Ni sobre el uso de fondos reservados ni sobre ninguna otra cuestión, el ex secretario de Estado de Estado de Seguridad Francisco Martínez se decantó este viernes por acogerse a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que le ha imputado en ‘Kitchen’, la pieza separada número 7 de la macrocausa Tándem que tiene como principal investigado al excomisario de policía José Manuel Villarejo.
El que fuera número dos del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz durante el Gobierno de Mariano Rajoy no ha querido pronunciarse sobre el caso. Según han confirmado en el pasado mandos policiales y de acuerdo con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, se emplearon fondos reservados para espiar al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.
A pesar de que los fondos reservados únicamente pueden emplearse para la defensa y seguridad del Estado, tal y como establece el artículo 1 de la ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, apodado el Gordo, ha defendido siempre la legalidad del operativo de espionaje, con el argumento de que lo que trataba era de buscar fondos ocultos y testaferros que Bárcenas habría estado ocultando a la Justicia.
Sin embargo, de acuerdo con las pesquisas realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, la antigua cúpula del Ministerio del Interior “abusó de sus funciones” y de esa partida presupuestaria, que se caracteriza respecto a los demás gastos públicos por la prohibición de publicidad y por estar dotados de un especial sistema de justificación y control, para sustraer a Bárcenas información sensible sobre el Partido Popular que pudiera obrar en su poder.
Para ello se valieron del que fuera su chófer, Sergio Ríos, quien a cambio de 2.000 euros al mes se convirtió en la pieza clave del operativo, que la Justicia considera parapolicial, y cuyo aspecto físico parecido a un cocinero —según Villarejo— habría dado el nombre de “Kitchen”.
COMUNICADO TRAS SU IMPUTACIÓN
A pesar de que el ex número dos de Interior rechazó declarar ante el juez, sí emitió un comunicado tras conocer su imputación en el que quiso dejar limpio su nombre de las salpicaduras de las cloacas manejadas por Villarejo.
«A pesar de los errores que sin duda cometí, siempre trabajé para prestar el mejor servicio al interés general y siempre lo hice con absoluto respeto a la Ley», señaló el político a quien el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dejó fuera de la listas electorales de los pasados 28 de abril y 10 de noviembre precisamente por la sospechas de una inminente imputación en la operación Tándem. Pero Martínez no fue el único, Casado también marginó al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al exportavoz del Senado, Ignacio Cosidó.
Precisamente, en su comunicado Martínez recuerda que tras abandonar sus funciones en el Ministerio del Interior en mayo de 2009, no ha vuelto a desarrollar «ninguna actividad política» y no mantiene «ninguna relación» ni es afiliado de «ningún partido político», como tampoco lo fue durante los años en que tuvo responsabilidades bajo las órdenes de Fernández Díaz.
Martínez señaló que confía en la acción de la Justicia y adelantó que defenderá su gestión siguiendo las directrices de sus abogados que, según todo apunta, fueron los que le recomendaron que guardase silencio en su citación como imputado en el marco de una pieza que aún es secreta.
GARCÍA CASTAÑO DEFIENDE LA LEGALIDAD
Por su parte, el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, que también estaba llamado a declarar este viernes por el juez García Castellón, se ratificó en lo que ya había manifestado con anterioridad. Esto es que la Operación Kitchen era legal, que le fue encargada por el entonces Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino, y que Martínez estaba al tanto y hacía seguimiento de la misma.
