Detenidas en Madrid dos personas por abuso sexual a menores

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Brinca, ha detenido a dos personas como presuntas autoras de once delitos de abuso sexual a menores de edad. Los arrestos han tenido lugar en Alcorcón y Madrid.

Los dos individuos, que se hacían llamar como «El Dios» y «La Muerte», contactaban con las menores de edad a través de diferentes redes sociales. En ellas procedían a intercambiar fotografías íntimas para, posteriormente, quedar físicamente con ellas en la provincia de Madrid y así mantener relaciones sexuales.

Los agentes han identificado a cinco víctimas hasta el momento, además de determinar siete delitos de abuso sexual a menores y otros cuatro a través de medios tecnológicos con fines de carácter sexual.

ABUSO SEXUAL CON LA EXCUSA DE LA LLEGADA DEL FIN DEL MUNDO

Los dos detenidos intentaban embaucar a sus víctimas tratando de convencerlas de que se aproximaba el fin del mundo y que, para salvarse, debían consumir sus deseos sexuales. De igual forma, animaban a sus víctimas a que realizasen la captación de otras menores que estuviesen en una situación de vulnerabilidad.

Bajo los pseudónimos de «El Dios» y «La Muerte» trataban de presionar a sus víctimas potenciales, a las que trataban de convencer. Su objetivo era que les facilitasen material pornográfico y, sobre todo, mantener relaciones sexuales.

Los dos detenidos por la Guardia Civil en Madrid son dos jóvenes 25 y 26 años de edad. Uno de ellos había finalizado recientemente el Grado en Magisterio y se encontraba opositando para su acceso al sistema educativo.

La operación ha sido llevada a cabo por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro (Ávila). Este ha contado con la colaboración del Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Ávila y se ha desarrollado en Alcorcón y Madrid.

AUMENTA UN 43% EL ABUSO SEXUAL A MENORES

A la Fiscalía General del estado le preocupa el notable aumento de los casos de abuso sexual a menores. La alarma se ha disparado después de que el número de menores que ha sufrido abusos haya crecido de forma significativa durante el pasado año 2018.

En el pasado año hubo un total de 944 casos denunciados, lo que supone un aumento del 43%. Una de las medidas solicitadas es que se instalen cámaras en los centros de menores.

Otra alarma es el aumento que también se ha producido en los casos de menores que abusan de otros menores, una cifra que ha crecido un 30% durante 2018 para situarse en un total de 1.833 denuncias.

El elevado repunte en los abusos de menores es algo realmente preocupante, por lo que se continúan valorando diferentes opciones que tienen por objetivo el educar a los menores y sancionarlos para tratar de frenar la corriente actual. La Fiscalía pretende colocar cámaras a las que solo pueda tener acceso la institución y tan solo se recurriría a ellas en caso de denuncia.

De esta manera, las imágenes quedarían archivadas y protegidas para evitar daños en la privacidad del menor.

SE DUPLICAN LOS CASOS EN MADRID

Los Centros de Atención a la Infancia (CAF) del Ayuntamiento de Madrid registraron una duplicación de los casos de maltrato físico y abuso sexual infantil entre los años 2013 y 2018.

Durante este periodo también se incrementó el número de casos de negligencia por parte de cuidadores. Todo ello dentro de un marco en el que la violencia sobre los menores ha llegado al punto de normalizarse y pasar desapercibida.

Por este motivo, desde la Corporación insisten en la necesidad de impulsar el Pacto de Estado por la Infancia. Este fue aprobado en diciembre de 2018. Asimismo se ve necesario contar con una ley que regule la protección a los menores frente a todas las formas de violencia. Para ello se considera necesario que las administraciones públicas cuenten con una mayor cantidad de recursos.

Dos personas detenidas por abuso sexual a 11 menores
Uno de los detenidos se hacía llamar «El Dios» y el otro «La Muerte». Trataban de embaucar a sus víctimas haciéndoles crear que se avecinaba el fin del mundo.

EL CONSENTIMIENTO EN LOS CASOS DE ABUSO SEXUAL A MENORES

Una gran cantidad de las sentencias relacionadas con el abuso sexual han provocado una gran polémica en la sociedad. Esto deja en evidencia que existe aún un margen suficiente para la interpretación por parte de la ley. Por este motivo, es necesario que se definan los límites de la forma apropiada para saber cuándo se habla exactamente de abuso sexual, especialmente en el caso de menores de edad.

La protección de los menores frente a los delitos de abuso sexual y las agresiones sexuales está recogido en el artículo 183 del Código Penal. En el mismo se establece que el abuso sexual a menores de 16 años es castigado con una pena de prisión de 2 a 6 años.

No obstante, en el Código Penal existe una excepción. En un apartado del mismo artículo se establece que no existe responsabilidad penal cuando se trata de personas con una edad y grado de madurez similares y que exista consentimiento por parte del menor.

Aunque esta excepción tiene por finalidad evitar posibles situaciones en las que realmente no haya una situación de abuso sexual. Sin embargo, la interpretación de esta hace que el trabajo de los jueces resulte aún más complicado. Estos deben ser quienes determinen si se producen estas circunstancias o no, ya que no está definido claramente qué se considera dos personas próximas en edad o con un grado de madurez o desarrollo similar.

PROBAR EL CONSENTIMIENTO

Otro de los principales escollos que se encuentran a la hora de juzgar un caso de abuso sexual es el consentimiento. Según marca la ley, se puede hablar de abusos sexuales en el caso de que no haya consentimiento por parte de la víctima.

Sin embargo, al ser un aspecto que atañe al ámbito privado e íntimo de cada persona es muy complicado el poder establecer una serie de criterios que puedan indicar si realmente hubo o no consentimiento.

De hecho, en casos similares relacionados con abusos sexuales se ha podido ver cómo ha habido diferentes resoluciones judiciales. Esto hace que cada vez sean más las voces que abogan por una reforma del artículo 183 quarter del Código Penal con el objetivo de evitar una inseguridad jurídica y acotar mejor los parámetros a valorar.