martes, 27 julio 2021 11:45

Pleno telemático en el TC, que revisará la legalidad del estado de alarma

El Tribunal Constitucional celebrará mañana un inédito Pleno telemático a causa de las restricciones por pandemia de Covid-19 que estudiará el primer recurso presentado contra el estado de alarma, que ha sido impulsado por Vox y que será previsiblemente admitido a trámite según han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.

RECURSO CONTRA EL DECRETO ANDALUZ

Se analizará además la posibilidad de admitir a estudio las impugnaciones presentadas por los dirigentes independentistas condenados por sedición en el juicio del ‘procés’ y también el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha presentado contra el decreto de la Junta de Andalucía que modifica 27 normativas para el fomento de la actividad productiva.

El Pleno se desarrollará “mediante procedimiento sustancialmente escrito”, tal y como ya ha ocurrido en otros organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En el orden del día se han incluido casi una decena de asuntos a abordar sobre los que se deberá decidir si se admiten a trámite o no los recursos planteados. Así, tras analizar los estudios oportunos y la presentación de los informes correspondientes por parte del personal al servicio del Tribunal, los magistrados votarán y se adoptarán los acuerdos oportunos.

Una de las decisiones de mayor calado corresponderá a la admisión a trámite, dada su transcendencia jurídica, del recurso presentado por los 52 diputados de Vox contra los decretos de estado de alarma aprobados por la pandemia de coronavirus.

Este partido considera que el decreto incluye restricciones de ciertas libertades que no están previstas en la Carta Magna y que otras suspensiones dictadas por el Gobierno sólo cabrían en la fórmula de estado de excepción.

También estarán encima de la mesa otros recursos de Vox, uno de ellos de inconstitucionalidad, presentado por más de 50 diputados del grupo parlamentario en el Congreso contra la decisión del Gobierno de incluir al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En su recurso, el partido de Santiago Abascal considera una “burla inaceptable” que el Gobierno aprovechara el Real decreto-ley aprobado el pasado 17 de marzo para fijar medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus, para meter tal decisión en su disposición final segunda.

Esta formación política también presentó un recurso de amparo que se verá mañana contra el Acuerdo de la Mesa del Congreso de 19 de marzo de 2020, por el que se paralizó los plazos de las iniciativas, lo que implicaba dejar en suspenso las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley.

Asimismo, el tribunal de garantías también tiene previsto valorar si estudia la cuestión de inconstitucionalidad de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo sobre las sanciones económicas a imponer por infracción de las normas establecidas en dicha ley que no constituyan delito, que regula el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) Además, según el orden día hecho público, el tribunal de garantías tiene previsto estudiar el recurso contra el artículo 13 del decreto andaluz, que da nueva redacción al artículo 33 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, eximiendo de autorización previa y comunicación a la consejería competente de determinadas obras sobre bienes de interés cultural y su entorno.

Asimismo, el TC tiene también previsto decidir si comenzar a estudiar o no los recursos de amparo de los exconsellers de la Generalitat de Catalunya Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn; de la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell; y del expresidente de la Assamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, contra la sentencia del Tribunal Supremo por el 1-O, que les condenó a prisión por el delito de sedición.

Igualmente se ha incluido en el orden del día la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra varios apartados del artículo 12 de la Ley 7/2015, de 30 de junio, de Relaciones Familiares del país Vasco, sobre la atribución del uso de la vivienda y del ajuar doméstico.