El Pleno del Congreso debate este miércoles la convalidación del decreto que regula el nuevo Ingreso Mínimo Vital y, de forma inusual, a la tribuna del hemiciclo no sólo subirá un representante del Gobierno, sino dos: según planea el Ejecutivo, el vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, defenderán la norma al alimón ante sus señorías.
Desde que el Gobierno de coalición anunciara su intención de poner en marcha esta medida, siempre se ha tratado como una iniciativa impulsada por la vicepresidencia segunda y el departamento que dirige Escrivá. Sin embargo, no es habitual que dos miembros del Ejecutivo presenten en el Congreso un mismo texto, ni siquiera cuando un decreto recoge competencias de diferentes ministerios, como de hecho ocurrirá en la misma sesión plenaria con un decreto ley ‘omnibús’ que sólo defenderá el titular de Agricultura, Luis Planas.
Ha sido Iglesias quien ha confirmado, durante la rueda tras el Consejo de Ministros, que serán él y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quienes presenten el Ingreso Mínimo Vital ante los diputados de la Cámara baja.
Esta medida fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 29 de mayo y, por tanto, ya está en vigor. Sin embargo, conforme a la Constitución, debe someterse a debate y votación en el Pleno del Congreso en el plazo de un mes para su convalidación o, en caso contrario, su derogación. También se decidirá si la norma se tramita como proyecto de ley, lo que abriría la posibilidad de que los grupos parlamentarios puedan modificar su redacción.
Tal y como explicó en su día el Gobierno, esta prestación se podrá solicitar desde el próximo 15 de junio y para su distribución se han determinado 14 tipologías de hogares, en función del número de miembros y de si son monoparentales. Así, se establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. El nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar y un beneficio para los hogares monoparentales.
El Ejecutivo ha señalado que esta medida está diseñada de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. Al final, se garantiza una renta media de 10.070 euros anuales.
POLÉMICA POR EL CONTENIDO Y LA GESTIÓN
Las comunidades autónomas ya cuentan con unas ayudas similares en sus territorios, de ahí que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, haya aclarado en varias ocasiones que esta nueva prestación será «complementaria» a las que los usuarios puedan recibir de sus Gobiernos regionales.
El único partido que se ha mostrado en contra de esta medida es Vox. La formación que preside Santiago Abascal ha denunciado que el Gobierno quiere provocar una «pobreza crónica» en el país para, después presentarse como «salvador» del pueblo y le reclaman medidas que impulser en empleo y ayuden a los trabajadores y autónomos tras la crisis del Covid. Además, denuncia que esta prestación está generando un «efecto llamada a gritos» de los inmigrantes que, a su juicio, vendrán a España a cobrar el Ingreso Mínimo.
Vox también ha criticado el acuerdo firmado por el Ejecutivo con PNV en esta materia., por el que el partido nacionalista gestionará la prestación en País Vasco y Navarra. A esta denuncia se ha unido también el PP, así como otros partidos de ámbito territorial que también reclaman la gestión de esta prestación.
