La Guardia Civil está pagando los errores del Ministerio del Interior con la vigilancia en las cárceles. Más efectivos de la Benemérita y también de la Policía Nacional han tenido que hacerse cargo de las vacantes que dejaron los trabajadores privados de Ombuds el pasado 31 de diciembre. La empresa de seguridad está en fase de liquidación y no ha podido continuar con el contrato de vigilancia que poseía en 15 cárceles de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Una situación que se intentó solucionar desplazando a más agentes, pero que en realidad no se ha cumplido.
En un principio desde Interior anunciaron que las cerca de 500 plazas vacantes que dejaban los vigilantes de Ombuds se cubrirían con 240 agentes. Sin embargo, no se está llevando a cabo esta sustitución. Según fuentes de la Guardia Civil, tan solo se han enviado 50 agentes a las cárceles de Madrid, mientras que a Extremadura y Castilla-La Mancha no han destinado a nadie. Las prisiones madrileñas, manchegas y la extremeña de Cáceres son competencia de la Benemérita, mientras que la de Badajoz pertenece a la Policía. En el caso de esta última, y según confirman fuentes policiales, solo se han convocado 12 plazas para cubrir las bajas.
DESCUBIERTOS Y HORAS EXTRAS DE LA GUARDIA CIVIL
Este escenario genera un sinfín de problemas en las cárceles afectadas, ya que se están generando descubiertos importantes y los agentes destinados están asumiendo más trabajo del que les corresponde. Como consecuencia de este descontrol, a finales de enero comunicaron a los Guardia Civiles desde el Ministerio que les iban a ampliar las horas de servicio. La subida sería efectiva a partir de febrero, donde los profesionales afectados pasarían de 37,5 horas semanales a 40.
Esta noticia no gustó a una buena parte de los implicados, que mostraron su descontento a las autoridades. Ante este malestar, Interior reculó extraoficialmente, asegurando que no iba a subir las horas. No obstante, la realidad ha sido otra y desde febrero los agentes trabajan dos horas y media más. Una subida que les mantendrá más tiempo en su puesto laboral, pero que no quedará reflejada en su salario.
El coordinador del Área de Servicios de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Rafael Sánchez, considera que “se trata de una medida impuesta y discriminatoria” para los afectados. Según argumenta Sánchez, al personal que realiza funciones administrativas “se le paga el doble” de dinero que el que le van a retribuir a los agentes “por prestar el mismo número de horas”. Esta solución in extremis ya había ocurrido en previas ocasiones en algunos de estos centros penitenciarios para “cubrir los servicios de vigilancia y conducciones”.
Desde AUGC ya han anunciado que interpondrán “una queja ante la Dirección General”, porque consideran que no son necesarias esas horas extras y en caso de que así sea, deberían al menos retribuirlo igual que los compañeros encargados de cuestiones administrativas. A esta indeseada ampliación de horario se suma la promesa incumplida del ministerio de Fernando Grande-Marlaska de desplazar de otras comunidades casi 250 agentes, que finalmente han quedado reducidos a 50. Un número que provoca el sobre esfuerzo de estos profesionales, al igual que el de los funcionarios de prisiones, que se ven obligados a hacer tareas que ya no les correspondían.
EN CONTRA DE LA VIGILANCIA PRIVADA
Este conflicto laboral reabre una reivindicación histórica de la Guardia Civil. Antes del año 2013 la vigilancia exterior de los centros penitenciarios estaba exclusivamente en manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y ciertas tareas recaían en los funcionarios de prisiones. Sin embargo, a partir del citado año todo cambió. La Administración decidió que reducir la seguridad pública para darle competencias a los vigilantes privados. Y, según sostienen desde fuentes de la Guardia Civil, ahí comenzaron los problemas.
Esta medida no gustó a este cuerpo porque considera que ha complicado algunas situaciones y, además, supone un mayor gasto para el Estado. En estos más de 6 años que lleva en vigor la medida se han invertido, según afirman desde AUGC, “más de 200 millones en contratos de apoyo de seguridad en los 68 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, cuantía a la que se suman otros 64 millones de euros a partir de este mes de enero de 2020”.
El representante de AUGC, Rafael Sánchez, asegura que su relación con los vigilantes privados es excelente y no tienen quejas con su forma de trabajar. No obstante, resalta que tener relegado este servicio a un ente externo puede generar complicaciones como las actuales. Según sostiene Sánchez, se podrían evitar si se sustituyeran a “los vigilantes de seguridad privada por personal de FCSE en reserva y segunda actividad”, algo que, además “supondría un considerable ahorro para las arcas públicas”. Los cubiertos que se están haciendo de forma urgente, a su juicio, no son más que “parches” que solo se solucionarán cuando se devuelva todo el servicio a “la seguridad pública”.
Sánchez explica que, con la llegada de los vigilantes privados, ellos dejaron de controlar el área perimetral de las cárceles y les destinaron las conducciones en exclusiva. Es decir, ellos pasaron a encargarse de los traslados de los presos, que en cárceles como las de Madrid son muchos al día. El volumen de trabajo ha ido creciendo en estos años y ahora, que ya no están los vigilantes externos, no pueden realizar todos los servicios que se demandan. Algo semejante a lo que ha ocurrido con los funcionarios de prisiones, que dejaron de ocuparse del control de acceso y tras la salida de los vigilantes de Ombuds han tenido que reincorporarlo en sus funciones. Todos ellos denuncian que “están desbordados”.
EL CONFLICTO LABORAL DE OMBUDS
Al margen de las quejas por la incorporación de la vigilancia privada, la situación actual podría haberse solucionado si el Ministerio del Interior hubiera reaccionado a tiempo. Son varios los sindicatos que advirtieron a la Administración de la crisis que estaba viviendo Ombuds. El grupo de seguridad entró en concurso de acreedores este verano y dejó de pagar a sus empleados meses antes.
En ese momento, Interior podría hacer rescindido el contrato con Ombuds y haber adelantado el contrato público del servicio. Esto no ocurrió y la deuda a los trabajadores ha ido abultándose en este tiempo. En diciembre se conoció el resultado del concurso público y tan solo el lote 2, que era el único en manos de Ombuds, quedó desierto. Fuentes sindicales argumentan que esto se debe principalmente a que ningún grupo se atreve a presentar una oferta sabiendo que hay una deuda vigente.
El Ministerio sacó rápidamente otro concurso de urgencia, pero de encontrar un adjudicatario no será hasta marzo cuando se podrían reincorporar los vigilantes de Ombuds, que actualmente están en la calle. Sobre este nuevo concurso, según denuncian fuentes de la Guardia Civil, no se sabe nada. Mientras tanto los agentes desplazados de otras zonas de España siguen generando descubiertos en su lugar de procedencia y aún así no son suficientes para realizar todas las tareas que le corresponden.
