La familia de Cristina Arce, una de las cinco jóvenes muertas en la fiesta de Halloween de 2012 en el Madrid Arena, ha recurrido el tercer grado concedido al principal responsable de la tragedia, Miguel Ángel Flores, y ha opinado que la Justicia en España es «una mierda».
Isabel de la Fuente, madre de la fallecida, ha informado este jueves a través de un comunicado difundido en redes sociales de que tanto la Junta de prisión como la fiscalía y su familia han recurrido esa decisión tomada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid.
De la Fuente ha reconocido que desconoce lo que han hecho las familias de las otras cuatro chicas, Belén Langdon, Roció Oña, Katia Esteban y María Teresa Alonso, al tiempo que ha acusado a los medios de «no informar con rigurosidad» porque «el tercer grado no es definitivo».
La mujer ha recordado que si un condenado pide el tercer grado es «porque la Justicia se lo permite», por lo que ha subrayado que el problema no es que lo pida sino «que pueda hacerlo».
«Igual es que tenemos una mierda de Justicia y a nadie le interesa que sea de otra forma», ha proclamado. Para de la Fuente esto solo cambiará cuando «las víctimas sean hijos de presidentes del gobierno» y demás «personas relevantes». «Mientras tanto que os den pobres ciudadanos», ha concluido.
SEMILIBERTAD SIETE AÑOS DESPUÉS
Un año y diez meses después de que el Tribunal Supremo confirmara la pena de cuatro años de prisión que impuso a Flores la Audiencia Provincial de Madrid por cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid ha concedido a Flores la semilibertad.
El reo, que cumple condena en la cárcel de Segovia, era el presidente y administrador de la empresa Diviertt y promotor de la fiesta “Thriller Music Park” en la que superó el aforo permitido en más de 6.000 personas lo que provocó una avalancha en el recinto de la Casa de Campo de Madrid. Como consecuencia de ella, perdieron la vida las cinco chicas.
Tal y como quedó probado en la sentencia de la Audiencia de Madrid de septiembre de 2016, Flores fue “el principal responsable de los hechos al crear la situación de riesgo provocada por el sobreaforo para conseguir un mayor beneficio económico; así como de tener un dispositivo de seguridad bajo mínimos y abrir dos de las tres salidas de emergencia para que entrara más público cuando la pista central estaba colapsada”.
De acuerdo con el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de la capital castellano leonesa que le ha concedido el tercer grado al que ha tenido acceso MONCLOA.COM, Flores “es un interno normalizado” que “sale regularmente de permisos”.
Además, ese documento deja la puerta abierta a que “visto su historial de actividades y valoración”, resulta “factible” si reúne “los demás requisitos” que se le concediera la libertad condicional anticipada en octubre de 2020, fecha que, precisamente, coincidiría con el octavo aniversario del fallecimiento de las cinco chicas.
CONTRA EL CRITERIO DE LA FISCALÍA
La decisión adoptada por el magistrado, que estima el recurso interpuesto contra la decisión de Instituciones Penitenciarias de mantener a Flores en segundo grado, contraviene el criterio de la Fiscalía que se posicionó en contra de otorgarle la semilibertad.
La resolución del juez se apoya en el artículo 102 del Reglamento Penitenciario que establece que para determinar la clasificación de un preso se ponderarán la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, así como la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento.
CONFIRMACIÓN DEL SUPREMO
En marzo de 2018, el Tribunal Supremo confirmó la condena a cuatro años de cárcel del empresario Miguel Ángel Flores como «autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave».
Además, fueron ratificadas las penas a tres años de cárcel impuestas a Francisco del Amo, responsable de Madrid Espacios y Congresos S.A., y a Santiago Rojo, director general de Diviertt. Igualmente, a dos años y seis meses de prisión a Miguel Ángel Morcillo, jefe de personal de Diviertt, y a Carlos Manzanares, socio de Kontrol 34.
PENAS “RIDÍCULAS”
En enero de 2016, días antes incluso de que empezara el juicio oral en la Audiencia madrileña, de la Fuente señalaba que las penas que solicitaba la Fiscalía (cuatro años de cárcel para Flores, dos y medio para los dos médicos y tres para los otros trece acusados) eran “un insulto y una ridiculez”.
La progenitora confiaba en la Justicia atendiera a las peticiones de las acusaciones particulares de cada una de las familias que solicitaban cuatro años de cárcel por cada una de las muertes, algo que, finalmente, no sucedió ni tras el recurso ante el Tribunal Supremo.
“Mi hija no tendría por qué estar muerta si todos hubieran hecho su trabajo”, lamentaba entonces de de la Fuente, que ahora lucha para que el responsable de la prematura muerte de su hija no salga en régimen de semilibertad.
