El PNV llevará de nuevo al Pleno del Congreso este martes su propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales para acelerar la desclasificación de documentos, una ley que lleva planteando desde 2016. La Cámara ha aceptado tramitarla en dos ocasiones, pero los grupos mayoritarios van ampliando los plazos y al final nunca ha llegado a ver la luz.
La proposición de ley de los nacionalistas vascos busca establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 35 años y reservados en 10 años, lo que permitiría sacar a la luz papeles aún ocultos de la Transición, de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 o de la actuación de los GAL.
El Pleno del Congreso dio vía libre a su tramitación en abril de 2016, pero la iniciativa decayó al convocarse las elecciones de junio de aquel año. El PNV volvió a la carga en la legislatura siguiente, la norma inició de nuevo su andadura en noviembre de aquel año, pero el plazo para la presentación de enmiendas a la misma se fue prorrogando hasta marzo de 2018.
Sin embargo, eso no sirvió para desbloquearla porque, pese a que los grupos regitraron las enmiendas, quedó de nuevo varada en la Comisión Constitucional, que, pese a las quejas de los de Aitor Esteban, nunca convocó la ponencia para discutirlas.
Tras las elecciones de junio de 2019, el PNV volvió a registrar el texto, pero esta vez no llegó al Pleno y volvió a caducar con la convocatoria de nuevas elecciones en noviembre. Los nacionalistas recuperaron su iniciativa al inicio de esta legislatura y la defenderán de nuevo ante el Pleno el próximo martes.
El pasado martes, Esteban señaló que esta reforma podría servir, por ejemplo, para conocer la verdad sobre temas como la relación de los gobiernos de Felipe González con los GAL y que no haya que enterarse de este tipo de asuntos «por informes de terceros países mientras aquí siguen clasificados y encerrados bajo ocho llaves los documentos referentes a ese periodo u otros anteriores».
Se refería a los documentos desclasificados por la agencia de inteligencia estadounidense (CIA) que señalan la responsabilidad de expresidente socialista en la creación de los GAL y que Bildu ha esgrimido para pedir la comparecencia de González en el Congreso y para anunciar la solicitud de creación de sendas comisiones de investigación al respecto en ambas Cámaras.
En concreto, en su proposición de ley, el PNV reconoce que si bien «la seguridad y la defensa del Estado es un valor constitucionalmente protegido», su «resguardo» no es «absoluto», pues «debe dialogar con otros valores y principios constitucionalmente protegidos».
Ya que tanto el Congreso como el Senado son informados de las materias clasificadas, lo que piden ahora los de Aitor Esteban es «abordar la adaptación de este valor a la sensibilidad social vigente respecto a la transparencia, consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad».
PRÓRROGA EXCEPCIONAL Y MOTIVADA POR OTROS 10 AÑOS
De este modo, quiere que la ley recoja la «obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias clasificadas secretas y los 10 años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el caso sólo de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años».
Además, el texto de reforma que propone el PNV contempla la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para atribuir «en exclusiva» al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. Actualmente pueden clasificar documentos, además del Gobierno, la Junta de Jefes de Estado Mayor, y sólo pueden declarar su cancelación aquellos órganos de la propusieron.
También plantea suprimir la referencia «a la naturaleza, secreta o no», de las sesiones en que el Congreso o el Senado han de recibir información sobre una materia clasificada, al considerar que ésta es una cuestión que sólo compete a los respectivos reglamentos de estas Cámaras.
