La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido este martes el cese o la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber «perdido toda la legitimidad para cualquier cargo ejecutivo» después de conocerse que el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, fue cesado por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento».
Esta exigencia de la segunda asociación judicial más representativa llega después de que El Confidencial haya publicado este martes el documento oficial en el que la propia directora general de la Guardia Civil, María Gámez, explicaba las razones del cese. Y además llega en medio de la investigación judicial sobre la manifestación del 8-M y el presunto delito de prevaricación que podría haber cometido el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, al autorizarla.
En su comunicado, la AJFV considera «inaceptable» que un Estado democrático permita a un ministro de Interior «tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción». Entienden que se trata de una sanción contra Pérez de los Cobos, a pesar de que el ministro del interior hubiera hablado en un primer momento de «pérdida de confianza» para justificar el cese.
En este sentido, añaden que el cese es todavía más reprochable en el caso de Marlaska «por su condición de magistrado», algo que le hace ser «perfecto conocedor de que la Policía Judicial depende funcional y directamente de jueces y fiscales», tal y como recoge la normativa que regula su funcionamiento.
«Es inadmisible que un magistrado se conduzca de esta manera, porque responde a un conocimiento de la irregularidad y a una voluntad clara de actuar así», apuntan desde la AJFV, indicando que nadie mejor que Grande-Marlaska era conocedor «de la gravedad de lo que estaba exigiendo su ministerio al coronel Pérez de los Cobos».
Además, denuncian que el cese supone una «flagrante vulneración del principio de separación de poderes» y es reflejo de un «intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestar». «Lo grave no es qué investiga la Justicia, sino que un Gobierno pueda influir en esa investigación judicial», concluyen.
La semana pasada la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) exigió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que explicara «los motivos de la afirmada pérdida de confianza» sobre el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, y le conminaba a restituir al coronel en su puesto «hasta que finalice la instrucción» que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción de Madrid número 51.
