El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, cree que ni el 10% del millón de denuncias interpuestas en el Estado español desde que se decretó el estado de alarma acabarán finalmente en multas.
En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ibarra ha indicado que había varias opciones para afrontar esta pandemia, una a través del estado de alarma, otra mediante la legislación sanitaria y la tercera con la legislación de protección civil.
Ibarra ha indicado que se está ya «en la combinación» de ir transitando «de las medidas más estrictas del estado de alarma que son de imposición a las medidas de persuasión que son más propias de protección civil» y manteniendo «una definición clara de las medidas de prevención sanitaria».
El presidente del TSJPV cree que el estado de alarma ha sido «eficaz» porque simplemente «hay que ver los resultados». «¿Que se podía haber hecho de otra manera, es decir que se podía haber cogobernado desde el principio, sí, desde luego, pero no seré yo quien haga esa valoración», ha señalado.
No obstante, se ha mostrado seguro de que la legislación sanitaria no tiene «la intensidad en la capacidad de imposición de medidas» en relación a las restricciones al derecho de deambulación y a la movilidad interterritorial como las puede tener el estado de alarma.
Por otra parte, ha indicado que no se ha multado «mucho» a la ciudadanía por saltarse el confinamiento, sino que, al contrario, ha sido «muy poco». Sin embargo, ha manifestado que se han puesto «muchas denuncias que es otra cosa».
«El número de denuncias por la Ley de Seguridad Ciudadana que supera el millón durante el estado de alarma es un claro indicativo de una desproporción, pero no son un millón de sanciones, son un millón de veces en las que una persona, que es agente de la autoridad, ha consignado en una denuncia los datos personales y la conducta de una persona para que, en su caso, se resuelva si esa persona ha cometido o no una infracción administrativa», ha agregado.
A su juicio, el «sesgo» que se introdujo desde el principio, por el que cualquier infracción de las medidas de confinamiento constituye un «hecho sancionable administrativamente», ha dado lugar a un debate jurídico, que no cree que sería «bueno que se trasladara a los tribunales.
En su opinión, eso «no es exactamente así» y cualquier infracción de una norma de la Ley de Seguridad Ciudadana «no da lugar a una conducta sancionable». Según ha apuntado, cuando se trata de medidas referidas a la movilidad requiere «de la desobediencia o de la contumacia».
«Es decir requiere que se produzca respecto de esa conducta una desobediencia a los agentes de la autoridad o que se reproduzca tantas veces que entonces ya se convierte en una infracción pero no es automático y sin embargo, en ese sentido, creo que ha habido una cierta exageración, quizá para conseguir un efecto que no era capaz de transmitirse a través de la persuasión», ha agregado.
A su juicio, de esta manera, se trataba de «trasladar a la población la conciencia de que se estaba en una situación grave». Preguntado por cuántas de ese más de millón de denuncias acabarán en multas, Ibarra cree que no llegarán ni a un 10%.
Ibarra ha indicado que ha tenido conocimiento de muchas de las denuncias y lo que describen son «meras infracciones» pero «no conductas necesariamente sancionables». También ha recordado que, si hay dudas, «siempre va a ser a favor de la no imposición de sanción».
El presidente del TSJPV se ha mostrado convencido de que al Departamento de Seguridad «le ha llegado este mensaje», aunque no ha realizado ninguna petición a la consejería.
JUZGADOS
Sobre el proceso de desescalada en los juzgados vascos, ha indicado que el 4 de junio «formalmente estarán al 100 por cien» pero hasta el 9 de junio «no se acomoda realmente la plantilla». Según ha precisado, el día anterior habrá una instrucción de la directora de la Administración de Justicia en la que se precisará que funcionarios de la Administración de Justicia realizarán su trabajo en turno de mañana o en turno de tarde.
Ibarra ha indicado que los señalamientos de juicios suspendidos serán a partir del día 8 y ha precisado que no tienen «demasiado problema» en relación al mantenimiento de distancias porque en Bilbao, por ejemplo, tienen 27 salas de justicia y además otros tantos espacios multiusos.
Por otro lado, ha señalado que «lo mejor» de esta pandemia es que les «ha puesto en dirección a solventar algunos de los grandes problemas» que tienen y conocen las soluciones «en cuanto a infraestructura informática».
Ha añadido que uno de los temas que tienen «ya bien resuelto» para el 9 de junio es que todas las salas de vista están conectadas entre sí y las salas multiuso. «Puede estar un testigo declarando en una sala multiuso, en que desde luego no puede haber más de más de 3 personas, y otro testigo puede estar en otra sala multiusos y desde luego el juez o el tribunal necesariamente tiene que estar en sede judicial», ha precisado.
Además, ha señalado que hay tres proyectos en relación a la informática para los que la pandemia ha sido «estupendo», como el plan de teletrabajo en el que se iba «retradísimo» y ahora ya se han adquirido 600 ordenadores ultraligeros con una inversión de prácticamente medio millón de euros.
Ibarra ha precisado que también se ha «acelerado» todo lo que tiene que ver con los juicios telemáticos, aunque todavía «falta muchísimo», pero se han «pasado las pruebas iniciales» y a lo largo de junio y julio se van a cambiar las pantallas de videograbación y se contará con un sistema para tomar declaración fuera de la sede judicial o que permitirá conectar «con el despacho de una parte». «Se ha acelerado y estamos seguros que para la primera quincena de septiembre va a estar en marcha», ha añadido.
Asimismo, ha indicado que hay un reto que es el expediente judicial electrónico y cuya «ausencia ha sido tremenda estos meses». El objetivo es lograrlo cuanto antes «en un periodo que no puede ser superior a un año». «Gracias a la pandemia, la informática judicial va a dar un salto adelante», ha agregado.
RELEVO PRESIDENCIA
Por otra parte, Ibarra se ha referido a su relevo en la presidencia del TSJPV, cargo que dejará el próximo 21 de junio y ha señalado que todavía están «los plazos suspendidos» para el proceso de sustitución y que será el 4 de junio cuando se levante la suspensión.
Según ha explicado, se han aprobado la bases de la convocatoria y, en los 20 días siguientes a la aparición de la convocatoria en el Boletín oficial del Estado, se conocerán los aspirantes. No obstante, ha adelantado que, «por suerte», va a haber «no una, sino varias candidaturas», aunque no ha querido «dar nombres».
Ibarra, que ha recordado su trayectoria profesional, ha señalado que tiene claro que ni un sólo de los días de los 32 años que ha estado en la judicatura ha pensado que «se había equivocado» al acceder a la judicatura. «Lo que no quiere decir que siempre me haya ido bien o que siempre hayan sido días felices», ha agregado.
No obstante, ha querido poner en valor «la lucha por el derecho», «Luchar por el derecho es luchar por una forma de razonamiento para resolver conflictos», ha agregado Ibarra que ha recordado la etapa de terrorismo.
En este sentido, tras ser cuestionado por si hubo una ETA buena y una ETA mala, Ibarra ha indicado que durante algún tiempo «lo pensó, había una ETA antifranquista», pero «no es verdad». «Pero tenemos los datos para saber que el mal estaba desde el inicio, estaba en la cosificación de las personas, en pensar que eran elementos para conseguir un fin. Fuimos desconsiderados con las personas, lo envolvimos en esa noción del pueblo», ha señalado.
