El caso de la escolta–no escolta de Podemos sigue levantando ampollas. Alternativa Sindical, representantes de los trabajadores de vigilancia privada, ha presentado una denuncia ante la Unidad de Seguridad Privada de la Policía contra la formación morada por considerar que se ha producido un “intrusismo laboral” al contratar a una chófer para ejercer funciones de seguridad. Un trabajo que precisa de una preparación adecuada para hacerlo conforme a la legalidad vigente.
El portavoz de Alternativa Sindical, Alberto García, afirma que su sindicato tuvo conocimiento de esta situación a través del exjefe de seguridad del partido de Pablo Iglesias, Sergio Illanes. Según sostienen, el extrabajador informó de que “la estrategia de la formación política era dar de alta a los escoltas como chóferes, es decir, estos empleados estarían adscritos al Área Logística y de Transporte» y no tendrían dentro de sus competencias aquellas relacionadas con la seguridad de miembros de Podemos.
García asegura que el partido ha llevado a cabo un “intrusismo laboral” y, además, “una grave irregularidad porque no tienen la autorización por parte del Ministerio de Interior para hacer labores de vigilancia”. Es por ello que el sindicato no solo ha efectuado una denuncia a Podemos por esta situación, sino que también ha demandado a la empresa de seguridad del partido porque “no tenía habilitación” para permitir estas anomalías, algunas de ellas todavía bajo investigación.
Alternativa Sindical insiste en que “la Ley de Seguridad Privada no permite a empresas no autorizadas la subcontratación de Personal de Seguridad Privada”. El portavoz del sindicato ha confirmado a este periódico que Illanes, que hasta hace poco estuvo a cargo de las funciones de seguridad, estaría dispuesto a ratificar ante el juez los motivos formulados en la denuncia.
Además de la demanda de este sindicato, la Asociación Española de Escoltas (ASES), también se ha puesto manos a la obra y a solicitado a la Fiscalía que investigue si estos hechos podrían incurrir en un delito de intrusismo. Según el artículo 403 del Código Penal, Podemos podría enfrentarse a multas de 12 a 24 meses si finalmente se le declarara culpable.
EL CASO DE LA ESCOLTA
Las supuestas irregularidades de la exescolta de Podemos se conocieron a finales de noviembre. El digital OK Diario publicó varias informaciones en las que relataba la denuncia de una empleada del sector que estuvo desempeñando más cargos de los que le correspondía por contrato. La extrabajadora manifiesta en su demanda que ella entró en la empresa para encargarse de funciones de logística, pero finalmente se convirtió en la sombra de Irene Montero, número dos del partido y portavoz en el Congreso.
La denunciante, a la que conocen desde Alternativa Sindical, explicaba en su escrito ante el juez las tareas que supuestamente realizaba, como por ejemplo, hacer recados para la dirigente morada, a veces incluso fuera de su horario, a llevar y traer amigos a su casa de Galapagar, encargarse del mantenimiento de parte del hogar o “comprar comida para perros”.
La exempleada manifestó “un trato discriminatorio” durante los dos años que trabajó para Montero y argumenta que la despidieron cuando se quejó de estos episodios. Es por ello que en el escrito en el juzgado solicita su inmediata incorporación de nuevo en sus labores. La portavoz de la formación morada tendrá que dar cuenta de esta acusación ante la Justicia el próximo 20 de enero.
SILENCIO EN PODEMOS Y PSOE
En Unidas Podemos han preferido mantenerse discretos y no comentar nada de esta situación. El partido vive actualmente un momento delicado en plenas negociaciones con el PSOE para formar un gobierno de coalición. Un escándalo de este tipo podría afectar a las conversaciones, que hasta el momento fluyen con normalidad.
No obstante, este tema no ha enturbiado los avances hacia la gobernabilidad. Los socialistas se han mantenido al margen en esta cuestión y han preferido no hacer leña del árbol caído, sobre todo, para no debilitar las relaciones con su posible socio durante cuatro años. Ambos partidos han preferido hacer oídos sordos a las polémicas que han surgido tanto en una fila como en otra.
Así mismo, la formación morada también ha guardado las formas con los de Pedro Sánchez y no ha querido presionarle después de conocerse la sentencia de los ERE, que condenaba por corrupción a varios exaltos dirigentes del gobierno andaluz socialista, entre ellos a dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ambas formaciones están asumiendo un perfil bajo para evitar los ataques directos entre ellos, algo que no hicieron en las negociaciones de verano y que desembocó en unas nuevas elecciones.
