La Dirección General de Medio Natural tumbó el macroproyecto Alcoi Sud un día después de que Pérez Llorca lo elogiara en público.
Un informe firmado a las 14.07 y un president que aún celebraba el proyecto
El dictamen, firmado el 30 de junio a las 14.07, concluye que la implantación de infraestructuras y edificaciones industriales resulta «totalmente incompatible» con las funciones ambientales que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) asigna a esos terrenos, dentro del parque natural de la Font Roja. El impacto sería, añade el documento, «severo e irreversible».
La secuencia no admite demasiadas lecturas. El 29 de junio, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visitó Alcoi y puso en valor el proyecto en la nota de prensa que su gabinete envió ese mismo día: «Pérez Llorca ha aludido a proyectos como Alcoi Sud que plantea el desarrollo de un nuevo parque empresarial en la zona de La Canal». Veinticuatro horas después, el informe estaba firmado.
El pronunciamiento afecta al sector A de Alcoi Sud, situado al norte de la autovía y dentro del área de amortiguación de impactos del parque natural. No es una porción secundaria: abarca cerca de dos terceras partes del millón de metros cuadrados de la actuación. Sin esos terrenos, la viabilidad del conjunto se desmorona.
Dos meses de silencio y 200.000 euros para tramitar el proyecto
El colectivo ecologista La Carrasca reclamó el informe de forma reiterada, denunció que la Conselleria lo estaba ocultando y acabó presentando una queja ante el Síndic de Greuges (el defensor del pueblo de la Comunitat Valenciana). La respuesta que recibió era que el documento permanecía desde el 15 de julio pendiente de la autorización del director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra. El trabajo técnico estaba terminado. Faltaba un clic.
Tres semanas después de la firma, las cuentas autonómicas reservaron 200.000 euros para tramitar el proyecto. El dictamen no afloró hasta mediados de septiembre, cuando la asociación accedió por fin al documento. Las cifras no cierran.
La Generalitat mantuvo durante semanas dos discursos incompatibles: el que sus técnicos firmaron por escrito y el que su president defendió en público.
El nombre de Ivorra añade una derivada política al episodio. En mayo de 2025 apartó al jefe de servicio Rafael Soriano después de que este se negara a prorrogar la vigencia de una memoria ambiental caducada y a aplicar una instrucción dictada por el propio director general. Un juzgado anuló después el cese por considerarlo arbitrario. El antecedente figura entre los asuntos que sectores del PP valenciano han utilizado en un dosier interno para cuestionar la candidatura de Pérez Llorca en 2027.
La concentración de competencias energéticas, urbanísticas y ambientales en la conselleria que dirige Martínez Mus ha generado recelos internos. Tres altos cargos han salido por irregularidades en las fotovoltaicas, y Alcoi Sud ilustra el poder que un núcleo reducido de cargos acumula para tramitar expedientes con intereses económicos millonarios.
Treinta y cinco años, tres intentos y una misma conclusión. Para La Carrasca, el desenlace confirma lo que sostiene desde hace tres décadas: La Canal no es solo suelo junto a la autovía, sino un territorio vinculado a la Font Roja y a la recarga del acuífero del Molinar. Los cambios de nombre y las sucesivas formulaciones del proyecto nunca eliminaron las limitaciones ambientales,, jurídicas y económicas. La Cámara de Comercio de Alcoi se apresuró a decir que «el proyecto sigue vivo». El informe, en cambio, es preceptivo y vinculante.
El Escenario Valenciano
El episodio coloca al Consell de Pérez Llorca —el gobierno autonómico valenciano— ante una pregunta sencilla y difícil de responder: por qué la Generalitat reservó 200.000 euros para tramitar un proyecto que sus propios técnicos habían tumbado. El desmentido es incómodo porque llegó de dentro.
La oposición tiene ahora material para el debate parlamentario. PSPV y Compromís pueden exigir explicaciones en las Corts Valencianes (el parlamento unicameral de la Comunitat, con 99 escaños) en el nuevo curso político, y el asunto llega con fechas, horas y documentos oficiales.
La lectura nacional es doble. La evaluación ambiental estratégica que la Generalitat ha dilatado durante semanas es una fase reglada por la normativa estatal, con obligación de someter los informes a información pública antes de resolver. Y el dosier interno que sectores del PP valenciano manejan contra Pérez Llorca convierte el desgaste en un asunto de familia, con la dirección nacional del partido siguiendo de cerca un calendario autonómico que en 2027 renovará buena parte de su poder territorial.
El procedimiento debe seguir su curso y el informe es preceptivo y vinculante. Al Consell le quedan dos salidas: mantener el proyecto contra un dictamen técnico contundente o replegarlo y asumir el coste político de haberlo vendido como motor industrial de la comarca. La Cámara de Comercio insiste en que sigue vivo. El calendario electoral marca el ritmo de todo lo demás.
Ficha del Caso
- El caso: La Dirección General de Medio Natural firmó el 30 de junio un informe que declara incompatible el macroproyecto industrial de Alcoi Sud con el parque natural de la Font Roja. El dictamen no se conoció hasta septiembre.
- Datos importantes: Informe firmado el 30 de junio; visita de Pérez Llorca a Alcoi el 29 de junio; 200.000 euros reservados en las cuentas autonómicas para la tramitación; sector A, dos terceras partes del millón de metros cuadrados; queja ante el Síndic de Greuges.
- Resumen: El informe es preceptivo y vinculante, deja el proyecto sin viabilidad técnica y expone a la Generalitat por haber mantenido dos discursos opuestos durante semanas. La Cámara de Comercio de Alcoi sostiene que sigue vivo.
