El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha expresado este lunes sus «dudas» acerca de que la forma como el Gobierno central ha decidido regular el Ingreso Mínimo Vital «no sea inconstitucional», y en esa línea no ha descartado que la Junta de Andalucía llegue a plantear un recurso al respecto.
Así lo ha señalado el vicepresidente en su intervención en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, celebrada en Sevilla con el patrocinio de Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Cepsa y Laboratorios Vir, y donde ha sido presentado por la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco.
Al encuentro han asistido, entre otros, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet; el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco; los portavoces parlamentarios del PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, José Antonio Nieto, Sergio Romero y Alejandro Hernández, respectivamente, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Estas declaraciones se han producido, además, mientras el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, defendía este lunes en una entrevista radiofónica el acuerdo alcanzado con Navarra y País Vasco para la gestión de la renta mínima vital, y haya cuestionado la eficacia de algunas comunidades autónomas en poder hacerlo.
El vicepresidente andaluz ha defendido que en la Junta entienden que «hay que gestionar desde otras situaciones, otras perspectivas estos recursos», y «no sabemos hasta qué punto entra en competencia desleal con las comunidades autónomas la decisión del Gobierno de España», que, salvo en el caso de País Vasco y Navarra, prevé inicialmente gestionar directamente este recurso a través de la Seguridad Social.
Marín ha replicado además a Escrivá que hay comunidades autónomas como Andalucía que han demostrado ser «capaz de gestionar recursos del Estado con lealtad y hacerlo bien». «No creo que Navarra o País Vasco sean más inteligentes», ha apostillado el vicepresidente de la Junta, que ha insistido en reclamar por parte del Ejecutivo central «el mismo trato» para Andalucía.
En todo caso, ha reiterado que habrá que ver primero «si realmente esa decisión del Gobierno no roza las competencias de las comunidades autónomas», y a la pregunta de si se ha pedido algún informe por parte de la Junta para abundar al respecto, Marín ha comentado que «se está trabajando desde ayer (este domingo), que es cuando hemos conocido la noticia oficialmente».
«Si tenemos que recurrirla (la decisión del Gobierno), lo haremos, igual que hemos hecho con los 537 millones» de la liquidación del IVA de 2017, que la Junta reclama al Gobierno, y «con la que hemos tenido que irnos al Constitucional», según ha remachado Marín.
