Vox Madrid ha alzado su voz en desacuerdo con la propuesta de ley que busca regular de manera extraordinaria al medio millón de inmigrantes ilegales que trabajan en España que residen en el país si papeles desde hace años. La iniciativa, admitida por el Congreso de los Diputados, pretende modificar un artículo que trata sobre los derechos y libertades de las personas extranjeras, con el objetivo de establecer un marco regulatorio por parte del Gobierno en un plazo de seis meses.
Ante esta situación, Vox Madrid ha hecho pública su postura y ha solicitado expresamente a la Agencia para el Empleo de Madrid que se abstenga de participar en cualquier actividad relacionada con el diseño o implementación de medidas vinculadas a la propuesta admitida en el Congreso de los Diputados.
Para Vox Madrid, la regulación extraordinaria de este importante número de inmigrantes no es una solución adecuada y genera preocupaciones en términos de seguridad, integración y capacidad de gestión por parte de las autoridades. Por lo tanto, su petición de que la Agencia para el Empleo de Madrid se mantenga al margen de este proceso refleja su firme oposición a la iniciativa legislativa.
VOX ACUDE A LOS DATOS DEL PARO
Desde Vox, subrayan que Madrid cuenta en estos momentos con 361.000 desempleados, según datos de la EPA del 4T de 2023. Aunque la tasa de desempleo no alcanza el 10 % en términos porcentuales, el desempleo juvenil supera el 30 %, situándose entre los más altos de España. Esta situación se atribuye al bajo nivel de formación y cualificación de los jóvenes madrileños.
Los de Abascal en Madrid apunta que alrededor de 500.000 jóvenes abandonan España anualmente en busca de mejores oportunidades y salarios, más del 80 % de ellos con estudios superiores o secundarios. Este éxodo está provocando un empobrecimiento del capital humano, lo que afecta negativamente la viabilidad de las empresas que generan un alto valor añadido.
En este contexto, Vox advierte que la participación de la Agencia para el Empleo de Madrid en la regulación migratoria podría agravar la situación, contribuyendo al deterioro del tejido productivo de la región. Por tanto, desde la formación de Santiago Abascal se enfatiza la necesidad de proteger los intereses laborales y económicos de los madrileños, así como de promover políticas que impulsen el empleo y la formación profesional en la comunidad.
LA OPINIÓN DE LOS PARTIDOS NACIONALES
La opinión de los partidos nacionales respecto a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar la situación de personas inmigrantes en situación irregular ha generado diversos posicionamientos desde que se llevó la propuesta al Congreso de los Diputados.
El PSOE confirmó en su día su apoyo para que se tramite la ILP, aunque sin detallar en qué sentido se podrían realizar modificaciones posteriormente. Patxi López, portavoz del PSOE, comentó que no jugarán ni a la «barra libre» ni al «cierre de fronteras». Por su parte, tanto los portavoces de Sumar como de Podemos anunciaron que su voto sería favorable a la iniciativa. Al igual que los de ERC, Bildu, EAJ-PNV y BNG.
La propuesta consiste en la regulación de los inmigrantes que trabajan y viven en España desde hace años de forma irregular
No obstante, Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso, propuso en su momento la creación de una comisión de seguimiento en caso de que la iniciativa sea tramitada. Errejón hizo hincapié en la importancia de garantizar que la propuesta no quede en el olvido una vez aprobada.
Desde el PP no revelaron su posición de voto, mientras que Vox ha anunciado que votará en contra de la iniciativa. El portavoz del grupo popular, Miguel Tellado, ha agradecido el esfuerzo de las 70 Cáritas Diocesas y otras entidades sociales que han promovido la iniciativa. Aunque no ha adelantado el sentido de su voto, ha destacado la sensibilidad del PP hacia la problemática de las personas en situación irregular y ha advertido sobre posibles efectos negativos de la regularización.
¿DE DÓNDE SALE LA INICIATIVA?
La iniciativa de regularización migratoria que ha llegado al hemiciclo del Congreso de los Diputados surge de una movilización liderada por los propios inmigrantes a través de la plataforma Regularización Ya. Con el respaldo de casi 612.000 firmas, superando ampliamente el mínimo requerido por ley de medio millón, y el apoyo de 906 organizaciones, esta iniciativa ha cobrado fuerza y relevancia en el ámbito político español.
El respaldo a esta petición proviene de diversos sectores de la sociedad, uniendo en una misma causa a ayuntamientos, asociaciones de trabajadores sexuales e incluso a la Conferencia Episcopal. Sin embargo, no ha logrado el apoyo de los sindicatos mayoritarios.
La propuesta busca modificar una disposición transitoria de la ley de extranjería, la cual fue utilizada anteriormente para una regularización extraordinaria en el año 2000, durante la presidencia de José María Aznar. La modificación propuesta establecería un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encontraban en territorio español antes del 1 de noviembre de 2021.
Según los promotores de la iniciativa, se estima que esta medida beneficiaría a entre 390.000 y 470.000 personas, la mayoría de ellas provenientes de América Latina. La propuesta ha despertado un intenso debate y se espera que su tramitación en el Congreso genere una discusión en profundidad sobre las políticas migratorias y la situación de las personas en situación irregular en España.
