Al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, no le están saliendo los planes como esperaba. El titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, el cual instruye el caso Villarejo, ha retirado a Iglesias la condición de víctima del expolicía nacional José Manuel Villarejo. Lo ha hecho por las numerosas «contradicciones» que se ha encontrado en el caso durante la investigación. Y entre esas irregularidades el juez le reprocha al vicepresidente haber guardado durante años (entre cinco y 36 meses) un pendrive que portaba fotos íntimas de una asesora.
Podemos ha convertido el caso Villarejo en una causa contra ellos. Lo han vendido desde que saltó a los medios de comunicación como un intento de las cloacas del Estado de deslegitimar a la formación morada atacando directamente a Iglesias. Y en un principio, el hecho de que el juez Manuel García-Castellón le considerara como parte perjudicada en la causa ayudaba al partido en ese ejercicio de márketing político. Pero eso ya es historia, pues el magistrado le ha retirado al líder de Unidas Podemos dicha condición.
El embrollo entre Iglesias y Villarejo comenzó cuando el ahora vicepresidente del Gobierno denunció que el comisario Villarejo y su equipo le robaron en 2015 el teléfono móvil a una de sus asesoras en la Eurocámara, Dina Bousselham; la que ahora dirige el medio afín a Podemos La Última Hora!, con el objetivo de encontrar información que ayudara a deslegitimar al partido.
Estas denuncias sedujeron al juez para que incluyera en la macrocausa como una de las piezas separadas el caso del robo del móvil. Y Podemos lo utilizó con el único objetivo de hacer márketing político. Incluso el vicepresidente y Bousselham se personaron como acusación particular y los miembros de Podemos consiguieron imputar a varios policías nombrados por el PP, a algunos periodistas y al mismo Villarejo.
El giro en plena pandemia lo dio la Fiscalía cuando pidió al juez que se retirara la condición de perjudicado a Iglesias. Y ahora, el vicepresidente guarda silencio. Pero una de las cosas que ha llamado la atención en el auto es que guardó fotos íntimas de su exasesora durante probablemente años, tal y como apunta el juez. Pero para entender eso, hay que remontarse más atrás.
El magistrado no considera probado que Villarejo robara el móvil de la asesora de Iglesias. Y aunque esa información apareciera durante la investigación en una casa registrada y que llegara de forma íntegra a la revista Interviú, no hay ninguna prueba de que el excomisario fuera quien orquestara todo. La revista, sin embargo, no quiso publicar nada porque había contenido sensible, como las «fotos íntimas» de la exasesora.
En febrero de 2016, el máximo responsable del Grupo Zeta, del que depende la revista, Antonio Asensio, se reunió con Pablo Iglesias y le entregó toda la documentación del teléfono móvil. Por lo que el vicepresidente segundo llegó a conocer en ese año todo lo que había dentro del teléfono. Sin embargo, no se lo dio a su colaboradora hasta julio, es decir, hasta cinco meses después. Tiempo en el que se quedó el contenido sin informar a nadie.
Bousselham intentó acceder al USB que le había dado Iglesias, pero este no funcionaba. Estaba estropeado. Y es ahí donde el juez duda sobre Iglesias, ya que considera que durante ese tiempo pudo guardar todo el material sin siquiera dárselo a su colaboradora. Lo pudo guardar «hasta 36 meses», según Manuel García-Castellón. Ya en 2019, sí que se aportó el pendrive en perfecto estado.
