La crisis migratoria en Ceuta y Melilla ha alcanzado una nueva dimensión política e institucional tras la denuncia presentada por la asociación HazteOir ante la Comisión Europea. La organización considera que la llegada masiva de inmigrantes irregulares desde Marruecos no constituye únicamente un problema español, sino que afecta directamente a la protección de la frontera exterior de la Unión Europea, motivo por el que reclama una actuación urgente de Bruselas.
El escrito, firmado por el presidente de la entidad, Ignacio Arsuaga, solicita a la Comisión Europea que examine la gestión de los fondos destinados a la cooperación migratoria con Marruecos, refuerce la presencia de Frontex en Ceuta y Melilla y estudie si la situación puede calificarse jurídicamente como un supuesto de instrumentalización de la migración, una figura incorporada recientemente al derecho comunitario.
El documento sostiene que, desde mediados de julio de 2026, Ceuta ha experimentado una entrada masiva, sostenida y coordinada de inmigrantes irregulares procedentes de territorio marroquí, principalmente a través del espigón del Tarajal. Según recoge el propio escrito, las estimaciones manejadas durante los primeros días de la crisis hablaban inicialmente de varios miles de personas, aunque posteriormente distintas fuentes elevaron esa cifra por encima de las 20.000 e incluso de las 40.000 entradas, mientras continuaban produciéndose nuevos accesos. El texto subraya además el fuerte impacto demográfico que ello supone para una ciudad de aproximadamente 84.000 habitantes.
La denuncia también expone que la presión migratoria obligó al Gobierno de España a desplegar unidades del Ejército de Tierra en apoyo de la Guardia Civil. Sin embargo, sostiene que ese incremento de efectivos no logró frenar completamente la llegada de personas y que, de forma paralela, se produjeron intentos coordinados de entrada también en Melilla, lo que llevó incluso al cierre del paso fronterizo de Beni Enzar. Según el documento, la capacidad de respuesta de ambas ciudades quedó ampliamente superada por el volumen de personas que intentaban acceder al territorio español.

Una cuestión que, según la denuncia, afecta a toda la Unión Europea
Uno de los principales argumentos del escrito consiste en defender que la situación no debe interpretarse exclusivamente como un problema nacional. HazteOir sostiene que Ceuta y Melilla forman parte de la frontera exterior de la Unión Europea y recuerda que la gestión integrada de esas fronteras constituye una responsabilidad compartida entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias.
Para respaldar esta tesis, el documento cita el artículo 77 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reglamento europeo relativo a la Guardia Europea de Fronteras y Costas y una resolución aprobada por el Parlamento Europeo en 2021, en la que se afirmaba que la protección de la frontera de Ceuta concernía al conjunto de la Unión. Desde esta perspectiva, la asociación sostiene que las entradas irregulares masivas tienen consecuencias que trascienden las fronteras españolas y afectan al conjunto del espacio comunitario.
El escrito incorpora igualmente referencias a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto N.D. y N.T. contra España, recordando que dicha resolución reconoció la obligación de los Estados de proteger sus fronteras frente a entradas masivas cuando existan vías legales de acceso. Sobre esa base, la asociación considera que la Unión Europea debe reforzar los mecanismos de apoyo operativo destinados a garantizar un control efectivo de sus fronteras exteriores.

Los fondos europeos para Marruecos, en el centro de la denuncia
Otro de los ejes principales de la denuncia presentada ante Bruselas gira en torno al uso de los fondos europeos destinados a la cooperación migratoria con Marruecos. El documento recuerda que el país magrebí ha recibido durante los últimos años centenares de millones de euros procedentes de la Unión Europea con el objetivo de reforzar el control de sus fronteras y prevenir la inmigración irregular.
Según el escrito, la propia Comisión Europea cifró en 346 millones de euros los recursos comprometidos durante el anterior marco financiero, mientras que en 2023 se puso en marcha un nuevo programa dotado con 152 millones de euros para apoyar la gestión de los flujos migratorios. Asimismo, la denuncia señala que distintas fuentes comunitarias situaron en 500 millones de euros la financiación prevista para Marruecos hasta 2027.
Partiendo de esos datos, HazteOir sostiene que los acontecimientos registrados en Ceuta y Melilla ponen en cuestión la eficacia de esos programas. El documento afirma que las salidas masivas se produjeron desde territorio marroquí y plantea que corresponde a la Comisión Europea comprobar si los fondos públicos están cumpliendo realmente los objetivos para los que fueron concedidos.
En ese contexto, la asociación plantea dos posibles escenarios. El primero sería que las autoridades marroquíes no hubieran impedido las salidas pese a disponer de recursos para ello. El segundo apuntaría a que, aun existiendo voluntad de control, los programas financiados por la Unión no habrían logrado los resultados previstos. En cualquiera de los dos casos, el escrito sostiene que Bruselas debería revisar la ejecución de esas ayudas antes de autorizar nuevos desembolsos.
La denuncia también establece un paralelismo con la crisis migratoria de 2021, cuando miles de personas accedieron a Ceuta en apenas dos días. HazteOir considera que los acontecimientos actuales reproducen un patrón similar, aunque a mayor escala, y recuerda que el Parlamento Europeo rechazó entonces el uso de la presión migratoria como instrumento político contra un Estado miembro. Sobre esa base, solicita que la Comisión valore formalmente si concurren los requisitos previstos en el nuevo Reglamento europeo sobre instrumentalización de la migración, aplicable desde julio de 2026.

Frontex, auditorías y suspensión de ayudas: las medidas que reclama la asociación
Además de la revisión de los fondos europeos, el escrito incorpora una batería de peticiones dirigidas directamente a la Comisión Europea. La más relevante es el refuerzo inmediato de Frontex en Ceuta y Melilla.
El documento recuerda que la agencia europea ya desarrolla actuaciones en la zona mediante la Operación Minerva, aunque su cometido se centra principalmente en controles documentales en los puertos. Por ello, la asociación solicita que la presencia de Frontex se amplíe con un mandato específico para colaborar en la contención de las entradas irregulares a través del perímetro fronterizo. También insta a la Comisión a utilizar los mecanismos previstos en el Reglamento europeo para impulsar una intervención reforzada si las circunstancias así lo requieren.
Junto a esa petición, HazteOir reclama que Bruselas audite los programas de cooperación migratoria, haga públicos los importes desembolsados y evalúe si las inversiones han alcanzado los objetivos comprometidos. Mientras se realiza esa revisión, propone suspender las ayudas pendientes y condicionar cualquier nueva financiación a resultados verificables en la reducción de la inmigración irregular y en la readmisión efectiva de nacionales marroquíes.
El documento concluye solicitando que la Comisión Europea analice formalmente si la situación registrada en Ceuta y Melilla puede considerarse un supuesto de instrumentalización de la migración, una calificación que tendría consecuencias en las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos. La asociación sostiene que la dimensión de los acontecimientos exige una respuesta coordinada de las instituciones comunitarias al tratarse, a su juicio, de una cuestión que afecta a la seguridad de la frontera exterior europea.
Con esta iniciativa, la crisis migratoria deja de centrarse únicamente en el ámbito político español para trasladarse también a las instituciones comunitarias. Será ahora la Comisión Europea la que decida si abre las actuaciones solicitadas, revisa la ejecución de los fondos destinados a Marruecos y estudia la adopción de nuevas medidas para reforzar el control de una de las fronteras más sensibles de la Unión Europea, tal y como reclama el escrito presentado por HazteOir.
