Compromís ha presentado en Les Corts una proposición no de ley en la que pide al Consell que inste a su vez al Gobierno central a establecer un mecanismo de colaboración con la Generalitat para la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en conjunción con la Renta Valenciana de Inclusión con la transferencia de los fondos, una unificación de itinerarios y de prestaciones y evitar así el «colapso» de los servicios sociales.
En un comunicado, el diputado Carles Esteve ha afirmado que el IMV «funciona en la Comunitat Valenciana desde hace dos años en forma de Renta Valenciana de Inclusión» y tiene además asociados «unos itinerarios que acompañan a la persona a desarrollar su propio proyecto, buscar trabajo y fórmulas de inclusión en la sociedad, que es un aspecto que el IVM no está ofreciendo por una cuestión de competencias».
Ha incidido también en que los servicios sociales de los ayuntamientos están previendo que van a tener «una avalancha de personas pidiendo la gestión del IVM, que a día de hoy no sabemos con certeza cómo va a ser, siendo que no tienen competencias». «Esto significa que se saturará un servicio que, hoy por hoy, ya tiene suficiente trabajo con la carga de la Covid-19 y la gestión de los propios programas municipales y autonómicos de cariz social con una gestión que no les corresponde», ha añadido.
Por ello, lo que plantean desde Compromís es «tan sencillo como que se habiliten mecanismos de coordinación entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana con los ayuntamientos», ya que el IMV «supone un paso decidido para reforzar la lucha contra la desigualdad» pero «esta apuesta tiene que ir en línea con los programas existentes en las diferentes autonomías, para reforzar las políticas propias que desarrollan, en su marco competencial, los gobiernos autonómicos».
EL EJEMPLO DE LA LEY DE DEPENDENCIA
«Y hay un claro precedente de que esto es posible, respetando las competencias de las administraciones: el marco de actuación en materia de dependencia, con una ley marco que fija los mínimos y los criterios comunes, y un despliegue autonómico, con personal, recursos, servicios y gestión próxima a la ciudadanía», ha subrayado Esteve.
A su juicio, hace falta que el Gobierno central «utilice la experiencia y recorrido de mecanismos que ya están en funcionamiento y que están demostrando su eficacia, como la Renta Valenciana de Inclusión de la Conselleria de Políticas Inclusivas». Lo contrario, ha advertido, «supondría una renuncia del Gobierno de Pedro Sánchez a los aprendizajes previos de las propias administraciones, generando duplicidades innecesarias».
Por eso consideran necesario desde la coalición «articular con urgencia un marco de desarrollo del IMV que aproveche los programas ya en funcionamiento, que respete las competencias en servicios sociales delegadas en las autonomías y que verdaderamente articule una respuesta efectiva a la ciudadanía que necesita de estos recursos, en virtud de la cooperación administrativa que emana de la Constitución Española».
