La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha pedido explicaciones este martes en el Congreso por el «escándalo sexual» de un directivo de Correos y ha recriminado al Ejecutivo «feminista» de Pedro Sánchez, sobre todo a sus ministras, su «silencio» ante este tipo de conductas «inadmisibles» en altos cargos de una empresa pública.
Así se ha pronunciado después de que Roberto Ducay, hasta ahora director financiero y de Expansión de Correos, haya dimitido este mismo martes de su cargo tras enviar un mensaje de ‘Whatsapp’ de índole sexual en el grupo de la Asociación Española de Directivos (AED) en el que supuestamente se vanagloriaba de haber contratado los servicios de una prostituta a un precio inferior al inicialmente solicitado.
En concreto el exdirectivo de la empresa pública difundió en la madrugada del 11 de junio en el grupo de Whatsapp de la AED una imagen de una mujer duchándose junto al mensaje «Trinque de hoy. Espectacular!!!», según ha adelantado el diario ‘ABC’. Juan Carlos Gallego, presidente del consejo de Madrid de la Asociación Española de Directivos, le expulsó entonces del grupo y de la AED.
«SILENCIO MACHISTA CÓMPLICE»
En declaraciones, Gamarra ha afirmado que se trata de una «conducta inadmisible», en un «escándalo sexual que atenta contra la dignidad de la mujer». A su entender, la difusión de esa imagen sin su consentimiento puede ser constitutivo de un delito contra la intimidad de la mujer.
Además, ha criticado el «silencio machista cómplice del presidente de Correos y del Gobierno de España en este caso», dado que, según ha recordado, Roberto Ducay ya fue expulsado de la AED por el contenido de ese mensaje de Whatsapp. «Correos sabía perfectamente que había sido expulsado», ha enfatizado para denunciar el «silencio de una empresa pública».
Gamarra ha señalado que han tenido conocimiento de este escándalo por la prensa y que Correos debería haber actuado contra este directivo. «¿Qué ha hecho Correos, una empresa pública con un presidente nombrado por el PSOE?», ha preguntado, para añadir que el exdirectivo implicado en este asunto también fue nombrado «a dedo» por los socialistas tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.
BATERÍA DE INICIATIVAS EN EL CONGRESO
Tras asegurar que Correos tiene «responsabilidad» ante lo ocurrido como empresa pública, la vicesecretaria de Política Social del PP ha avanzado que su partido ha solicitado la comparecencia en el Congreso del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, para que informe de este asunto.
Además, ha recordado que, dado que la empresa pública depende del Ministerio de Hacienda, también han solicitado la copia de las comunicaciones entre la AED y el Ejecutivo a través de Correos y si se abrió expediente «en relación con esa conducta del alto directivo que el Gobierno de Sánchez nombró».
«Sánchez puso a su servicio Correos como agencia de colocación del PSOE con su amigo Juan Manuel Serrano al frente y llegan los escándalos sexuales. Es el gobierno menos feminista que ha tenido España», ha asegurado Gamarra, que ha preguntado «dónde están las ministras feministas» y si van a optar por el «silencio».
COINCIDIENDO CON EL DENOMINADO ‘CASO DINA’
En este punto, Gamarra ha recordado que este caso en Correos salta a la opinión pública cuando el foco informativo también está en el denominado ‘caso Dina’, la pieza del sumario sobre el comisario Villarejo que se refiere a la investigación del robo de la tarjeta de móvil a la exasesora de Pablo Iglesias.
La dirigente del PP ha criticado también el «silencio» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los demás ministros ante la conducta del vicepresidente y líder de Podemos, que «atenta contra la dignidad de las mujeres y que puede ser constitutiva de violencia de género».
De hecho, el PP ha registrado una batería de 46 preguntas escritas sobre el ‘caso Dina’, donde pide, entre otras cuestiones, saber qué importancia otorga el Ministerio de Igualdad al ciberacoso y si considera que retener esa tarjeta con fotos íntimas de Dina Bousselham, como ha reconocido el líder de Podemos, puede ser calificado como violencia de género.
