Los encuentros de trabajo del president Salvador Illa con los miembros del Govern fuera del Palau, recuperados por el socialista al inicio de la legislatura, han costado ya más de 210.000 euros a las arcas catalanas. La cifra, que ha trascendido a través de una respuesta parlamentaria a preguntas del PP, ha desatado un nuevo frente de críticas contra el ejecutivo autonómico.
Cuatro retiros y un coste al alza
El primer retiro tuvo lugar el 30 y 31 de agosto de 2024, apenas dos semanas después de la investidura de Illa. El gabinete se desplazó hasta el monasterio de Santa Maria de Poblet para un cónclave que costó 17.425 euros, incluyendo alojamiento, organización y y transporte de 30 miembros del Ejecutivo, asesores y funcionarios. El contexto era complejo: la fuga de Puigdemont y la crisis con los Mossos aún coleaban, y el Govern buscaba fijar sus prioridades.
Ocho meses después, en abril de 2025, el santuario de la Vall de Núria acogió la segunda jornada. El coste ascendió a 39.159 euros, de los cuales 30.000 correspondieron a logística y eventos. Sobre la mesa, el balance de los seis primeros meses de gobierno y la coordinación de la acción política.
La tercera reunión se organizó en Arnes (Tarragona) a finales de agosto de 2025, coincidiendo con el final de las vacaciones estivales. La factura subió a 54.192 euros, con alojamiento, manutención y eventos. El Govern eligió ese enclave, cercano a la zona afectada por uno de los grandes incendios de ese año, para acercar el ejecutivo al territorio.
El último y más costoso encuentro fue en abril de 2026, en el complejo Món Sant Benet. Aquí el desembolso alcanzó 100.980 euros, de los que más de la mitad se destinaron a alquiler de salas, montaje y y asistencia técnicas. Solo el alojamiento y las manutenciones sumaron 27.808 euros.
La escalada de los costes no se corresponde con un aumento proporcional de la transparencia: el Govern ha justificado cada retiro como una necesidad estratégica, pero el detalle del gasto revela un capítulo progresivo.
La justificación del Govern y la ofensiva del PP
El president Illa defiende estos encuentros como espacios de reflexión y coordinación estratégica que ‘completan el trabajo ordinario del Consejo Ejecutivo’. Pero la oposición, principalmente el PP, no ha tardado en cargar contra lo que considera un derroche. La diputada Lorena Roldán denunció que ‘cada euro malgastado en sus caprichos es un euro que falta para sanidad, educación o seguridad’.
Roldán fue más allá al calificar de ‘tomadura de pelo’ la justificación del Govern, y recordó que estas reuniones no son una necesidad institucional. El debate, que ha llegado al Parlament, alimenta la pugna política en un momento en que las cuentas de la Generalitat están bajo el escrutinio de Bruselas y la ciudadanía.
¿Gasto excesivo o práctica habitual? Contexto y precedentes
Este tipo de retiros no son inéditos en Cataluña. Durante la etapa del Govern de coalición de ERC y Junts, también se realizaron sesiones fuera del Palau, aunque con menor repercusión mediática y con un coste medio por reunión que, según datos conocidos, no superaba los 15.000 euros. Lo que diferencia el actual modelo es la frecuencia y, sobre todo, la tendencia al alza de los importes. De 17.000 euros a 100.000 en apenas dos años es una progresión que ningún ejecutivo ha explicado con claridad. La Generalitat ha evitado publicar los contratos de manera proactiva, limitándose a contestar preguntas parlamentarias.
Fuentes del Govern consultadas por Moncloa.com restan importancia al asunto y señalan que el gasto es ‘perfectamente asumible’ para un presupuesto autonómico de más de 40.000 millones de euros al año. Sin embargo, la percepción pública puede ser otra: los catalanes ven cómo suben los los precios de la vivienda, se recortan servicios y, al mismo tiempo, el Govern se gasta más de 100.000 euros en un fin de semana de trabajo.
El debate no es baladí. En una legislatura que se juega su credibilidad en la gestión económica y la contención del déficit, cualquier gasto discrecional se convierte en arma arrojadiza. El PP ya ha anunciado que llevará el asunto a la Sindicatura de Comptes. Próximamente, el Parlament deberá votar los presupuestos de 2027; estas cifras serán, sin duda, parte de la negociación.
