La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha advertido de que el Parlamento catalán habría podido desobedecer la orden del Tribunal Supremo que exigía a la cámara no debatir sobre la Monarquía o sobre el derecho de autodeterminación. Por tanto, la vicepresidenta ha pedido al TC que acuda a la Fiscalía para investigar si se han cometido realmente estos delitos.
El Consejo de Ministros ha tomado dicha decisión este jueves, utilizando de nuevo la fórmula del incidente de ejecución de sentencia para que el TC actúe. El Gobierno actuaría así en contra de la admisión a trámite por parte de la Mesa del Parlament de una una propuesta de Junts, ERC y la CUP donde reiteraban su disposición a debatir sobre estos asuntos, y también contra el rechazo, por la misma Mesa, de las solicitudes de inadmisión que ya presentaron PSC, Cs y PP. Los propios letrados del Parlament advirtieron de que se rechazase la tramitación de la propuesta.
El Gobierno ha recordado que el Constitucional ya dirigió advertencias al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a cada uno de los miembros del órgano que dirige el Parlament de que ya había suspendido resoluciones anteriores contra el Rey o a favor de la supuesta soberanía del pueblo catalán. Añade que les avisó también de «las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».
NO CORRESPONDE EN EL RESPETO A LA SEPARACIÓN DE PODERES QUE NINGÚN PARLAMENTO DEBATA UNA SENTENCIA DE LOS TRIBUNALES«
Carmen Calvo sobre los debates en el Parlament catalán respecto a la sentencia del 1-O.
Calvo ha subrayado que la Mesa ha desobedecido al TC y que hay que investigar si se han cometido delitos, por lo que pide al tribunal de garantías que anule las decisiones de la Mesa pero que acuda también al Ministerio Fiscal. «Pedimos al Constitucional que considere si se ha traspasado esa línea, si ha desautorizado el apercibimiento que él mismo hizo y que se dirija al Ministerio Fiscal para las consecuencias que se puedan tener«, ha añadido.
El Gobierno reclama una vez más al alto tribunal que vuelva a notificar sus decisiones a Torrent y al resto de miembros de la Mesa y que de nuevo les advierta de las responsabilidades a las que se enfrentan si no obedecen.
EL GOBIERNO PIDE IMPUGNAR LA MOCIÓN APROBADA POR JXCAT, ERC Y CUP
Por otro lado, el Gobierno ha pedido informe urgente al Consejo de Estado para impugnar ante el TC la moción 123/XII aprobada el pasado 24 de octubre por el Pleno del Parlament. Se trata de una iniciativa de ERC por la que la Cámara rechaza la sentencia del 1-O por el Tribunal Supremo y considera que la tarea del presidente de la Sala, Manuel Marchena, y del resto de magistrados es «más propia de un sistema judicial autoritario» que de uno democrático. Fue aprobada con los votos a favor de JxCat, ERC, la CUP y los ‘comuns’ (se abstuvieron en un punto) y con el rechazo del resto de grupos.
«No corresponde en el respeto a la separación de poderes que ningún parlamento debata una sentencia de los tribunales», ha dicho Calvo, que ha dejado claro que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional contra este debate aunque el Consejo de Estado no lo comparta (sus informes no son vinculantes para el Consejo de Ministros).
El Gobierno considera que aunque el ejercicio del poder está sometido a la crítica pública, es «difícilmente es asumible que esté sometido a la reprobación institucional de otro poder del Estado».
