El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha anunciado este lunes la suspensión en base a las recomendaciones sanitarias de las Fiestas Patronales en honor a Santa María de África que se iban a celebrar del 30 de julio al 5 de agosto, un hecho sin precedentes desde el inicio de la Guerra Civil en 1936, y la de todo acto susceptible de reunir multitudes durante el próximo verano para intentar prevenir la propagación de la enfermedad del coronavirus en la ciudad autónoma.
«Vamos a suspender cualquier acto de la naturaleza que sea que implique una aglomeración de personas, por lo que no tendremos Feria, algo que según el cronista oficial de la ciudad solo ha pasado en 1936 por la Guerra Civil y en 1921 por el Desastre de Annual, lo que nos da una idea de la envergadura del reto al que nos enfrentamos», ha subrayado el líder del Ejecutivo local en rueda de prensa.
El presidente se ha congratulado porque la localidad norteafricana haya sido una de las regiones que ha pasado «el corte» del Ministerio de Sanidad para acceder a la fase 1 de la desescalada, pero ha advertido que «esto no puede significar relajación ni bajar la guardia porque no se ha ganado ni la batalla ni mucho menos la guerra». Además, ha exigido «prudencia» y «responsabilidad» para no tener que «desandar» el camino recorrido con «esfuerzo y sacrificio».
Yo no he conocido nunca situación más difícil», ha resaltado Vivas, que accedió a la Presidencia de Ceuta hace casi 20 años y que se ha mostrado contrariado por la falta de respuesta del Gobierno central ante las peticiones de auxilio económico para la ciudad.
«Ningún territorio de España está sometido a tantos condicionantes, limitaciones, vulnerabilidad, riesgo, presiones y hostigamiento de un país tercero… En ningún lugar está más justificado el principio constitucional de acudir en socorro de España allí donde esté en peligro», ha resumido la coyuntura por la que pasa la ciudad, en la que ha reivindicado que no se reabra ni el puerto ni la frontera con Marruecos «hasta que tengamos absolutas garantías de que desde un punto de vista técnico facultativo eso no supone un factor adicional de riesgo» con la COVID-19.
Vivas ha cifrado en «más de 56 millones de euros» el importe que, según sus cuentas, debería abonar la Administración General del Estado tanto para paliar las consecuencias de los gastos asumidos como consecuencia de la crisis sanitaria como por otros servicios prestados en materia de atención a menores extranjeros no acompañados (12,5 millones anuales) o por los convenios impagados desde 2019 para la desalación de agua y el impacto del hecho fronterizo (7,2 por ejercicio).
Ceuta espera que el Ministerio de Hacienda corrija sus previsiones iniciales de reparto de los tres apartados que componen el fondo extraordinario de 16.000 millones que va a repartir el Ejecutivo de Pedro Sánchez entre las Autonomías, del que a la ciudad solo corresponderían 5, el equivalente al 0,5% del de mil millones reservado para sufragar ayuda sociales ligadas a la COVID-19.
En concreto, el presidente ha defendido que, «como Canarias y Melilla», Ceuta tiene derecho a ver paliados los «16,5 millones» que prevé perder por la caída del PIB nacional, al que están referenciadas sus transferencias en concepto del IPSI, el equivalente tributario local al IVA a tipos reducidos, y los «13,2» de gasto sanitario asumido sin competencias asistenciales «en el ámbito de Salud Pública, residencias de mayores, confinamiento de inmigrantes irregulares, etcétera».
Vivas ha advertido de que «está en juego el futuro de Ceuta» si esos ingresos no se materializan, ya que obligarían al Gobierno local a elaborar un presupuesto «de posguerra».
