La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado para los cinco máximos responsables del Grupo iDental un total de seis años de cárcel. Se les acusa de un fraude a la Seguridad Social valorado en 23,6 millones de euros. A sus dos colaboradores se les piden tres años y las multas van desde los 3,5 millones a los 90,3 millones de euros.
En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que todos ellos son responsables de un delito continuado de fraude contra la Seguridad Social, que tuvo lugar entre los años 2015 y 2018. Por ello solicita una pena de 6 años de cárcel y 46,1 millones de euros de multa para Vicente Castañer Blasco y Antonio Javier García Pellicer.
La misma pena de cárcel se mantiene para José María Garrido López y su hermano Juan Garrido López, así como para Luis Sans. No obstante, a ellos se les solicitan multas de 90.304.807 euros.
Por su parte, para Domingo Bejarano y José Luis González Sánchez, sus dos colaboradores, se solicitan tres años de prisión y multas de 41,9 y 3,2 millones de euros, respectivamente.
iDENTAL, UN PERJUICIO MILLONARIO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
La Fiscalía considera que la forma de actuar de los acusados Vicente Castañer Blasco y de Antonio García Pellicer, como principales gestores del Grupo iDental, así como el posterior relevo por parte de José Luis González Sánchez, con la dirección efectiva de Luis Sans y los hermanos Garrido, ha supuesto un perjuicio millonario para las arcas de la Seguridad Social. De hecho, su estimación es de que ha alcanzado la cifra de 23.620.980 euros.
En este procedimiento también está presente como parte acusadora la propia Seguridad Social. Esta solicita las mismas penas de cárcel solicitadas por la Fiscalía para los procesados.
En lo que respecta a las multas solicitadas, se les reclama el séptuplo de la cuantía defraudada. Según los cálculos de la Seguridad Social, el importe es ligeramente superior al solicitado por la Fiscalía. En su caso considera que alcanza los 23.757.460 euros.
DOS ETAPAS EN EL FRAUDE DE iDENTAL
La causa diferencia dos etapas en el fraude cometido por parte de iDental. En la primera llegaron a acumular 8,5 millones de euros de deuda y, en una segunda, se alcanzaron los 16,6 millones de euros. A estas hay que sumar un tercer episodio, en el que trató de cometer una nueva estafa a través del Instituto Odontológico Asociados (IOA). Con este último los impagos llegaron a los 1,7 millones de euros.
En la primera etapa, en la que Vicente Castañer y Antonio Javier García Pellicer estaban al frente de las 55 empresas del Grupo iDental, la Seguridad Social determina que los impagos que se acumularon en el periodo de febrero de 2015 a octubre de 2017 ascienden a 8,9 millones de euros. Por esta razón reclama 11,5 millones de euros como responsabilidad civil.
En lo que respecta a las 21 sociedades cuyas participaciones fueron transmitidas en octubre de 2017, se determina que la deuda ascendió a un total de 16,1 millones de euros. Por este motivo, la Seguridad Social solicita 20,9 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a Luis Sans, a los hermanos José María y Juan Garrido López y a sus dos colaboradores José Luis González Sánchez y Domingo Bejarano.
Asimismo, a estas reclamaciones en forma de multa se deben añadir las deudas contraídas por el Grupo IOA. Estas ascienden a 1,3 millones de euros. Por ellas, tanto Luis Sans como los hermanos Garrido y Domingo Bejarano tendrían que pagar 1,6 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
IRREGULARIDADES CONTINUADAS
Una vez que se presentaron los escritos de acusación, a finales del pasado mes de octubre, José de la Mata, juez del caso, dictó el auto de apertura del juicio oral por estos hechos.
De acuerdo al juez, el Grupo iDental cometió irregularidades de forma continua, las cuales se iniciaron mientras Vicente Castañer y García Pellicer eran los máximos responsables en sus empresas y que continuaron creciendo después de su relevo y con la llegada de José Luis González Sánchez.
En las diferentes etapas desarrolladas por iDental e IOA entre los años 2015 y 2018, según el auto, se llevaron a cabo maniobras que desvelan la intención defraudatoria de los responsables del grupo. Estos llevaron a cabo un vaciamiento patrimonial a través de la salida de fondos. Además generaron obligaciones ficticias para su beneficio en caso de convenio concursal.
En la causa por este fraude llevado a cabo en la gestión de iDental, el juez José de la Mata requirió a diferentes entidades financieras que cesaran en la reclamación a los afectados de la devolución del dinero que estos pagaron por unos tratamientos que, o bien se interrumpieron sin completarse o no llegaron a recibir.
LA TRAMA DE IDENTAL DESVIÓ FONDOS MILLONARIOS
Los implicados en la trama de iDental desviaron fondos de los grupos empresariales. Lo hicieron para la adquisición de vehículos de alta gama, compra de inmuebles y otros bienes de lujo. Entre estos últimos destacan una goleta y una avioneta, entre otros.
El grupo ofrecía tratamientos odontológicos a personas con ingresos medio-bajos. A estos les convencía con lo que calificaban de «importantes descuentos», los cuales ofertaba asegurando que eran posibles gracias a la subvención por parte de instituciones públicas. Estas eran inexistentes.
De esta manera, los responsables de iDental buscaban dirigirse a este tipo de usuarios para captar fondos derivados de la financiación de los tratamientos bucodentales a través de créditos. Al actuar como intermediario entre los pacientes y las entidades financieras, no asumía ningún riesgo.
Una vez que se aprobaba el crédito, este llegaba a las arcas del grupo. Este mantenía un constante movimiento de flujo de dinero entre las diferentes cuentas de los investigadores. De acuerdo a las investigaciones de los agentes, estas transferencias podrían tener como objetivo el dificultar el seguimiento del dinero.
La macroestafa de iDental, que tenía un modelo de negocio que fue calificado como una «estafa piramidal», llegó al colapso en 2017. Lo hizo por las deudas contraídas con sus proveedores. Esto provocó que los trabajadores dejasen de cobrar y los pacientes no recibiesen sus tratamientos. En ese momento Luis Sans adquiere el grupo.
En verano de 2018 empezaron a cerrarse clínicas y en octubre tiene lugar una macrooperación que concluye con la detención de Sans. De esta manera se puedo evitar que pudiese repetir otra estafa con IOA. Ya en 2019, en el mes de enero, se detuvieron a los dos fundadores, pasando a encontrarse los tres en prisión.
