El Gobierno cifra en algo más de 75 millones de euros el coste con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que supondrá la puesta en marcha de la Ley contra la violencia a la infancia, como consecuencia de las modificaciones que se deberán hacer en Ministerios como Derechos Sociales, Justicia, Universidades o Sanidad. De ese presupuesto, más del 90 por ciento (71,4 millones), irá a reforzar los Servicios Sociales.
Así lo determina en la memoria económica de este texto, y en la que el Ejecutivo desglosa los diferentes aspectos en los que esta ley tendrá impacto, comenzando por la partida destinada al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que es el departamento que más invertirá en esta medida, con un gasto que se prevé de 72.018.748 euros.
En esta cuantía se tiene en cuenta «la necesidad de reforzar la cobertura de los servicios» para la eficacia de la ley. Así, todos los Centros de Atención Primaria, explica el Gobierno, deben contar con equipos especializados en atención a la familia y la infancia, una figura que ya existe pero que, en la actualidad, no cubriría las necesidades que especifica la norma. A este refuerzo de plantilla, hay que añadir el coste de la formación oportuna a los trabajadores.
El Ejecutivo ha calculado este gasto contabilizando los municipios que existen en España y clasificándolos por el número de habitantes empadronados ya que, existe la obligatoriedad en los consistorios de más de 20.000 habitantes de prestar determinados servicios, entre los que se encuentran los sociales de «atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social». En los municipios más pequeños, sin embargo, podrán darse los servicios de forma mancomunada, de tal manera que se agrupe la atención a varios ayuntamientos», explica.
AYUDA JURÍDICA GRATUITA Y SALAS AMIGABLES
Esta actualización de los equipos supone alrededor de 71,4 millones de euros, mientras que el resto de lo presupuestado para este departamento se destinaría a los sistemas de formación e informática necesarios para la puesta en marcha de la medida.
El segundo departamento implicado en la puesta en marcha de la nueva ley es el de Justicia, que incrementará su gasto en 2,9 millones, según las estimaciones del Gobierno, de las cuales 2,1 millones se destinarán a financiar la ayuda jurídica gratuita que recoge la nueva norma, mientras que se calcula que 840.000 euros serán suficientes como para crear en los juzgados salas amigables para los menores denunciantes.
Tal y como señala la memoria económica, la extensión de la asistencia jurídica gratuita a las personas menores de edad, en todos los supuestos en que sean víctimas de violencia -hasta ahora solos se ofrecía a víctimas de abuso o maltrato- conlleva un aumento de gasto al pasar de los actuales 5.500 expedientes, con un coste medio, para cada uno de ellos de 300 euros, hasta las 7.000 solicitudes que se estiman con la nueva redacción.
También supondrá un incremento del gasto el acondicionamiento de salas amigables en los juzgados o tribunales, que permitan la atención a los menores en un ambiente no hostil que garantice las mejores condiciones para la realización de la prueba. En este sentido el Gobierno indica que sería suficiente el acondicionamiento de uno de estos espacios por provincia, como ya ocurre en Murcia, que cuenta con uno. Según explica, otras provincias también cuentan con este servicio, aunque sería «mejorable».
El Ejecutivo recoge también en esta memoria económica el gasto de 60.000 euros con gasto a la partida del Ministerio de Sanidad, para gastos corrientes y la actualización del servicio de historia clínica interoperable, mientras que los gastos corrientes también supondrían para el Ministerio de Universidades unos 50.000 euros.
En cambio, la creación de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia recogida en la Ley contra la Violencia en la infancia «no supone coste alguno», aclara el Ejecutivo.
