Juan Carlos Peinado, juez del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, acelera el caso Begoña Gómez con una serie de peticiones que afectan al personal de la Presidencia del Gobierno, que deberá facilitar «la relación de puestos de trabajo de los distintos trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa».
Según una providencia, a la que ha tenido acceso MONCLOA, el juez Peinado ha enviado un requerimiento a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con el fin de conocer si se ha realizado alguna inscripción registral vinculada a la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC).
El organismo de la UCM tiene diez días para remitir una copia testimoniada de los expedientes tramitados en cualquier tipo de inscripción registral, como pueden ser de Propiedad Intelectual, programa informático, derechos de autor, marcas, nombres comerciales o diseños industriales, entre otros.
LOS DOCUMENTOS DE DOADRIO EN EL CASO BEGOÑA GÓMEZ
Por otro lado, ha requerido a Juan Carlos Doadrio, entonces vicerrector de la Complutense y cuyo testimonio acabó con la imputación del rector, Joaquín Goyache Goñi, para aportar la documentación relativa a la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, imputada en el caso por cometer supuestamente delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Doadrio tiene cinco días para presentar la documentación que afirmó tener en su declaración judicial como testigo.
Por otro lado, ha instado a tomar declaración de María Cristina Álvarez, la asesora que habría ayudado a Begoña Gómez con asuntos vinculados con la cátedra extraordinaria, como pedir a los patronos mantener la financiación de la misma, tanto con el correo oficial de La Moncloa como el personal, según la documentación a la que tuvo acceso este medio.
