EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Alemania baja 17 céntimos por litro el impuesto a la gasolina y el diésel, dentro de un paquete de 2.500 millones, y su ministro de Finanzas reclama a Bruselas una tasa a las petroleras.
- ¿Quién está detrás? La coalición de Friedrich Merz (CDU/CSU y SPD), con el socialdemócrata Lars Klingbeil al frente de la petición europea y la ministra de Economía, Katherina Reiche, frenándola desde dentro.
- ¿Qué impacto tiene? Alemania es el mayor mercado de carburantes de la UE: su rebaja empuja los precios de referencia y reabre el debate sobre gravar a las energéticas, un camino que España recorrió en solitario en 2022.
El impuesto a los carburantes en Alemania cae 17 céntimos por litro y Berlín reclama a Bruselas una tasa a las petroleras. La rebaja, dentro de un paquete de 2.500 millones de euros, se aplicará el mes que viene.
La coalición de Friedrich Merz cerró el acuerdo el viernes tras una negociación entre el Gobierno federal y los Länder, que gestionan buena parte de la fiscalidad sobre los carburantes. El canciller defendió la medida con un argumento de urgencia social. ‘Quien depende de su coche todos los días está llegando a sus límites financieros’, señaló Merz. ‘El paquete de 2.500 millones no es una suma menor en tiempos de presupuestos ajustados’.
Detrás del gesto alemán hay una guerra que no se libra en Europa. Los precios en el surtidor llevan semanas subiendo por el conflicto con Irán y por la escalada entre los hutíes, respaldados por Teherán, y Arabia Saudí. Hace dos semanas, el barril de referencia tocó los 100 dólares por primera vez desde julio y el movimiento llegó en cadena a las gasolineras del continente.
Diecisiete céntimos por litro y una factura de 2.500 millones que Berlín no quiere pagar sola
La rebaja se suma a un segundo instrumento que prepara el Ejecutivo federal: un tope temporal al precio de la gasolina y el diésel, calcado de los modelos que ya funcionan en Luxemburgo y Bélgica. El mecanismo tendría en cuenta la evolución del mercado del crudo, los costes de transporte y distribución, y el margen de los minoristas. Berlín quiere tenerlo listo antes del 1 de enero de 2027.
El problema es quién paga. La rebaja de 17 céntimos se come 2.500 millones de euros de recaudación en un ejercicio en el que las cuentas alemanas ya venían tensionadas por el frenazo industrial y por el gasto en Defensa. Berlín no ha detallado las compensaciones, y esa ambigüedad explica el segundo movimiento alemán: buscar en Bruselas el dinero que no quiere poner en casa.
Berlín recorta el impuesto que financia las arcas públicas y busca en Bruselas la caja que no quiere abrir en casa.
Ese segundo frente tiene nombre: la tasa sobre los beneficios caídos del cielo de las petroleras. El ministro de Finanzas alemán, el socialdemócrata Lars Klingbeil, ha pedido formalmente a la Comisión Europea que presente una propuesta antes de finales de octubre. Lo hizo justo antes del encuentro informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE celebrado este fin de semana en Dublín, donde el asunto ha estado en lo más alto de la agenda.
‘Varios Estados miembros llevan mucho tiempo pidiendo modelos de este tipo’, dijo Klingbeil. La gente ve cómo las petroleras explotan la situación, cobran de más y disparan sus beneficios. El mensaje tiene destinatario claro en las grandes compañías, pero también un problema de fondo: la fiscalidad europea exige unanimidad en el Consejo, y ahí cualquier capital puede tumbar el proyecto.
La trinchera abierta dentro del Gobierno alemán entre Klingbeil y Reiche
La paradoja es que la propia coalición alemana está dividida. Frente al impulso de Klingbeil, la ministra de Economía y Energía, la democristiana Katherina Reiche, ha enfriado la idea. Una tasa así solo tendría sentido, dijo a Handelsblatt, en caso de subidas de precios abusivas. Su argumento es industrial: ‘Que once refinerías operen en Alemania nos hace menos dependientes del exterior; eso no se puede poner en riesgo’.
España es el espejo más útil para entender el envite. Moncloa lleva desde 2022 en la trinchera opuesta a la de Reiche: aprobó un gravamen sobre las grandes energéticas —un 1,2% sobre la cifra de negocios— y ha defendido en casi todos los ECOFIN una aproximación europea al mismo concepto. Para el Gobierno español, que aplica el tributo en casa mientras lo predica en Bruselas, que la Comisión bendiga el modelo sería munición política de primer orden.
El Eje del Poder Europeo
La petición alemana reabre un pulso que la UE ya libró en 2022 y que quedó en tablas. Entonces, en plena crisis energética, Bruselas aprobó una contribución de solidaridad temporal sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles, integrada en el Reglamento (UE) 2022/1854. Fue el máximo consenso posible: un gravamen limitado en el tiempo, diseñado como parche y nunca como impuesto permanente. Cuatro años después, el debate vuelve sin que el marco jurídico haya cambiado.
Y ahí está el problema para Berlín. Los impuestos son materia reservada a la unanimidad en el Consejo, así que una tasa comunitaria sobre las petroleras necesita el visto bueno de los Veintisiete. Países Bajos, con el peso de Shell, y buena parte del arco nórdico miran el asunto con recelo. Italia, con Eni como bandera, se mueve en el filo: predica el impuesto en Bruselas y lo modula en casa. La geometría es la de siempre: el sur aprieta, el norte frena y el eje franco-alemán llega dividido a la mesa.
Para España el cálculo es doble. Un marco comunitario homogéneo blindaría el tributo propio frente a los recursos judiciales, pero una tasa europea mal diseñada diluiría la ventaja que Moncloa cree tener. La próxima cita es octubre: la Comisión decidirá antes de fin de mes si mueve ficha con una propuesta formal o si, como en 2022, opta por una fórmula descafeinada que contente a Berlín. Si se niega, Merz habrá rebajado los impuestos en casa sin encontrar fuera el dinero para compensarlo.
