viernes, 1 julio 2022 15:59

Hasta tres años de prisión por amenazas a socialistas aunque no hayan surtido efecto

  • Los socialistas han anunciado que acudirán a los tribunales por las amenazas a diputados para cambiar su voto.
  • Ninguno de los parlamentarios del PSOE votó finalmente en contra de la investidura de Pedro Sánchez.
  • A pesar de no haber logrado resultados, esas amenazas podrían acarrear hasta tres años de prisión.
  • Quienes han amenazado a diputados socialistas para que cambiaran su voto a “no” en la investidura de Pedro Sánchez se podrían enfrentar a hasta tres años de prisión a pesar de la inefectividad de sus acciones.

    Las “amenazas, coacciones, difamaciones y calumnias” a las que se han visto sometidos miembros del Congreso de los Diputados para cambiar el sentido de su voto en la investidura del candidato socialista no han llegado a buen puerto.

    Los 120 parlamentarios del PSOE votaron a favor del candidato de sus filas que, con el apoyo de Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromis, Nueva Canarias, Teruel Existe y BNG y la abstención de Bildu y ERC, consiguió este martes ganar la confianza de la Cámara de los Diputados para ser investido como presidente del Gobierno.

    Sin embargo, a pesar de que las citadas amenazas no dieron los frutos esperados de apartar a Sánchez del Palacio de la Moncloa, quienes las perpetraron se podrían enfrentar a hasta tres años de prisión.

    Tal y como anunció la Vicesecretaria General del Partido Socialista, Adriana Lastra, la formación emprenderá acciones legales frente a los tribunales para “defender la democracia” ante esos ataques que, sostienen, han recibido sus diputados para perpetrar un tamayazo.

    “Respecto a las amenazas y coacciones, difamaciones y calumnias, comunicaros que acudiremos a los tribunales a defender la democracia. Y que hoy votaremos con mucho orgullo el gobierno progresista!”, escribió la socialista en su perfil de la red social Twitter  unas horas antes de la celebración del segundo pleno de investidura.

    DIPUTADOS AFECTADOS 

    Diputados socialistas como José Luis Aceves han denunciado en los últimos días haber recibido mensajes con insultos con los que pretendían presionarle para traicionar a Sánchez.

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    El diputado por Segovia compartió en redes sociales una captura de pantalla con una conversación de Whatsapp en la que una persona anónima profería insultos a un compañero del PSOE de esa provincia pensando que era él.

    “Sois todos unos hijos de puta”, escribía esa persona cuya identidad no ha trascendido. Una “campaña de las derechas” que Aceves no solo ha denunciado públicamente sino ante las autoridades.

    Otros parlamentarios socialistas como Pedro Casares no han preservado la intimidad de las personas que se han dirigido a él a través del email para pedirle “encarecidamente” que “votara en conciencia” y no apoyara la investidura de “un ambicioso traidor”.

    “Seguimos recibiendo decenas de correos donde nos piden que traicionemos a nuestros votantes y digamos no a Sánchez Castejon”, denunció en Twitter Casares al tiempo que recriminó que “toda esta gente se dicen demócratas” y apuntó que sus “convicciones son firmes” y que votaría sí a la investidura del socialista, como así hizo.

    PENAS PARA AMENAZAS, COACCIONES Y CALUMNIAS

    De acuerdo con el artículo 169 del Código Penal español, el delito de amenazas, de no conseguir su propósito como es este caso, se enfrentará a “una pena de prisión de seis meses a tres años”.

    En el supuesto del delito de coacciones el artículo 172 establece que “el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados”.

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    Por su parte, el delito de calumnias está contemplado en el artículo 206 y dice que “serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses”.

    NO ES COACCIÓN

    Con todo, hay quienes consideran que las presiones recibidas por los diputados para obstaculizar la investidura de Sánchez con un “voto en conciencia”, no son constitutivos de delitos de coacciones pues se amparan en el artículo 67.2 de la Constitución del 1978. Este precepto establece que los miembros de las Cortes Generales “no estarán ligados por mandato imperativo”, por lo que el sentido de su voto en la investidura es libre.

    A esto se ha adherido la única diputada por Coalición Canaria, Ana Oramas. En contra de la Ejecutiva de su partido, Oramas votó no a la investidura de Sánchez, algo por lo que se ha ganado la simpatía de muchos de los contrarios al Gobierno de coalición de PSOE y Podemos con el beneplácito de los republicanos catalanes cuyo líder, Oriol Junqueras, se encuentra en prisión condenado por sedición y malversación de fondos.

    Sin embargo, a pesar de todas las “amenazas, coacciones, difamaciones y calumnias”, ninguno de los diputados socialistas cambió su voto este martes y Pedro Sánchez fue finalmente investido presidente del Gobierno de España por una mayoría simple de 167 votos a favor y 165 votos en contra. La ventaja más ajustada de la democracia.