El euro digital del BCE afronta su tramo decisivo: los trílogos deben cerrarse en diciembre y el piloto técnico llegará en 2027.
De una cuenta bloqueada en La Haya a la factura de Visa y Mastercard
La escena que mejor explica por qué Bruselas se ha lanzado a por el euro digital ocurrió hace algo menos de un año en La Haya. Aurore Lalucq, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara, visitó al magistrado del Tribunal Penal Internacional Nicolas Guillou, cuyas cuentas habían sido bloqueadas por la Administración de Donald Trump después de que emitiera órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant. El juez no podía comprar por internet, ni reservar una habitación de hotel, ni pagar una suscripción. Ni una plataforma de streaming.
El diagnóstico que Lalucq y buena parte del hemiciclo extraen de episodios así es de infraestructura, no de ideología. Según el Banco Central Europeo, 13 de los 21 países de la eurozona dependen por completo de esquemas internacionales de tarjetas, y Visa y Mastercard procesan en torno al 61% de los pagos europeos. Ahí está el negocio y ahí está el riesgo: quien controla los raíles controla también la capacidad de dejar a alguien fuera.
Técnicamente, el euro digital es una CBDC (Central Bank Digital Currency), una moneda digital de banco central. El BCE lo presenta como el equivalente digital del efectivo y una alternativa añadida a los medios de pago actuales: servirá para pagar entre particulares, en comercios y en entornos digitales, online y, esta es la novedad, también offline. Jesús Castillo, director de Finanzas Digitales y Pagos de CECA, sostiene que su valor añadido dependerá de los casos de uso: en España, con Bizum implantado, complementará lo que ya funciona; en otros mercados cubrirá un hueco mayor.
El empuje no es solo geopolítico. Castillo señala tres fuerzas que se cruzan: ‘el descenso en el uso del efectivo, el auge del comercio electrónico y la innovación tecnológica en el sector’. En España, eso sí, el dinero en efectivo aguanta: el Banco de España lo sitúa en el 57% de los pagos en comercios físicos y en el 58% de los realizados entre particulares.
Europa no diseña un monedero más: diseña la infraestructura con la que puede negarse a que le corten los pagos desde el otro lado del Atlántico.
Sobre ese suelo pesa además la opinión pública. Un sondeo de La Gaceta de la Iberosfera sitúa en el 92% los españoles que rechazan perder el efectivo, una cifra que conviene manejar con prudencia porque no consta la ficha técnica completa del estudio. Aun así marca el tono político del debate: la resistencia no es tecnológica, es de confianza.
Lo que falta por decidir: límites de tenencia, privacidad y quién asume el coste
El proyecto sigue siendo un work in progress. Las instituciones trabajan en paralelo en dos frentes: el reglamento y el rulebook, el libro de reglas que fija el marco común de uso y diseño. La Comisión presentó su propuesta en 2023; la Eurocámara fijó su posición el 9 de julio de este año y abrió los trílogos (la negociación a tres entre Parlamento, Consejo y Comisión que cierra la versión final de cada ley europea). Quedan pendientes los límites de tenencia, la arquitectura técnica, el modelo económico, y el funcionamiento operativo.
El monedero digital europeo no nace como instrumento de ahorro, sino de pago: por eso habrá topes de saldo comunes para toda la UE, aún sin concretar. El alta se hará a través de un banco u otro proveedor autorizado, y el libro de reglas prevé trasladar a la cuenta vinculada el saldo que falte o sobre al operar. Como vincular esa cuenta será opcional, queda por resolver qué pasa con quien no tenga otro instrumento asociado.
La privacidad es el otro campo de batalla. CECA asegura que el eurosistema ‘no dispondrá de información sobre los pagos concretos’ ni identificará a las personas por ellos, y que el diseño técnico replica la lógica del efectivo: solo quien ordena y quien recibe conocen los detalles. Es una promesa de arquitectura, no un derecho consolidado, y como tal se negociará artículo a artículo en el reglamento.
Javier Rupérez, presidente de Denaria, discrepa del relato tranquilizador: ‘En su modalidad online la privacidad es limitada y hay terceros que validan cada operación. Solo la modalidad offline, entre dispositivos cercanos, se acerca al anonimato del efectivo’. Su asociación reclama que el euro digital sea voluntario, respete la confidencialidad y conviva con un efectivo legalmente protegido, sin sustituirlo.
El Eje del Poder Europeo
El pulso no es tanto entre Estados como entre modelos. París empuja la autonomía estratégica y ve en el euro digital una pieza del mismo puzle que la defensa o los chips; Berlín mira el diseño y el coste con recelo, y una parte del electorado alemán ha convertido el billete en bandera política, con la AfD explotando ese filón. Los frugales del norte preguntan quién paga la infraestructura y qué riesgo asume el contribuyente. Y los del sur —España e Italia, con Bizum y Bancomat funcionando— no quieren que un monedero de Fráncfort desintermedie sus ecosistemas domésticos.
En España el debate tiene capa propia. Fernando Navarrete, eurodiputado del PPE y ponente de la posición parlamentaria, defiende la coexistencia: ‘El euro digital y soluciones como Bizum Pay son dos vías paralelas en los pagos’. Mientras, la European Network for Payments (ENP) trabaja en conectar Bizum, Bancomat, Vipps MobilePay, MB WAY y Wero desde el sector privado. Nuestra lectura: España gana más en la complementariedad que en la sustitución, y pierde si el reglamento llega antes que el acuerdo entre bancos y comercios.
Hay un precedente que Bruselas no olvida. En 2019, Francia, Alemania y el Reino Unido pusieron en marcha Instex, un vehículo para sostener comercio con Irán sin tocar el dólar; naufragó porque ninguna empresa europea se atrevió a usarlo. La lección es incómoda: un canal sin escala y sin comercio real es decorativo. Eso, y el bloqueo de las reservas rusas en 2022, explica por qué ahora se legisla antes de pilotar.
Lo que observamos es un proyecto con calendario y sin certezas económicas. Si los trílogos no cierran en diciembre, el piloto del segundo semestre de 2027 —un año de pruebas— se desplaza y la emisión prevista para 2029 queda en el aire. El riesgo no es que el euro digital no exista: es que nazca con topes tan bajos que se quede en un experimento caro. La próxima ventana crítica es diciembre; después, la decisión formal del Consejo de Gobierno del BCE. El efectivo, mientras tanto, sigue siendo el 57% de las compras en tienda.
