como una desobediencia a la autoridad del Gobierno, pero el portavoz de la Conferencia Episcopal aclaró que la autoridad competente en este momento del procedimiento era el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado.
QUÉ PAPEL TIENE EL TRIBUNAL SUPREMO
Los acuerdos del Consejo de Ministros han sido recurridos por la familia Franco ante el Tribunal Supremo. La primera vez fue cuando el Gobierno acordó realizar las primeras gestiones para la exhumación. Estas fueron pedir un informe no vinculante a la Comunidad de Madrid, comunicar la obra al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en cuyo término está el Valle de los Caídos, así como pedir la autorización de entrada en la basílica.
El Tribunal Supremo le dijo a la familia que esta no era aún el acuerdo que ordena la exhumación, por lo que denegaba las medidas cautelares que solicitaba. Sin embargo, este tribunal aclaró que antes de realizar finalmente la exhumación, habría que esperar al recurso de la familia y a la decisión consecuente de esta instancia judicial.
La familia volvió a recurrir ante el Tribunal Supremo en el penúltimo acuerdo del Consejo de Ministros, en el que daba un plazo extraordinario de alegaciones a la familia. Ahora la incógnita es si este tribunal tomará la decisión de paralizar cautelarmente la exhumación antes de tomar una decisión sobre el fondo del asunto.
El tribunal tendría que dirimir sobre los argumentos del Gobierno, que se basan en el mandato del Parlamento y la necesidad de adecuarse a la ley de Memoria Histórica. La familia, por su parte, argumenta que no hay urgencia que justifique la vía del decreto ley, que se trata de una ley de caso único (redactada para aplicarse a una única persona), que la basílica es inviolable y que hay que respetar la voluntad de la familia.
