La deuda pública de Francia cerrará 2027 en el 121,7% del PIB, un récord desde 1995. El Gobierno ya admite tocar las pensiones después de que Scope Ratings rebajara la nota del país y de que Morningstar DBRS lo pusiera en vigilancia negativa.
Un ajuste de 54.000 millones que no tapa el agujero
Las cifras que acompañan al proyecto son las de un país que ha perdido el control de su trayectoria fiscal. El ajuste previsto asciende a 54.000 millones de euros, el déficit cerrará 2026 en el 5,4% del PIB —cuatro décimas por encima del objetivo que el propio Ejecutivo se había marcado— y el gasto primario crecerá un 0,7%, justo por debajo del margen que recomienda Bruselas. Con ese cóctel, la deuda salta del 119,3% de este ejercicio al 121,7% del siguiente.
El ministro de Economía, Roland Lescure, calificó el alza de ‘mecánica’, atribuida a ‘un déficit que se mantiene elevado’, y defendió que el objetivo del 5% es ‘ambicioso’, pero ‘evidentemente realizable. Su propia hoja de ruta fija la estabilización de la ratio solo cuando el desajuste baje hasta el 3% del PIB, el techo que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El crecimiento de este año se quedará en el 0,5% por la guerra en Irán, según el propio ministro.
El flanco político es más incómodo. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ya ha deslizado en el Parlamento la posibilidad de aplicar algún recorte a los pensionistas, y la prensa francesa especula con rebajar de 4.439 a 3.000 euros el tope de las deducciones fiscales de las que disfrutan. Tocar a ese colectivo tiene un coste comprobado: el plan Juppé de 1995 retrocedió ante las huelgas y la reforma de 2023 desató meses de protestas y de bloqueos.
El bono francés deja de ser el refugio de la Eurozona
Francia es ya el tercer país de la moneda única con más deuda sobre PIB, solo por detrás de Grecia e Italia, y su ratio es la más desfavorable desde 1995. El entorno fiscal ha seguido degradándose debido a los continuados desajustes y a la dificultad del Gobierno para cumplir los objetivos de déficit autoimpuestos’, resume Scope Ratings en la nota con la que justifica la rebaja.
El aviso tiene traducción inmediata en el mercado secundario, donde se compran y se venden los bonos ya emitidos. En varios tramos de la curva, la referencia gala ha dejado de comportarse como el activo refugio que fue durante la crisis del euro, y el diferencial entre el bono español y el francés se ha estrechado hasta niveles que hace una década parecían imposibles entre dos economías que comparten moneda y banco central.
Cuando la segunda economía del euro pierde el favor de las agencias, el problema deja de ser francés y pasa a ser de todo el mecanismo.
Nadie sostiene que París esté al borde de un rescate. La advertencia es otra: el país que durante una década ejerció de contrapeso del rigor alemán y de motor político de la Eurozona compite ahora con Roma y Atenas en la clasificación de la deuda, y eso cambia su peso en cada negociación comunitaria.
El Eje del Poder Europeo
El pulso entre ejes es el centro del asunto. El eje franco-alemán funciona como una alianza cada vez más desequilibrada: Berlín, con sus propias urgencias de gasto en defensa, no está en disposición de asumir el coste político de un trato de favor hacia París, mientras el Elíseo necesita de Bruselas flexibilidad, plazos largos, y una aplicación amable del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad. Los frugales —Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia— ya forzaron rebajas en el fondo de recuperación de 2020 antes de firmarlo, y no tienen intención de abrir una excepción para el socio grande de la casa. Varsovia y Budapest observan el caso francés como el mejor argumento para exigir que nadie les dé lecciones de disciplina fiscal.
Para España, la degradación francesa cambia los términos de comparación, en Bruselas y en los mercados. El Tesoro español arrastra una deuda alta, pero se financia hoy en condiciones que el francés envidia, con una economía que crece por encima de la media del euro y una prima de riesgo que ha dejado de ser el estigma del sur. Ese contraste es un activo negociador para Moncloa: cada vez que el caso galo entra en la sala, la posición española gana peso relativo en el Consejo y en el Eurogrupo, algo impensable en los años del rescate griego. El riesgo es de simetría: si Bruselas endurece la regla fiscal para todos, España pagará su parte.
La lectura a cinco años es esta: si Francia no endereza sus cuentas, la UE tendrá un problema estructural de credibilidad en su núcleo, no en su periferia. El precedente de 2010-2012 enseñó que, cuando el mercado deja de distinguir entre economías grandes y pequeñas, la factura la pagan todos. La diferencia es que entonces el BCE actuó con la promesa de comprar deuda sin límite; hoy esa red existe, pero nadie quiere probarla con el país que sostiene el eje político de la Unión.
El calendario aprieta. El proyecto de Presupuestos debe pasar ahora por una Asamblea Nacional sin mayorías garantizadas, el Eurogrupo volverá a mirar la ratio francesa en su próxima reunión y las previsiones de otoño de la Comisión Europea, que suelen publicarse en noviembre, dirán si el déficit se queda en el 5,4% o se escapa. Las agencias ya han dado el primer aviso; el resto lo decidirá el Parlamento francés.
