La exasesora de Podemos Dina Bousselham también ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que pide que se revoque la decisión del juez Manuel García Castellón de retirar al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias la condición de perjudicado en la pieza 10 del ‘caso Villarejo’, que investiga el robo del teléfono móvil de la excolaboradora en el otoño de 2015 y la publicación meses más tarde de parte de su contenido en medios de comunicación.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Bousselham recuerda a la Sala que Iglesias «no es investigado en el presente proceso y no tiene participación en ningún hecho relacionado con los delitos investigados ni ha sido denunciado por parte alguna en este procedimiento».
El recurso está firmado por la letrada Marta Flor, hasta hace unos días también abogada de Iglesias, quien ya ha cambiado de representación después de que el magistrado advirtiera de «conflicto de intereses» después de retirarle a él la condición de perjudicado en esta pieza separada de la macrocausa.
Según explica Bousselham, «ha concurrido bajo la misma defensa y representación en el presente procedimiento junto con Iglesias por considerarse ambos perjudicados por la revelación y difusión de sus datos personales en los medios de comunicación (conversaciones y fotografías) contenidas en un teléfono móvil sustraído.
Como ya hace el vicepresidente en su propio recurso, la defensa de la exasesora explica al tribunal que el magistrado instructor tomó la decisión de retirar a Iglesias la condición de perjudicado basándose en «hipótesis» sin «base material alguna», y añade que ella nunca ha dicho que el líder de Podemos le devolviera la tarjeta del teléfono «dañada» o «destruida».
PUDO ACCEDER SÓLO PARCIALMENTE
Según explica el escrito, Bousselham fue preguntada por el estado de la tarjeta del móvil cuando la recuperó de manos del líder de Podemos en su última declaración judicial, el pasado 18 de mayo, a lo que «se limitó a decir una y otra vez que no podía acceder a los datos», pero que «nunca dijo que el señor Iglesias se la diera dañada y mucho menos destrozada, destruida o quemada; estas palabras no fueron usadas por ella».
«Mi representada nunca vio un daño físico en la tarjeta cuando le fue entregada por Iglesias, ni ha referido en ningún momento una alusión a que le diera la tarjeta rota, únicamente manifestó que la tarjeta no le funcionaba, y ello tras haber aclarado que inicialmente pudo acceder aunque sólo parcialmente. Repasando los correos a la empresa de recuperación, no hay ni una sola mención al referido daño en la parte trasera de la tarjeta», explica.
«El magistrado insinúa que porque el señor Iglesias conocía el contenido es la razón por la que le devolvió la tarjeta en el estado en el que está y lo cierto es que el señor Iglesias fue quien entregó la tarjeta a su legítima titular, en buen estado y funcionando», insiste.
También recuerda la exasesora de Podemos que no fue hasta enero de 2020, «diez meses después de estar depositada en el juzgado la tarjeta, cuando por primera vez se refleja en una diligencia que ésta tiene un daño físico externo» y que «a la vista de lo reflejado en las actuaciones son muchas y diversas las explicaciones que el instructor podría haber considerado sobre el momento o el responsable de que se produjera un daño físico en la tarjeta antes de ni siquiera considerar que el responsable es la misma persona que voluntariamente entregó esa tarjeta», esto es, Pablo Iglesias.
IGLESIAS QUERÍA «PROTEGER SU INTIMIDAD»
En este sentido, Bousselham quita responsabilidad al vicepresidente acerca del momento en que éste le devolvió la tarjeta, fecha que ella sitúa en el verano de 2016, meses después de recibirla de la revista Interviú y también después de que se publicara parte del contenido del dispositivo en medios de comunicación.
Mi representada considera al señor Iglesias un amigo, más allá de la relación laboral o política que hayan podido mantener estos últimos años, y así lo manifestó en su declaración del 18 de mayo, y entiende, sin haberle pedido explicación alguna al respecto, que Iglesias le guardara la tarjeta durante un tiempo, ya que la había obtenido de forma confidencial, y que una vez fueron publicados los datos le hiciera entrega de la misma», argumenta.
Bousselham incide en este punto asegurando que ella «ha confiado siempre en que el modo de actuar de Iglesias y que, en todo momento, como no podía ser de otro modo», la actuación del vicepresidente «no ha sido otra que proteger su intimidad». Es más, recuerda que «ante las incesantes preguntas» durante su declaración del 18 de mayo por parte de todas las partes personadas acerca de «si le pidió explicaciones» respecto a que mantuviera la tarjeta en su poder durante un tiempo, Bousselham «afirmó que no le dio importancia y que no le ha pedido explicaciones», por lo que «no efectúa reproche alguno respecto a este extremo».
CONTENIDOS ÍNTIMOS
En lo que respecta a por qué la exasesora de Podemos no entregó la tarjeta del móvil a la Policía a pesar de que cuando fue a ampliar la denuncia Iglesias ya se la había devuelto, el recurso subraya que así lo hizo «por decisión propia, por entender que se trataba de algo confidencial y por miedo a ver expuesto el contenido de la tarjeta de forma pública, por motivos de índole personal y familiar, ya que de publicarse lo que contenía podría llegarse a ver expuesta en los medios de comunicación, así como sus fotografías y elementos profesionales del propio partido».
Para la representación letrada de Bousselham, «se trata de una argumentación muy lógica y entendible, ya que como ha podido comprobar el instructor, muchos de los contenidos de la tarjeta son de carácter íntimo» y que el propio juez «refiere como de ‘carácter particularmente degradante y vejatorio'».
En el escrito se reprocha al magistrado que ponga en duda el momento en que Iglesias devolvió la tarjeta a Bousselham, ya que recuerda que ella no ha sabido dar una fecha exacta pero que está segura de que fue en el verano de 2016. «Mi representada afirmó que fue su decisión de no entregar la tarjeta en los juzgados, hasta su declaración el 27 de marzo de 2019, dado el alto contenido íntimo de algunas de las imágenes; no resulta sorprendente que tuviese miedo de que la información de su teléfono móvil acabara filtrada a los medios de comunicación», remarca.
También afea al juez que «presuponga» que no llevó la tarjeta a la empresa especializada para recuperar el contenido antes porque no la tenía en su poder. «Hay que entender la situación tan estresante a la que doña Dina se está viendo sometida, desde que se levantara el secreto de sumario y los medios de comunicación comenzaran a señalarla y la situación tan tensa que vivió ante un interrogatorio tan extenso, en el que se sentía doblemente victimizada, le impedían hacer memoria y realizar concreciones más exactas de los hechos. En cualquier caso, no dijo que el momento de llevar la tarjeta a la empresa de recuperación fuese inmediatamente posterior a la entrega por Iglesias, y sostuvo que no recordaba con exactitud», sostiene.
