La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha acordado emitir una declaración conjunta en la que ha advertido al Gobierno por su acuerdo con Bildu que la asociación municipalista es la «única interlocutora» en cuestiones que afectan al ámbito fiscal o financiero de las Entidades Locales.
Así se ha pronunciado públicamente la FEMP sobre el acuerdo al que llegaron PSOE, Unidas Podemos y EH-Bildu en el que, aparte de la derogación de la reforma laboral de 2012, se incluye que «las entidades locales, forales y autonómicas dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis del Covid-19».
«Para las entidades locales, estos gastos en políticas sociales serán exceptuados del cómputo de la regla de gasto. La capacidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra se establecerán exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras», amplía el segundo punto del documento.
A este efecto, desde la FEMP demandan en su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, que cualquier decisión que plantee el Ejecutivo central en el ámbito fiscal o financiero debe ser «extensiva a todas las entidades locales españolas» e insisten que tiene que ser «debatida con la FEMP que es el único interlocutor».
El acuerdo al que llegó el PSOE con Bildu fue criticado por el propio presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero: «Con Bildu, ni siquiera buenos días. Por su parte, desde el PP denunciaron la «deslealtad sin precedentes» de Pedro Sánchez ante este acuerdo del que avisaban que «primaba financieramente sólo» a los ayuntamientos de Navarra y País Vasco.
Asimismo, en la declaración de la Junta de Gobierno de la FEMP aparece un segundo punto en el que señalan que todo el gasto excepcional en el ámbito social «no repercutirá en el techo de gasto ni en la estabilidad presupuestaria y será de aplicación para todas las entidades locales».
Por último, instan al Ejecutivo a que actúe con la «máxima celeridad posible» ante la gravedad situación económica y social provocada en el país con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus.
