EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Una demanda civil presentada el viernes 18 de septiembre en el Distrito Norte de California acusa a OpenAI, Anthropic, Google y SpaceXAI de pactar para ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial.
- ¿Quién está detrás? Cuatro suscriptores de ChatGPT, Claude, Gemini y Grok, representados por el abogado Nick Rowley, actúan en nombre de una clase nacional de usuarios de pago. La pieza clave es un ensayo del consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, del 12 de septiembre.
- ¿Qué impacto tiene? Un fallo en California marcaría el estándar para los suscriptores europeos y para la CNMC, en pleno despliegue del Reglamento Europeo de IA.
Una demanda antimonopolio en California acusa a las cuatro mayores empresas de IA de pactar para frenar el desarrollo de la tecnología.
OpenAI y Anthropic encabezan la lista de señalados, junto a Google y SpaceXAI. La demanda se apoya en la Sección 1 de la Ley Sherman, la norma antimonopolio de 1890 que prohíbe los acuerdos entre competidores para restringir la competencia, y se presentó el viernes 18 de septiembre ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California.
El ensayo del 12 de septiembre que sostiene la acusación
El núcleo del caso es un texto que Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, publicó el 12 de septiembre. ‘Debemos frenar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA’, escribió. Y añadió que no basta con invertir en prevención: hay que marcar el ritmo del avance para que esa prevención tenga tiempo de seguir el paso.
Según el relato de los demandantes, el detonante fue la salida de un empleado que después advirtió de que la IA avanzaba sin salvaguardas suficientes. El escrito sostiene que Sam Altman y Elon Musk respaldaron ese planteamiento en redes sociales en cuestión de horas, igual que el responsable de Google DeepMind, Demis Hassabis.
Los abogados, encabezados por Nick Rowley, representan a cuatro demandantes que pagan suscripción a ChatGPT, Claude Grok o Gemini y actúan en nombre de una clase nacional de usuarios de pago: una class action, la figura que agrupa a miles de afectados bajo una sola demanda. Si los cuatro grandes acuerdan ir más despacio, el cliente recibe menos por la misma cuota. ‘Las leyes antimonopolio no permiten que los competidores decidan que la competencia es demasiado peligrosa’, argumentan.
El pulso regulatorio en Washington y lo que se juega España
El Departamento de Justicia no comparte, por ahora, esa lectura. Un alto cargo del área antimonopolio dijo esta misma semana en Nueva York que la coordinación entre compañías de IA en materia de ciberseguridad no le parece, a priori, anticompetitiva. El presidente Donald Trump anunció el sábado que creará una ‘Fuerza de IA’ con un ‘zar’ al frente para no ‘obstaculizar ni ahogar’ el crecimiento del sector.
En el Congreso, el senador Bernie Sanders presentó el 3 de septiembre la Ley de Prohibición de la Superinteligencia Artificial, que vetaría de forma permanente el desarrollo y el despliegue de IA superinteligente. La propuesta no tiene recorrido en un Senado de mayoría republicana, pero mide el ambiente. En paralelo, el Reglamento Europeo de IA aplica ya sus obligaciones principales desde el pasado 2 de agosto.
La paradoja es incómoda: cuatro rivales que pelean por el mismo usuario pueden acabar ante un tribunal por haber coincidido en pedir prudencia.
Para el suscriptor español, el efecto directo es de precio y de servicio: si la hipótesis de la demanda se confirma, la cuota mensual compra menos avance del que compraría en un mercado sin acuerdo. Para las empresas que han integrado modelos generativos en su operativa, de BBVA a Telefónica, lo relevante es el coste de las licencias. Y para la CNMC, el regulador de competencia, el caso es una hoja de ruta: España carece de un mecanismo equivalente a la class action.
La Lógica de Washington
Qué problema cree resolver Washington. No hay aquí una administración persiguiendo a las tecnológicas, sino una ley de 1890 cuyo principio central es que los competidores no pueden pactar restringir la competencia, ni siquiera con buenos motivos. El precedente que citan los juristas es Standard Oil, en 1911, cuando el Tribunal Supremo desmembró el mayor monopolio industrial del país. El otro es el caso contra Microsoft en 1998. Lo que observamos es que aquí no se discute que la IA avance, sino quién decide a qué velocidad.
La coalición que sostiene la política de IA de la Casa Blanca es la del America First aplicado a la tecnología: ganar la carrera a China, no frenarla. De ahí que se defiendan los centros de datos y se prometa ahora una Fuerza de IA. Ese encuadre explica el escepticismo del Departamento de Justicia: en su lógica, la seguridad nacional se juega en la velocidad. La otra mitad del Partido Republicano, más afín a los reguladores históricos, lo mira con simpatía, y el Partido Demócrata se divide entre moratorias y miedo a frenar a las empresas americanas frente a las chinas.
Para España, el asunto llega por dos puertas. La primera es la del consumo: los usuarios españoles no pueden demandar como clase en California, pero cualquier remedio que fije el tribunal se trasladará al precio europeo vía filiales. La segunda es regulatoria: si Bruselas concluye que hubo un acuerdo para ralentizar el despliegue, tiene margen para abrir expediente propio, como ya ocurrió con Google, multada en 2017, 2018 y 2019.
El calendario marcará los tiempos. Las cuatro compañías responderán a la demanda en las próximas semanas y la certificación de la clase como grupo nacional no llegará antes de 2027. La incógnita de fondo es jurídica, y no es menor: hay que probar que existió un acuerdo, un encuentro de voluntades, y no una simple coincidencia pública de opiniones.
Ficha del Caso
- El caso: Una demanda civil en el Distrito Norte de California sostiene que las cuatro grandes compañías de IA coordinaron ralentizar el desarrollo del sector, a partir de un ensayo de Dario Amodei del 12 de septiembre.
- Datos clave: Sección 1 de la Ley Sherman; demanda presentada el 18 de septiembre; cuatro demandantes y una clase nacional de suscriptores de pago; respuesta de las compañías en semanas; certificación de la clase no antes de 2027.
- Para España: Sin class action equivalente, la vía española pasa por la CNMC y el Reglamento Europeo de IA; los suscriptores notarían el efecto en precio y en velocidad de actualización de los modelos.
