Alguna Comunidad Autónoma «tienta» en aplicar el aprobado general

La Comunidad de Madrid se ha opuesto a la propuesta del Ministerio de Educación que ha sido respaldada mayoritariamente por las comunidades autónomas en la conferencia sectorial mantenida este miércoles por videoconferencia, al considerar que puede dar lugar a «la tentación» de un aprobado general por parte de alguna comunidad autónoma.

«En la Conferencia de Educación no se ha hablado en ningún momento de un posible aprobado general, aunque es cierto que el documento del Ministerio va en la mala dirección y alguna Comunidad Autónoma puede tener la tentación de hacerlo«, ha indicado la Consejería en un documento sobre las conclusiones de la reunión.

«Madrid siempre ha estado en contra del aprobado general porque creemos en el esfuerzo de los estudiantes, los docentes y las familias. Flaco favor se hace a la educación con un mensaje así», ha recordado el departamento que encabeza Enrique Ossorio.

En concreto, el Gobierno regional ha argumentado que «no se puede compartir la propuesta que, refiriéndose a la promoción en el bachillerato, ESO, FP o las enseñanzas de régimen especial, afirma que las administraciones educativas podrán flexibilizar los criterios de obtención de los diferentes títulos, basándose en la evolución del alumno en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación con los objetivos de la etapa y las competencias correspondientes», lo que, asegura, «quiere decir, ni más ni menos, que se titule con asignaturas suspensas.

Esta propuesta no se puede dejar al albur de cada comunidad autónoma, porque se trata de una competencia estatal, la cual debe ser ejercida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y no dejar al criterio de las CCAA con cuántas asignaturas suspensas se pueden obtener títulos con validez en todo el territorio nacional«, defiende la Comunidad de Madrid.

En esa línea, ha subrayado que España cuenta con «un único sistema educativo y la validez de los títulos es para todo el territorio nacional; por ese motivo, los criterios deben ser nacionales y no autonómicos».

Asimismo, ha indicado que el acuerdo propuesto plantea en el apartado «documento de evaluación» que las comunidades indiquen en el mismo la normativa autonómica que flexibiliza las posibilidades de promoción y titulación, para aseverar que «esa normativa autonómica debería estar amparada por la norma básica estatal».

TERCERA EVALUACIÓN CON CARÁCTER DE DIAGNÓSTICO

Por otro lado, la Comunidad de Madrid rechaza que la tercera evaluación tenga «solo carácter diagnóstico», porque, a su juicio, «debe tener carácter académico, aunque dicho proceso de evaluación tenga en cuenta la excepcional situación».

En este punto, el documento del Gobierno regional indica que se ha propuesto por el Ministerio sustituir académico por formativo, para señalar que considera «insuficiente» ese planteamiento.

«Reducir la evaluación a su valor diagnóstico o formativo es devaluar el concepto de evaluación», justifica la Consejería encabezada por Enrique Ossorio.

También señala que se propone en el documento del Ministerio autorizar a las comunidades autónomas a establecer una evaluación «con carácter integrado y no diferenciando» respecto a las materias en bachillerato, lo que para la Comunidad de Madrid «no es acorde con lo que se establece en la norma básica en materia de bachillerato y atenta a la competencia evaluadora de cada profesor en su materia».

«En suma, las competencias de evaluación, promoción y titulación se atribuyen al Ministerio de Educación en la normativa vigente y, por tanto, debería elaborarse una normativa con rango suficiente que habilitara a las comunidades autónomas a ejercer el posterior desarrollo», resume la Consejería de Educación.

El criterio de la Comunidad de Madrid es que a la hora de evaluar se tendrán especialmente en cuenta los dos primeros trimestres, que fueron presenciales, mientras que el tercer trimestre será evaluado de acuerdo a las circunstancias excepcionales.

El Gobierno regional considera que, «por supuesto, que los docentes aplicarán criterios de flexibilidad teniendo en cuenta la situación individual de cada alumno para que no se vean perjudicados por la crisis del Covid-19″.